Seguridad nacional

Guerrero pide la detención preventiva en caso extorsión

El fiscal general, Ramiro Guerrero, pidió ayer la detención preventiva de tres exjueces anticorrupción y una funcionaria imputados por extorsionar a una litigante. La defensa de los sindicados informó que hoy a las 09.00 se instalará la audiencia cautelar.

Imputado. El juez suspendido Marcelo B., a su arribo a la Fiscalía, el viernes 20. Foto: José Lavayén

Imputado. El juez suspendido Marcelo B., a su arribo a la Fiscalía, el viernes 20. Foto: José Lavayén

La Razón (Edición Impresa) / Rubén Ariñez / La Paz

00:06 / 22 de noviembre de 2015

El fiscal general, Ramiro Guerrero, pidió ayer la detención preventiva de tres exjueces anticorrupción y una funcionaria imputados por extorsionar a una litigante.

La defensa de los sindicados informó que hoy a las 09.00 se instalará la audiencia cautelar.

“Se está pidiendo la detención preventiva porque hay peligro de obstaculización de la investigación, entre otros riesgos procesales”, informó la autoridad en comunicación con La Razón.

Este medio conoció que los sindicados no presentaron documentación original que respalde su residencia. De hecho, el principal imputado solo entregó la factura de alquiler de su supuesta residencia.

Patricia Q., a través de una cámara escondida, filmó una reunión con el  entonces juez del Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción José Marcelo B., quien le exige $us 3.000 de los $us 15.000 que inicialmente le habían solicitado, para cambiar la tipificación de la acusación que iba a presentar el fiscal contra su hijo, de violación a estupro (delito menor).

En la filmación aparece el juez Jorge Humberto V. S., y en la charla se cita a Ernesto E. A.

Según la nota de prensa de la Fiscalía, José Marcelo B. fue imputado por los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en grado de autoría; Jorge Humberto V. S., por cohecho pasivo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en grado de complicidad; y Ernesto E. A. por los delitos de cohecho pasivo e incumplimiento de deberes en grado de complicidad.

La secretaria del juzgado, la abogada Micaela A., quien en la grabación revisa a la mujer para cerciorarse de que no esté filmando la conversación, fue imputada por incumplimiento de deberes y cohecho pasivo en grado de complicidad, informó la fiscal anticorrupción Rosario Venegas.

El caso fue radicado en el Juzgado 13º de Instrucción y los imputados están aprehendidos.

Según Moisés Ponce de León, abogado de Marcelo B., la audiencia cautelar fue fijada para las 09.00 de hoy. El profesional anticipó que la fase preparatoria será suficiente para demostrar la inocencia de su cliente porque, según dijo, el “video” es un montaje.

La fiscal presentó ayer al Juzgado 13º de Instrucción las resoluciones de imputación. “El Ministerio Público cumplió con su responsabilidad de acuerdo con la normativa legal”, destacó Guerrero.

La defensa asegura que el video fue manipulado

Moisés Ponce de León, abogado del exjuex Marcelo B., principal implicado en el caso de extorsión, aseguró ayer que el video colectado como base de la denuncia del Ministerio Público es falso y es producto de una manipulación tecnológica.

“El video es de dudosa procedencia y su ilegalidad es evidente. Ni siquiera conocemos el medio (sic) del cual se ha obtenido la imagen. Existen técnicas para la edición de video que generan voz, audio e imagen. En cinco meses se puede hacer una edición perfecta”, sostuvo Ponce de León.

El material fue presentado a los medios de comunicación por la viceministra de Lucha contra la Corrupción, Jessica Saravia, y el director nacional de Defensa Pública, David Tezanos.

“Vamos a presentar las pruebas correspondientes en la etapa preparatoria de la investigación”, dijo el abogado. Añadió que “la defensa es amplia” y que por estrategia no la dará a conocer.  

Garantías para quien denunció

Protección

El Gobierno nacional garantizó la integridad de la mujer que filmó con una cámara escondida la extorsión de Marcelo B., quien le pidió $us 15.000 y bajó sus pretensiones a $us 3.000. También anunció que apoyarán jurídicamente en el proceso en contra de los cuatro funcionarios judiciales implicados en el delito.

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