Seguridad nacional

El caso del dirigente cocalero Franclin Gutiérrez llega a la CIDH

La defensa del dirigente Franclín Gutiérrez justificó el pedido en razón "a la gravedad y urgencia en que se encuentra el peticionario tras sufrir una aprehensión ilegal y arbitraria que no ha cesado"

Gutiérrez, a su salida de su última audiencia el 4 de octubre donde un juez decidió que continúe recluido en un penal.

Gutiérrez, a su salida de su última audiencia el 4 de octubre donde un juez decidió que continúe recluido en un penal. Foto: La Razón

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz

17:25 / 09 de octubre de 2018

El caso del dirigente cocalero Franclin Gutiérrez llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La abogada Paola Barriga solicitó medidas cautelares para su cliente por considerar que se vulneró sus derechos en su aprehensión y reclusión carcelaria.

"Con el debido respeto se dirige a usted y mediante su autoridad a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de presentar una solicitud de Medidas Cautelares (...) a favor del Sr. Franclin Gutiérrez López, su núcleo familiar y otros miembros de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) en contra del Estado Plurinacional de Bolivia debido a la gravedad y urgencia en que se encuentra el peticionario tras sufrir una aprehensión ilegal y arbitraria que no ha cesado", dice el memorial presentado.

Parte del artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que las medidas cautelares, "ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano".

En estos casos, la CIDH puede solicitar al Estado adopte medidas cautelares que beneficien al demandante.

A Gutiérrez se le negó en reiteradas oportunidades la solicitud de cesación a la detención debido a la existencia de riesgos procesales y a la oposición de la Fiscalía, como de las partes en este proceso, entre ellos el Ministerio de Gobierno.

El dirigente cocalero es vinculado con los hechos de violencia del 24 de agosto pasado que derivaron en la muerte por impacto de bala del oficial de la Policía, Daynor Sandoval, en medio de los conflictos por las tareas de reducción de coca ilegal y excedentaria en La Asunta, los Yungas. Ya van tres ocasiones en las que se le niega la posibilidad de defenderse en libertad.

Días después también hubo otros incidentes que acabaron con la muerte por impacto de bala de dos comunarios. En ese entonces, el comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, informó que se "neutralizó" a francotiradores que hostigaban a las patrullas de erradicación. (09/10/2018)

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