Seguridad nacional

Imputan a dos jefes policiales y los envían al juez cautelar

La Fiscalía imputó ayer al rector de la Universidad Policial (Unipol), coronel José Piérola, y al director de la Academia Nacional de Policías (Anapol), coronel Marco Ortuño, por la presunta admisión irregular de 54 cadetes a la Anapol. Hoy, ambos jefes comparecerán ante un juez cautelar.

La Razón / Luis Mealla / La Paz

03:06 / 11 de abril de 2012

“Se ha procedido a la imputación (de los coroneles Piérola y Ortuño) por el delito de resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución, y uso indebido de influencias, entendiendo que utilizando sus cargos facultan el ingreso de 54 bachilleres. No estamos observando que sean o no interculturales”, explicó el fiscal Aldo Ortiz, quien fue asignado al presente caso.

Se prevé que ambas autoridades comparecerán hoy, a las 09.15, ante un juez de medidas cautelares en el Juzgado 3° de Instrucción en lo Penal.

Tras la denuncia hecha por un padre de familia, por un presunto cobro de $us 5.000 para que un postulante a la Anapol sea admitido, los uniformados fueron aprehendidos el lunes y remitidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en la que declararon por más de nueve horas. Al término de la jornada, la Fiscalía ordenó su aprehensión.

El fiscal Ortiz explicó que, en virtud a la Resolución Suprema 4908, de 2010, se creó la Comisión de Máxima Instancia, formada por los ministerios de Transparencia, Gobierno, Educación y Salud, y el Comando General de la Policía y el vicerrector de la Universidad Policial, para aprobar y velar por la transparencia en la selección de los bachilleres postulantes.

Sin embargo, esa comisión no autorizó el ingreso extraordinario de 54 jóvenes en el marco del “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”, cuya creación fue aprobada por Piérola, bajo las órdenes del comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban.

El 19 de marzo, Raúl Morales denunció que Santiesteban envió al Rector de la Unipol una lista de 54 jóvenes “recomendados” para ser incorporados a la Anapol, previo pago de dinero, bajo la modalidad del “plan piloto” para interculturales.

Caso. El domingo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el “plan” era legal, pero que con la Policía se decidió dejarlo sin efecto para evitar susceptibilidades por presuntas anomalías. Aseguró que él no tenía conocimiento del “programa”, ya que se procesó en la gestión del exviceministro de Régimen Interior, Roberto Quiroz.

“Corresponde a la Comisión de Máxima Instancia la aprobación de la incorporación a la Anapol y al menos uno de los jefes policiales tomó la resolución sin tomar en cuenta lo que dispone la comisión”, agregó el fiscal asignado al caso.

Al respecto, el abogado Marco Antonio Nina, quien representa al coronel Piérola, aseguró que no existen las pruebas suficientes para implicar a su cliente y añadió que se presentarán los descargos respectivos para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso investigativo.

“En el momento de la audiencia vamos a hacer la respectiva defensa, tanto material como técnica, para demostrar la inocencia. Toda denuncia que se vierte debe estar debidamente probada, hay que tener cuidado necesario en verter opiniones; siempre voy a velar por el derecho de mi cliente y, sobre todo, porque así lo establece la normativa, y me niego a hacer otro comentario”, dijo Nina. 

Denuncia elevada al Ejecutivo

Dato

La denuncia de Raúl Morales, en una carta enviada al Ministro de Gobierno, dio curso a la investigación.

Postura

El titular de Gobierno, Carlos Romero, puso en duda la identidad de Morales, su número de cédula era falso.

Padres denuncian abusos contra 54 cadetes

Padres de familia de 54 cadetes que ingresaron presuntamente de forma irregular a la Anapol contrataron dos abogados para la defensa legal de los jóvenes y así evitar su exclusión, tras anularse el “Programa de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”, del cual fueron beneficiarios. Una afectada denunció abusos.

Una madre de familia, que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias, aseguró que el personal de la Fiscalía y la FELCC tomó declaraciones a cadetes, en calidad de testigos, “vulnerando sus derechos porque se hallaban sin la presencia de sus respectivos abogados”.

“El lunes, como vulgares delincuentes a nuestros hijos les han hecho declarar. El personal del Defensor del Pueblo, que estuvo en la Anapol, evidenció que las preguntas fueron muy dirigidas con el objetivo de intentar involucrar a una tercera persona. Han vulnerado sus derechos y fueron amedrentados; seguimos en vigilia y los abogados presentarán un memorial”, explicó.

Desde la Defensoría del Pueblo anunciaron que emitirán un informe oficial a la conclusión del seguimiento del caso.

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