Seguridad nacional

Solo 7 de 16 empleados del TCP que fueron a China podían viajar

Requisito. Nueve funcionarios no tenían dos años de antigüedad para ir al exterior

Sucre. Tres magistrados, junto al presidente del TCP, justifican el martes su viaje a China, tras su retorno adelantado.

Sucre. Tres magistrados, junto al presidente del TCP, justifican el martes su viaje a China, tras su retorno adelantado. Yuvert Donoso-Archivo.

La Razón (Edición Impresa) / Yuvert Donoso / Sucre

03:49 / 04 de diciembre de 2015

Un acuerdo administrativo de la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) autorizó el viaje a China de solo siete de los 16 funcionarios de la institución que se ausentaron a Pekín, ya que cumplían el requisito de tener dos años de antigüedad para ir a un curso internacional.

La Razón solicitó a instancias del TCP un informe sobre la situación de los otros nueve funcionarios que, pese a no cumplir con ese requisito, viajaron al seminario en China, cómo fueron elegidos, bajo qué condiciones viajaron o si existe otra resolución que autoriza su viaje. Funcionarios de la institución anunciaron a este diario que “en las próximas horas” se presentará en detalle más información acerca de todo el viaje a China.

No obstante, este medio informó la pasada semana que hubo una asignación desigual de viáticos. Una parte de los funcionarios que viajaron  recibió un 25% de viáticos, tal como establecen las normas vigentes, y obtendrá su sueldo completo a fin de mes. La otra parte de los empleados no se benefició con ningún tipo de apoyo económico y, además, se les descontará días de su vacación anual por su ausencia.

Acta. El acuerdo autoriza el viaje de los magistrados Ruddy Flores, Efrén Choque, Neldy Andrade y Mirtha Camacho, además de los funcionarios Álvaro Ll., Teodoro B., Isaac M., Blanca Z., Yanina C., Martha Q. y Daniela F. Antes de esa autorización, Asesoría Legal de la institución consultó a la Jefatura de Recursos Humanos qué funcionarios cumplen con la antigüedad de dos años de trabajo dentro de la institución. En respuesta a esa solicitud, esa jefatura informó que son los 11 funcionarios, incluyendo los cuatro magistrados, que cumplen con los requisitos internos.

En ese mismo acuerdo se establece que corresponde el pago de viáticos en la aplicación de su norma interna. En este caso, el TCP autorizó además el pago de los pasajes aéreos de Sucre-La Paz y viceversa, debido a que los organizadores, en este caso China, cubrían solo el boleto de ida y vuelta desde la sede de gobierno hasta Pekín. 

El seminario organizado por el Centro de Capacitación de la Academia Nacional de Gobernación de China no contempla en su agenda de cinco puntos temas judiciales o constitucionales. El polémico evento está enmarcado en el programa Human Resource Development Cooperation Programas in the Framework Of China’s Foreing Aid, producto de un acuerdo de cooperación suscrito entre la República Popular de China y el TCP de Bolivia.

Un viaje criticado en Bolivia

Denuncia

El magistrado Oswaldo Valencia denunció el 23 de noviembre que cuatro de sus colegas, de los siete que son, viajaron a China a un curso y dejaron sin quórum a la Sala Plena. Por ello, pidió que se convoque a suplentes para no perjudicar el trabajo.

Suplente

El 26 de noviembre, el presidente del TCP, Zenón Bacarreza, habilitó a Carmen Sandoval, suplente del magistrado Ruddy Flores, para garantizar el quórum para la Sala Plena.

Retorno

Ante críticas de representantes del Ejecutivo y Legislativo, tres de los cuatro magistrados retornaron a Sucre dos semanas antes de lo previsto.

Diputados exige un informe y no descarta un juicio

Williams Farfán

La Cámara de Diputados pidió un informe escrito a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre su viaje a la República de China, que dejó sin quórum al órgano jurisdiccional. No se descarta un juicio de responsabilidades. El primer vicepresidente de la Cámara Baja, Víctor Borda, explicó que “el Tribunal Constitucional Plurinacional, si bien tiene autonomía, no tiene un poder sobrenatural. Quiero recordarles que cualquier institución legalmente constituida está supeditada al pueblo y sí tiene atribución el Órgano Legislativo de fiscalizar determinados actos”.

Advirtió que esperan el informe que solicitaron al TCP y que si se verificara indicios de responsabilidad penal, no se “dudará” en instaurar un juicio de responsabilidades o en su defecto instalar un proceso de carácter administrativo.

La presidenta de la Comisión de Justicia y Ministerio Público de Diputados, Susana Rivero, informó que por “unanimidad”, entre oficialistas y opositores, se remitió una petición de informe escrito con un cuestionario de 10 preguntas  precisas que debe ser respondida, acompañada de documentación, en 15 días.

Asamblea recibió unas 90 denuncias

La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la Cámara de Diputados recibió al menos 90 denuncias en contra de altas autoridades judiciales, contra quienes abrió investigaciones con la posibilidad de instaurar un juicio de responsabilidades. La presidenta de la comisión citada, Susana Rivero, informó que la mayoría de las demandas fue interpuesta, ciudadanos y litigantes, en lo que va de este año. Añadió que las denuncias de la pasada gestión legislativa también son procesadas.

“Es muy alarmante que en esta gestión, más lo que se heredó de la anterior, tengamos aproximadamente 90 investigaciones por juicios de responsabilidades abiertas en contra de altas autoridades de los órganos de justicia”, advirtió la asambleísta.

Aseguró que esta cifra es un síntoma de que la población boliviana reclama por las irregularidades que existen en la administración judicial del país, las mismas que “dan curso a acciones dramáticas”. La diputada no quiso dar más detalles de las denuncias recibidas que están en investigación, debido a que ella podría ser recusada si es que se instalara un juicio de responsabilidades, ya que debe cumplir la función de fiscal.

Ante la crisis que vive la justicia, en enero el presidente Evo Morales sugirió realizar una Cumbre Judicial que diseñará la ruta crítica del proceso que apunta a la apertura de la Constitución Política del Estado (CPE) y la construcción de una justicia desde sus cimientos, porque ninguno de los ajustes actuales que se realizaron al sistema representa una mejora.

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