Seguridad nacional

Investigación del caso Unipol se amplía a 14 policías y civiles

La comisión de fiscales que indaga el ingreso presuntamente irregular de 54 jóvenes “interculturales” a la Universidad Policial (Unipol) amplió las investigaciones a 14 civiles y policías, entre ellos el general Jorge Santiesteban, cuya declaración fue suspendida por tercera vez.

Denuncia. El general Jorge Santiesteban es investigado.

Denuncia. El general Jorge Santiesteban es investigado.

La Razón / Ernesto Calizaya / La Paz

01:58 / 04 de mayo de 2012

El fiscal Aldo Ortiz Troche, director funcional de las investigaciones, manifestó que en principio se tenía sólo a dos personas imputadas, el exdirector de la Academia Nacional de Policías (Anapol), coronel Marco Ortuño, y el exrector de la Universidad Policial (Unipol), coronel José Piérola.

A los citados, que actualmente guardan detención domiciliaria, aunque apelaron la anterior semana a esa medida cautelar, se suman otros oficiales de la Policía y civiles. “Se han ampliado las diligencias investigativas contra 12 personas”, que se suman a las dos ya incluidas en la investigación la semana pasada, refirió Ortiz.

Todas ellas fueron citadas para que presten su declaración en torno a las presuntas irregularidades  en el ingreso de los ahora 54 excadetes interculturales, hecho que fue denunciado por el Ministerio de Transparencia, toda vez que hay indicios de que jefes policiales avalaron una resolución irregular para aprobar ese ingreso.  Incluso se habló de cobros de $us 5.000 para que sean incluidos en el “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”.

El Ministerio Público, tras llevar a los coroneles Ortuño y Piérola a cautelares, realiza ahora las diligencias investigativas contra 14 personas más, entre ellas algunos de los miembros del Consejo Académico Universitario (CAU) que habrían participado de la reunión del 8 de febrero, en la que se discutió el ingreso de los cadetes.

Delitos. Si bien los coroneles Piérola y Ortuño fueron imputados por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y la Constitución y uso indebido de influencias, en el órgano jurisdiccional cursa un memorial en el que se informa de la ampliación de investigaciones contra una abogada, por beneficios en razón del cargo, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado  y cohecho pasivo, además de los otros delitos que signan para los coroneles.

Como testigos figuran un senador suplente del Movimiento Al Socialismo, el vocal del Tribunal Departamental de Justicia, Jorge Quino; el ministro de Trabajo, Daniel Santalla; y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, quien ya dio su versión ante el fiscal Ortiz. También se cita a un general de la Policía que estuvo presente en el ingreso de los postulantes a la Unipol.

Sin embargo, de las declaraciones, la más esperada es la del general Jorge Santiesteban, de quien se tiene su firma en las notas que dan curso a la incorporación de los exestudiantes.

Retraso. A la fecha, la declaración de Santiesteban se suspendió en tres oportunidades, la última fue ayer, debido a que los investigadores asignados no lograron notificarlo legalmente. Empero, Ortiz señaló que el miércoles por la noche quedó citado para el lunes próximo, después de que, desde el viernes, trataron de notificarlo tres veces para que se presente ayer.

Los familiares de los excadetes, quienes fueron expulsados el viernes  pasado, también esperan la declaración del jefe policial, ya que de ella dependería el tenor que plasmarán en la querella que pretenden presentar en contra de su autoridad.

El Gobierno se querella

Parte

El 27 de abril, el Ministerio de Gobierno presentó, a través de sus abogados, la querella formal contra los coroneles José Piérola y Marco Ortuño, por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Antes de ello sólo se tenía la denuncia del Ministerio de Transparencia, presentada en marzo pasado.

Navarro admite que su sobrino se postuló

El Ministerio Público recibió ayer la declaración del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, quien fue convocado en la vía testifical porque en la lista de los ahora excadetes interculturales de la Universidad Policial (Unipol) figura el nombre de su sobrino. “Simplemente refirió que evidentemente existe un sobrino (suyo) que se postuló (a la Academia Nacional de Policías)”, indicó a La Razón el fiscal Aldo Ortiz.

Evitó revelar detalles de la declaración por respeto a la autoridad, pero, manifestó que fue en la vía testifical y que, en su momento se evaluarán los extremos referidos y, en función a ello, se determinarán los actos investigativos.

Influencia. El representante del Ministerio Público también hizo referencia a que el testigo  aclaró que no tuvo, “en ningún momento”, alguna conversación con funcionarios policiales para propiciar el ingreso de su familiar  a ese centro de formación.

A esta declaración también se sumaría en adelante la de los padres del sobrino de Navarro. De hecho, los investigadores continuaron recibiendo ayer las versiones de los familiares de los otros excadetes, en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.

Preliminarmente, el Ministerio Público informó que la documentación presentada por la mayoría de los ahora excadetes permite establecer que no cuentan con elementos que permitan establecer la condición de interculturales. También hay referencia de que figuran aplazados en la lista de los 54 observados y de indicios de presuntos cobros irregulares para facilitar el ingreso a la Academia.

Denuncian negociado en venta de uniformes

La fiscal Patricia Santos, integrante de la comisión que indaga el presunto ingreso irregular de 54 cadetes interculturales a la Universidad Policial (Unipol), reveló ayer que hay una denuncia sobre presuntos sobreprecios en la venta de uniformes para los postulantes a ese centro de formación. 

“Se habría vendido uniformes a los postulantes reprobados y tendrían un valor de 4.000 bolivianos, no existe un contrato con la Academia Nacional de Policías (Anapol)”, afirmó, según un reporte de la red Uno.

La fiscal indicó que el Ministerio Público sigue de oficio este caso, en el que, además, se detuvo con carácter preventivo a una abogada cuyas iniciales de su nombre son B. P. y a otras personas, aunque no especificó a cuántas. Añadió que también se hicieron allanamientos.

Santos también agregó que durante la investigación se encontraron publicaciones a nombre de la Policía Boliviana, como si fuera esa la institución la que estaría promoviendo la venta de los uniformes, sin que haya un contrato previo que demuestre esa situación. Añadió que esta denuncia aún está en proceso de investigación, ya que se trata de cobros con sobreprecio.

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