Seguridad nacional

Involucran al Comandante de la Policía en el caso Anapol

La Fiscalía citará al comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, luego de que éste fue involucrado en el caso de la presunta admisión irregular de 54 cadetes a la Academia Nacional de Policías. En este proceso, un juez ordenó la detención domiciliaria y arraigo de dos jefes policiales. 

Audiencia. Los coroneles Marco Ortuño y José Piérola, ayer.

Audiencia. Los coroneles Marco Ortuño y José Piérola, ayer.

La Razón / Luis Mealla / La Paz

02:31 / 12 de abril de 2012

El juez 3° de Instrucción en lo Penal, Rolando Chaca, fue el que dispuso ayer las medidas cautelares en contra de los coroneles José Piérola, rector de la Universidad Policial (Unipol), y Marco Ortuño, director de la Academia Nacional de Policías (Anapol).

“En la audiencia, los abogados han mencionado que las notas y todo el accionar de ellos ha sido a través de una orden emitida por una autoridad superior (el general Santiesteban), que va a venir a prestar una declaración. En función a ello, vamos a ingresar a control jurisdiccional de esa persona”, dijo Aldo Ortiz, fiscal asignado al caso.

Caso. La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, indicó que Santiesteban firmó la resolución para admitir a los postulantes, en el marco del “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”, e instó a que la Justicia lo investigue.

“Es una resolución firmada por el general Santiesteban, por esa razón es que debería ser convocado para que explique esa situación; serán las investigaciones las que deberán arrojar más detalles al respecto”, afirmó Suxo.

El 19 de marzo, un individuo identificado como Raúl Morales —de quien el Gobierno puso en duda su identidad— denunció que Santiesteban envió a Piérola una lista de 54 jóvenes “recomendados” para ser incorporados a la Anapol, previo pago de $us 5.000, dentro del plan piloto intercultural.

Luego, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que el plan era legal, pero que con la Policía se decidió dejarlo sin efecto para evitar susceptibilidades por presuntas anomalías. Aseguró que él no tenía conocimiento del programa, ya que se procesó en la gestión del exviceministro de Régimen Interior, Roberto Quiroz.

Transparencia presentó una denuncia formal y se aprehendió a Piérola y Ortuño. El martes, la Fiscalía los imputó por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, y uso indebido de influencias. “Correspondía a la Comisión de Máxima Instancia, formada por los ministerios de Transparencia, Gobierno, Educación y Salud, el Comando General de la Policía y el Vicerrector de la Universidad Policial, aprobar las listas y velar por la transparencia en la selección. Se firmó la resolución sin tomar en cuenta lo que dispone esa comisión”, dijo Ortiz.

El fiscal agregó que el Ministerio Público ya citó a Santiesteban y a otras 12 personas, entre coroneles, mayores y un civil. Acotó que la etapa de declaraciones empezará mañana. “Todo aquel que haya participado en el presente hecho y que está ingresando en conductas de corrupción va a ser citado”, explicó el fiscal Ortiz.

En tanto, Suxo aseguró que desde que se iniciaron las investigaciones, personal de su ministerio, la Fiscalía y policías que indagan el hecho son víctimas de amenazas. También descartó influencia del viceministro César Navarro y del ministro de Trabajo, Daniel Santalla, para que su sobrino e hija, respectivamente, hayan ingresado a la Anapol, ya que sus nombres figuran en las listas del programa piloto.

La ministra dijo que Navarro argumentó que su sobrino ingresó como cualquier persozna y que la hija de Santalla se retiró al conocer este hecho.

Denuncian amenazas

Víctimas

La ministra Suxo y el fiscal Aldo Ortiz denunciaron ser víctimas de amenazas en la investigación de la admisión irregular de 54 cadetes.

Poder

Suxo explicó que en las amenazas le aseguraron que “la Policía tiene mucho poder”. Pese a ello, dijo no sentirse intimidada por ese hecho.

Santiesteban ordenó dar de baja a 57 cadetes

El lunes 9 de abril, el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, emitió un memorándum mediante el cual se ordena dar de baja a 57 cadetes que ingresaron a la Anapol bajo la modalidad del “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”.

“Con la finalidad de poner fin a malas interpretaciones por presuntas anomalías y en cumplimiento a instrucciones superiores, queda suspendido el ‘programa’, quedando sin efecto la inscripción de los cincuenta y siete jóvenes postulantes interculturales”, indica una parte del documento que envió Santiesteban al coronel José Piérola, rector de la Unipol.

Cifras. No obstante, según las investigaciones del Ministerio Público, además de la denuncia de Raúl Morales hecha el 19 de marzo, sólo figuran 54 cadetes en las listas que son procesadas por el fiscal asignado al caso, Aldo Ortiz.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que dejan en manos de las autoridades judiciales el determinar el grado de participación y responsabilidad de Santiesteban en este caso de supuesta admisión irregular de cadetes a la Anapol. Sostuvo que él no puede emitir ninguna posición al respecto porque puede prejuzgar.

“El tema debe ser esclarecido en la instancia en que se encuentra; no parecía una mala idea el favorecer a gente del área rural, pero aquí lo que se cuestiona es el procedimiento (para elaborar las listas). El plan piloto fue debatido en el Consejo Académico de la Unipol y el espíritu del plan no está en cuestionamiento, pero el procedimiento para operativizarlo es lo que generó denuncias”, sostuvo la autoridad gubernamental.

Padres preparan un amparo constitucional

Los padres de familia de los 54 cadetes que presuntamente fueron admitidos de forma irregular a la Anapol, dentro un plan piloto, analizan la presentación de un amparo constitucional para evitar que sus hijos sean dados de baja.

“En primera instancia, con nuestros abogados se está analizando la presentación de un amparo constitucional, porque ya hay una resolución para que  saquen a nuestros hijos de la Anapol”, explicó una madre de familia que pidió no publicar su nombre por temor a represalias.

Aseguró que sus abogados agotarán todas las medidas antes de asumir esa determinación. Añadió que no se descarta presentar una querella contra la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, por difamación y calumnia. “Gracias a la denuncia que ella presentó, sin mostrar pruebas de presuntos pagos de dinero, nuestros hijos están siendo vulnerados en sus derechos constitucionales”, agregó.

Al respecto, la ministra Suxo aseguró que los cadetes no fueron responsables de la irregularidad, sino “los que cobraron para ponerlos en la lista”. “Estaremos a la espera de cualquier denuncia que nos hagan, nosotros sólo cumplimos nuestro deber”, argumentó la autoridad.

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