Seguridad nacional

Juez ordena indagar quejas de extorsión en Palmasola

Audiencia. Ignacio Villa dijo que le cobraron $us 100 para dejarlo asistir

Acusado. Ignacio Villa en una audiencia del caso Rózsa.

Acusado. Ignacio Villa en una audiencia del caso Rózsa. Fernando Cartagena-Archivo.

La Razón / Iván Condori / Santa Cruz

03:46 / 31 de agosto de 2013

Ignacio Villa Vargas (El Viejo), uno de los 39 procesados por el caso Terrorismo, denunció que fue víctima de extorsión por parte de la Policía en la cárcel de Palmasola. El Tribunal 1º de Sentencia de La Paz, que lleva el juicio, instruyó a la Fiscalía investigar para identificar a los responsables.

El Viejo sostuvo que los policías del penal le pidieron $us 100 para dejarlo salir y asistir a la audiencia de cesación a la detención preventiva planteada por su defensa, la misma que se suspendió porque no asistió al acto.

Villa contó que por órdenes del gobernador de Palmasola, coronel Guido Parada, le impidieron salir del recinto. “Yo le hice conocer que había una orden expresa de parte del Tribunal 1º de Sentencia para que mi persona asista a una audiencia y éste (policía) en respuesta me dijo que un juzgado de La Paz no tiene nada que ver y que no podían ordenarles”, indicó. Este diario llamó insistentemente al celular de Parada para conocer su versión, pero la autoridad policial no respondió al requerimiento.

A decir del imputado que se encuentra detenido preventivamente en Palmasola, es la séptima vez que no le dejan salir para ir a su audiencia. “Desde las 14.00 estaba en la reja a la espera de la autorización y a eso de las 17.00 se aparece el Gobernador para asistir a una reunión”, declaró.

Investigación. El abogado de la defensa de Elöd Tóásó, Otto Ritter, pidió ordenar la indagación inmediata porque la denuncia fue realizada de manera pública ante el Tribunal de Sentencia y frente a la Fiscalía. Según el jurista, los delitos cometidos por la autoridad de Palmasola van desde el incumplimiento de deberes, desobediencia a mandatos judiciales y probablemente extorsión.

Sergio Céspedes, miembro de la comisión de fiscales de este caso, coincidió con el abogado de la defensa y manifestó que la denuncia amerita una investigación. “Es una delación y debe ser indagado en ese marco”, dijo.

“Por el supuesto cobro de 100 dólares para la salida del imputado y por otras denuncias recepcionadas con similares características, se dispone que se remitan los obrados al Ministerio Público para que se abra la investigación”, manifestó el juez Sixto Fernández, presidente del Tribunal 1° de Sentencia de la ciudad de La Paz.

El Viejo también demandó a los integrantes de la Corte a que convoquen al Gobernador del penal de Palmasola, con el objetivo de que responda por la denuncia que planteó. “No es sólo a mí que me extorsionaron, esto sucede con todos los presos. Al que no tiene dinero no lo dejan asistir a sus audiencias”, lamentó.

El caso Terrorismo

Grupo

El caso Terrorismo o Rózsa se inició en 2009, tras la desarticulación de un grupo acusado de separatista y dirigido por Eduardo Rózsa, quien falleció en el operativo policial.

Cerrarán el ingreso de reas a cárcel cruceña

El director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, anunció que en un plazo aproximado de tres meses ya no se aceptará el ingreso de mujeres privadas de libertad al penal de Palmasola, debido a que se rebasó la capacidad del recinto y a que se tendrá tres inmuebles confiscados que deben ser acondicionados. Llanos indicó que la medida será similar a la adoptada en el penal de San Pedro de La Paz.

Entretanto, la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) de Santa Cruz acondiciona tres inmuebles y 14 vehículos para entregar a la cárcel de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz.

La directora regional de la Dircabi, Iveth Álvarez, sin dar fecha de la entrega, informó que los tres inmuebles están ubicados en el centro de la ciudad. Explicó que en una de ellas estarán las damas de entre 16 y 25 años de edad, la segunda casa será ocupada por las reclusas de 25 a 50 años y la tercera infraestructura albergará a mayores de 50 años.

Con relación a los vehículos, Álvarez declaró que se identificaron 14 motorizados que serán traspasados al Régimen Penitenciario de Santa Cruz. Adelantó que se analiza la entrega de otras dos viviendas del municipio de Yapacaní.

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