Seguridad nacional

Jueza da libertad a brasileño por falta de pruebas, fiscal lo impide

La jueza 8° de Instrucción en lo Penal, Valeria Salas, otorgó libertad al brasileño Adao Souza Silva (40), presentado por el Gobierno como el sicario que asesinó a Honorio Rodríguez (47), sin embargo, el Ministerio Público ordenó su arresto en el mismo caso por la aparición de un testigo.

Presentación. Policías custodian al brasileño Souza Silva, la noche del 18 de abril en Santa Cruz. Foto: El Día.

Presentación. Policías custodian al brasileño Souza Silva, la noche del 18 de abril en Santa Cruz. Foto: El Día.

La Razón (Edición impresa) / I. Condori/ANF / Santa Cruz

02:20 / 22 de abril de 2013

Iván Condori/Santa Cruz

La jueza 8° de Instrucción en lo Penal, Valeria Salas, otorgó libertad al brasileño Adao Souza Silva (40), presentado por el Gobierno como el sicario que asesinó a Honorio Rodríguez (47), sin embargo, el Ministerio Público ordenó su arresto en el mismo caso por la aparición de un testigo.

Alegando la presunta declaración de un testigo que habría reconocido al extranjero como el autor del crimen —ocurrido a plena luz del día el 15 de abril, en inmediaciones del Parque Urbano de Santa Cruz—, uno de los fiscales de la comisión que investiga el caso ordenó su aprehensión en las celdas de la fuerza anticrimen.

Souza Silva, exreo del penal de Palmasola, donde purgó una pena de 10 años y 11 meses por el asesinato de un policía, robo agravado y otros delitos, fue presentado a los periodistas el 18 de abril por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, como autor de la ejecución de Rodríguez, aunque el extranjero lo negó a gritos.

El 17 de abril, el Ministerio de Gobierno puso en marcha el plan “Chachapuma” en Santa Cruz, debido a la ejecución de nueve personas en 17 días. La Policía fue acuartelada y recibió la orden de aplicar la ley de fuga a los sicarios y capturar a extranjeros que no porten sus documentos. Además, Migración recibió la instrucción de expulsarlos de forma sumaria.

Juan Soliz, abogado del brasileño, informó anoche que la jueza determinó su liberación por falta de pruebas.

“La Fiscalía no presentó imputación porque no podía sustentarla y dejó que la administradora de justicia determine la situación jurídica de mi defendido”, explicó.

Testigos. Según la defensa, ninguno de los testigos que participaron del desfile identificativo, efectuado el viernes 19, reconocieron al extranjero como autor del crimen.

 “Curiosamente, hoy hacen aparecer a un supuesto testigo que habría identificado a Souza Silva como el autor del hecho de sangre”, dijo el abogado sin ocultar su incredulidad.

La audiencia de medidas cautelares fue instalada en dependencias de la Policía anticrimen, a la que no tuvieron acceso los periodistas. Los fiscales José Centenaro, José Parra y Pura Cuéllar abandonaron esas instalaciones sin formular declaraciones.

Soliz denunció la presión de altas esferas de la administración gubernamental para mantener aprehendido a su defendido. “Lastimosamente, están presionando para que personas que no han cometido delito sean sometidas a este tipo de situaciones”, acusó.

Desde que el  “Chachapuma” entró en vigor, se reportó la captura de cinco presuntos sicarios. Uno de ellos es el brasileño Souza Silva.

El sábado, una jueza ordenó la detención preventiva del colombiano Fabián Alberto Arollabe y del boliviano Carlos Fernández, presuntos autores de la ejecución con 14 disparos del peruano José María Zamora Chimana (39), el 4 de abril, por una deuda de $us 300 mil.

La noche del sábado fueron capturados Francisco Llovio y Miguel Supayavi, autores confesos del asesinato, el 6 de abril, de Hans Gróver Vallejos Castellón (44 años), María Romy Antelo Raldes (24), y Huber Fernández Arauz (27) en la estancia Las Carmelitas. Ambos eran exempleados de Vallejos Castellón y habían deudas de narcotráfico, se dijo. Ayer, el juez de San Julián, Alberto Zeballos, determinó la detención preventiva de los dos.

Aplicarán plan de desarme

Perspectiva

“Hemos propuesto que luego de aprobarse la Ley de Armas, en 90 días se realice un proceso de regularización de licencias para portación de armas. En ese periodo tendríamos que saber quiénes tienen armas, se plantea también una campaña de desarme mediante la entrega voluntaria del poseedor”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero a Erbol.

Julio Terrazas condena la aplicación de la ‘ley de fuga’

ANF/Santa Cruz

La vida es sagrada y la “ley de la fuga” —ejecución extrajudicial— es inaceptable, porque la barbarie no es solución a la violencia en las calles, dijo el cardenal Julio Terrazas en referencia a la instrucción del ministro de Gobierno, Carlos Romero, a la Policía de responder con violencia a la violencia.

En su homilía, Terrazas dejó en claro  que "nadie tiene que sentirse ofendido. Aquí no estamos atacando ni ofendiendo, estamos hablando de la palabra de Dios".

"Nadie está en contra de que se ataje la criminalidad, pero todos tenemos que estar en contra de que la muerte sea el remedio" , apuntó el cardenal. Romero aclaró ayer a una radio local que habló de aplicar la ley de fuga en un momento de ira.

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