Seguridad nacional

Justicia envía a la cárcel a un asambleísta del MAS por caso Fondo Indígena

La decisión fue tomada en una audiencia de medidas cautelares que fue instalada la mañana de hoy y que se extendió por al menos cuatro horas.

El asambleísta Henry Vásquez

El asambleísta Henry Vásquez

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz

17:10 / 14 de enero de 2016

La Justicia determinó hoy la detención preventiva en la cárcel de Patacamaya del asambleísta y Jefe de Bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, Henry Vásquez, investigado por el manejo irregular de recursos del liquidado Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc).

La decisión fue tomada en una audiencia de medidas cautelares que fue instalada la mañana de hoy y que se extendió por al menos cuatro horas.

La juez Anticorrupción Lía Cardozo dictó detención preventiva del acusado en el penal de Patacamaya, a 100 kilómetros de la Sede de Gobierno, para evitar sostenga contacto con otros dirigentes recluidos en el penal de San Pedro de La Paz por el mismo caso de corrupción destapado en 2015.

“Este señor era el representante de los convenios que firmó Damián Condori. Estamos hablando de más de un millón de bolivianos (de malversación)”, afirmó el fiscal del caso Ángelo Saravia, según reportó la red Uno.

Condori, dirigente campesino y excandidato opositor a la Gobernación de Chuquisaca, también fue detenido preventivamente por las denuncias de manejos irregulares de los dineros del liquidado fondo.

Vásquez es sindicado por los delitos de incumplimiento de deberes, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y contratos lesivos al Estado. Fue asesor de Condori y en 2015 fue elegido asambleísta departamental por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba. Ejercía la función de Jefe de Bancada del MAS en la Asamblea Departamental.

La intervención del fondo, en 2015, relacionó a Vasquez con dos proyectos fantasma: Fortalecimiento de la gestión de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) e implementación de unidades operativas para el acompañamiento de la década productiva comunitaria.

El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía en febrero de 2015, tras la denuncia de la Contraloría General del Estado que estableció un daño económico de Bs 71 millones por 153 proyectos no ejecutados. Hasta el momento existen 12 personas encarceladas, como la exministra Julia Ramos y la ejecutiva de de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado.

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