Seguridad nacional

Justicia rechaza acción de libertad y mantiene en la cárcel a exdirector del Fondo Indígena

La Justicia rechazó el recurso presentado por Marco Antonio Aramayo para recobrar su libertad, luego de que se revocará su detención domiciliaria y se lo recluyera en la cárcel de San Pedro por delitos vinculados al manejo irregular de recursos del Fondo Indígena

El exdirectior del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo

El exdirectior del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo. Foto archivo

La Razón Digital / Angel Guarachi / La Paz

18:30 / 30 de abril de 2015

Los vocales Ricardo Chumacero y Ramiro López de la Sala Penal Primera determinaron rechazaron la acción de libertad presentada por el exdirector del  Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) Marco Antonio Aramayo, quien guarda detención en el penal del San Pedro.

El diputado de Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe informó de la decisión judicial y explicó que fue justificada por la presencia de riesgos procesales.

"La acción de libertad presentada por Aramayo ha sido denegada por unanimidad y por lo tanto vamos a ir por los demás procesados", señaló el legislador minutos después de finalizada la audiencia.

El jueves 23, la Sala Penal Tercera de justicia de La Paz revocó la detención domiciliaria del exejecutivo del Fondo Indígena y ordenó su reclusión preventiva en el penal de San Pedro. La defensa rechazó la decisión y presentó una acción de libertad, que hoy fue negada por la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia.

El abogado de Aramayo, Héctor Castellón, reiteró que su cliente es inocente de los delitos de los que se lo acusa, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por manejo irregular de los dineros del Fondo Indígena.

Junto a Aramayo fue acusada la también exejecutiva de la entidad Elvira Parra, quien permanece desde marzo con detención preventiva en la cárcel de Mujeres en Obrajes. Las investigaciones preliminares de la Fiscalía establecieron manejo de recursos económicos en cuentas particulares de dirigentes de sectores sociales.

Los daños económicos alcanzarían a 71 millones de bolivianos en proyectos no ejecutados.

 

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