Seguridad nacional

Ministra de Comunicación aboga por nuevo Tratado de Extradición con EEUU para incorporar figura de genocidio

La ministra Amanda Dávila sostiene que el actual Tratado de Extradición, entre Bolivia y Estados Unidos, "impide la extradición por algunas responsabilidades".

La Razón Digital / ABI

13:26 / 17 de octubre de 2012

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, abogó hoy por la firma de un nuevo Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos, para incorporar la figura de genocidio y así facilitar la entrega del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03), acusado de la muerte de más de 60 personas en la denominada masacre de 2003.

Consultada sobre las vías de solución a la solicitud boliviana de extradición de Sánchez de Lozada, que fue rechazada por Estados Unidos, Dávila sostuvo que el actual Tratado de Extradición "impide la extradición por algunas responsabilidades".

"La figura política que nosotros utilizamos de genocidio o masacre no existe dentro del Tratado de Extradición con Estados Unidos. Esta figura penal se tiene que introducir en un nuevo tratado", aseveró.

La Ministra de Comunicación indicó que el Tratado de Extradición entre ambos países data del gobierno de Sánchez de Lozada, el que limita las posibilidades de entregar a ciudadanos que tienen cuentas pendientes con la justicia boliviana.

"Es un tratado impuesto y de lo que se trata ahora con la salida de varios embajadores de Estados Unidos y el nuevo proceso de cambio que se viviendo ahora con el Presidente, Evo Morales, es de establecer un nuevo tratado que respete esas consideraciones y no sea un tratado impuesto", instó.

Asimismo, puntualizó que el nuevo Tratado deberá enmarcarse en la nueva Constitución Política del Estado.

El Gobierno de Estados Unidos rechazó la solicitud boliviana de extradición del ex presidente boliviano, que tras dimitir el 17 de octubre de 2003 se refugió en ese país, tras una revuelta popular que se saldó con 67 muertos.

La justicia boliviana enjuicia a Sánchez de Lozada por ordenar a la fuerza pública  reprimir masas insurrectas en las ciudades de La Paz y El Alto, que rechazaban su decisión de exportar gas por y para Chile.

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