Seguridad nacional

Nardi Suxo: Hay ‘consorcios’ de jueces, fiscales y policías que actúan

Considera necesaria una reestructuración de esa institución, a través de una mesa de trabajo. Cree que en las acciones ilegales de policías,  en algunos casos, hay grupos de abogados y autoridades judiciales que interactúan.

Transparencia. La ministra Nardi Suxo en la entrevista con La Razón.

Transparencia. La ministra Nardi Suxo en la entrevista con La Razón. Daniel Walker.

La Razón / Williams Farfán / La Paz

04:15 / 24 de septiembre de 2013

La Ministra de Transparencia habló sobre la Policía Boliviana y sobre las denuncias de corrupción que tiene en contra de 38 efectivos. Considera necesaria una reestructuración de esa institución, a través de una mesa de trabajo. Cree que en las acciones ilegales de policías,  en algunos casos, hay grupos de abogados y autoridades judiciales que interactúan.

— ¿Cuántas denuncias tiene en contra de efectivos policiales?

— Hemos presentado al Ministerio Público aproximadamente 38 denuncias. Acá en el Ministerio (de Transparencia) están en procesamiento otras que no fueron remitidas a la Fiscalía, porque esperamos la respuesta de las autoridades policiales. También hacemos un cruce de información con otras entidades.

— ¿Qué tipo de denuncias?

— Las denuncias son por hechos de corrupción, cohecho, enriquecimiento ilícito y otras que tienen que ver con incumplimiento de deberes. Hay un gran número de denuncias en Covipol (Consejo de Vivienda del Policía), en Musepol (Mutual de Seguros del Policia) y en Unipol (Universidad Policial), además de otras unidades policiales. Dentro de esas tenemos otra en Seguridad Física, donde ya hay sentencia.

Hay un retraso considerable en el procesamiento de estas denuncias que, si bien tienen imputaciones y en algunas hay acusaciones formales, aún hay casos que están en etapa investigativa y eso nos preocupa, porque se supone que tienen que ser como cualquier litigio, donde se tiene que procesar cumpliendo los plazos procesales, tanto para investigación como también para la acusación.

— ¿De qué rango son los policías denunciados?

— Tenemos a 12 coroneles, dos generales y luego capitanes, tenientes, sargentos y policías, son 38 denunciados. Algunos son excomandantes o directores de entidades policiales. De estas denuncias tenemos el hecho de que hay cuatro (procesos) con imputación formal, nueve con acusación y uno con sentencia.

— ¿Cómo planteó las denuncias y ante quién?

— Hemos presentado formalmente las denuncias acompañadas de todas las pruebas que hemos podido obtener. Nosotros cuando presentamos una denuncia, lo hacemos cuando tenemos una valoración técnico-jurídica de la misma. Si vemos que hay indicios de corrupción, lo presentamos y lo hacemos conocer al Ministerio Público.

Todas las denuncias que hemos presentado tienen pruebas, incluso hay algunas denuncias que tienen que ver con policías de los que no se tiene mayor información. (En estos casos) lo que hemos hecho es remitir a conocimiento del Ministerio de Gobierno para que, a través de su Unidad de Transparencia, puedan procesar las mismas.  Cuando se dice que no hay suficientes indicios, que se tiene que llevar un proceso de investigación, me parece que no se toma en cuenta de que presentamos documentos.

— ¿Hay más denunciados?

— Tenemos otro número de denuncias que estamos procesando, está todavía en proceso. Muchas serán remitidas al Ministerio Público, otras también serán rechazadas o archivadas, porque no encontramos suficientes elementos. Pero sí es un número bastante considerable.

— ¿Cómo llegan a identificar los actos irregulares?

— Nos basamos en los informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que además es parte del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción. Esta información, además, es cruzada con Derechos Reales, (la Unidad Operativa de) Tránsito y la Alcaldía.

Muchas veces los bienes de estas personas se registran a su nombre y otras (están) a nombre de sus familiares, (pero) no tiene relación con sus ingresos mensuales, por lo que a eso decimos enriquecimiento ilícito. Sin una justificación, un excomandante puede adquirir cinco vehículos de 50.000 dólares cada uno en un mes, eso llama la atención.

— ¿Hay una red de corrupción dentro de la Policía?

— Creo que no podría decir eso, ya que eso se verá en la investigación, pero lo que sí está claro es que hay acciones de policías que enlodan a la institución.

— ¿Hay otros grupos inmiscuidos en estas acciones?

— Lo que se mostró es que también hay consorcios de abogados y, algunas veces, con jueces, fiscales y policías que actúan de esta manera. Yo considero que esto amerita una investigación profunda y que se vaya al fondo de la problemática.

— ¿Cree que es necesaria una reestructuración de la Policía?

— Lo que se requiere es una reestructuración total de la Policía, hay que empezar incluso por la Academia (Nacional de Policías - Anapol), ver sus ejes temáticos en cada materia que pasan, hay que hacer un examen del currículum de cada persona, pensando en cargos que ocuparán.

Otro tema importante es revisar y ver qué pasa con la División de Investigación interna de la Policía, porque hay varios policías que son sancionados, pero muchos regresan a sus funciones sin cumplir su sanción. También hay que tener cuidado en el tema de la asignación de nuevos destinos, debido a que eso es recurrente en denuncias de que les cobran dinero para asignarles sus destinos correspondientes.

— ¿Cómo reestructurar la Policía Boliviana?

— Habrá que hacer una mesa de trabajo integral con la Policía y ver dónde están los principales focos del mal manejo policial y, de ahí, se verá qué es lo que se puede hacer. Incluso el ministro (Ramón) Quintana hizo una reforma, habrá que ver ésa y otras.

Perfil

Nombre: Nardi Suxo Iturri

Profesión: Licenciada en Ciencias Jurídicas

Cargo: Ministra Anticorrupción

Licenciada en Ciencias Jurídicas

La Ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción egresó de la Universidad Mayor de San Andrés. Es diplomada en DDHH de la Universidad Carlos III de España. Hizo cursos en Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Ginebra. Fue Delegada Adjunta de Programas Especiales del Defensor del Pueblo; y directora del Centro Carter; del Proyecto Capacitación y Derechos Ciudadanos y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Boliviana.

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