Seguridad nacional

Conare sella rechazo a refugio de Belaunde; éste evalúa tercer país

Proceso. Experto dice que el peruano puede plantear un amparo constitucional

Proceso. Martín Belaunde cuando fue trasladado a una oficina de la FELCC de La Paz, el 21 de enero.

Proceso. Martín Belaunde cuando fue trasladado a una oficina de la FELCC de La Paz, el 21 de enero. José Lavayén-Archivo.

La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán / La Paz

03:32 / 12 de marzo de 2015

La Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazó definitivamente el pedido de refugio del empresario peruano Martín Belaunde, informó el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz. El extranjero evalúa recurrir a un tercer país para solicitar asilo. La Comisión de Impugnación de la Conare resolvió rechazar la apelación a la primera resolución en contra de Belaunde, exasesor del presidente peruano Ollanta Humala que en su país es acusado de corrupción.

“No existe ningún elemento que demuestre que el señor Belaunde sea objeto de persecución política en su país (Perú) y, por lo tanto, la Conare rechazó la impugnación a la primera decisión de rechazo a su solicitud”, explicó Moldiz en contacto telefónico con los medios de comunicación desde Viena, Austria.

Acciones. Moldiz dijo que Belaunde y su abogado fueron notificados como corresponde con la decisión el martes a las 18.00. Fuentes cercanas al sindicado indicaron que el peruano y sus dos abogados analizan la posibilidad de pedir asilo a un tercer país, como les faculta la Ley 251 de Protección a Personas Refugiadas y el Decreto Supremo 1440 que están vigentes.

Al respecto, Andrés Zúñiga, abogado de al menos tres personas refugiadas en Bolivia, explicó que una de las opciones para Belaunde es escoger un tercer país y que, para ello, se le debe otorgar un tiempo prudente. “Hay un análisis que se debe concentrar, de acuerdo a la normativa, en la evaluación de que si su vida (de Belaunde) está en peligro (en Perú), él podrá recurrir a un tercer país”, indicó el jurista.

Sobre los plazos, Moldiz explicó que la resolución definitiva de la Conare establece que Belaunde tiene un tiempo prudente para solucionar su situación en el país. “Con la ley boliviana sobre la situación migratoria, él (Belaunde) cuenta con 30 días para regularizar su situación administrativa o para salir del país”, aseguró.

Moldiz remarcó que Bolivia, como Estado, es sujeto de Derecho Internacional Público y mantiene coherencia en su actitud de cumplimiento de los convenios internacionales a favor de los refugiados que tienen carácter de ley dentro del país. El abogado Zúñiga afirmó a este diario que Belaunde no tiene todo perdido en el país, debido a que también puede presentar una acción legal ante una instancia superior jurisdiccional.

“Analizando la resolución, su estructura, su fundamento motivado, aplicación de principio de legalidad y el debido proceso junto a otros extremos, se puede presentar una acción de amparo constitucional, si es que se siente agraviado el solicitante por la decisión”, explicó Zúñiga.  

Belaunde actualmente se encuentra con detención domiciliaria, desde el 21 de enero, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, a pedido del Gobierno peruano. La decisión se dio por un tiempo de 60 días, plazo que vencerá el 21 de marzo, con lo que el extranjero podría quedar en libertad, debido a que la Justicia boliviana rechazó ayer una ampliación de la medida preventiva solicitada por Perú, porque su demanda no estaba legalizada.

Según Moldiz, Belaunde podría perfectamente salir del país después del 22 de marzo, debido a que estaría dentro de los 30 días otorgados por la Conare para normalizar su permanencia. No obstante, si el TSJ decide ampliar el pedido de detención domiciliaria, habrá que ver por cuánto tiempo procede esa condición y ver lo que pasa. Anticipó que en caso de que se cumpla ese plazo citado, el Estado boliviano tendrá toda la facultad para proceder y ponerlo en la frontera.

El TSJ no considera ampliar la detención

Yuvert Donoso

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no considerará el pedido del Gobierno peruano de ampliar la detención domiciliaria del empresario Martín Belaunde hasta que las autoridades del país vecino no legalicen los documentos enviados a Sucre, vía Cancillería boliviana. El magistrado del caso, Pastor Mamani, informó que, en las últimas horas, llegó a Sucre un memorial del Gobierno peruano mediante el cual se pide la ampliación de la detención domiciliaria que tiene Belaunde en la ciudad de La Paz desde enero.

“Mientras no sean debidamente legalizados (los documentos) por la Cancillería y por el Consulado pertinente, para nosotros no es un documento válido”, expresó Mamani, luego de señalar que son “simples” fotocopias y eso no puede ser tomado con efecto jurídico.

Mamani justificó esa determinación bajo el argumento de que Bolivia no es signataria del Tratado de La Haya de 1961; por ello, dijo que para que un documento tenga valor en el país, previamente debe ser legalizado. Ratificó que el 21 de marzo se cumple el plazo de 60 días de detención de Belaunde y, si no hay documentos, saldría libre.

En Perú califican de positiva la decisión

Juan José Cusicanqui

El procurador anticorrupción de Perú, Joel Segura, calificó ayer de positivo para los intereses del Estado peruano que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia haya negado el refugio de manera definitiva al empresario Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente peruano Ollanta Humala acusado de corrupción, según reportó la agencia EFE.

Segura, según el informe, manifestó al Canal N que la decisión de la Conare de Bolivia “es ajustada a la ley”. Añadió que la estrategia que sigue el Gobierno peruano es continuar con la demanda de extradición de Belaunde ante autoridades judiciales bolivianas. El Procurador Anticorrupción del Perú adelantó que este 17 de marzo presentarán el segundo pedido de extradición, según dio a conocer el Diario Exitosa.

Esta autoridad explicó que “Bolivia espera hasta el 21 de marzo”, fecha en la que termina la detención domiciliaria de Belaunde, para recibir un pedido de extradición, desestimado hasta ahora en la Corte Suprema de Perú, porque los delitos de asociación ilícita y peculado (apropiación indebida de caudales públicos) solo son aplicables a funcionarios en el tratado entre ambos países. El Gobierno peruano solicitó ampliar la detención por 60 días, pero incumplió los procedimientos.

Al ser consultado sobre este tema, el presidente de la Sala Penal Nacional del Perú, Javier Villa Stein, sostuvo que el Gobierno de su país debe acelerar el proceso de extradición de Belaunde. El congresista oficialista Daniel Abugattas demandó a Belaunde que se entregue. Agregó que el Gobierno peruano debe continuar con el trámite de extradición.

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