Seguridad nacional

Ninguna empresa de seguridad privada es legal; dilatan trámites

Vigilancia. El Ministerio de Gobierno retiene 26 de 203 solicitudes

Control. El Tcnl. Edwin Iturri muestra el certificado de autorización de una empresa de seguridad.

Control. El Tcnl. Edwin Iturri muestra el certificado de autorización de una empresa de seguridad. Víctor Gutiérrez-Archivo.

La Razón (Edición Impresa) / Juan José Cusicanqui / La Paz

04:18 / 20 de agosto de 2014

Ninguna de las empresas de seguridad privada que operan en el país es legal. Pese a que la norma que regula este servicio rige desde septiembre de 2013, la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno no dan permiso a las 203 entidades que empezaron el trámite, de las que 26 están en el último paso.

El 13 de septiembre de 2013 entró en vigencia el reglamento complementario al reglamento operativo para las empresas privadas de vigilancia, norma con la que las entidades que ofrecen el servicio de seguridad física, equipos electrónicos y el transporte de valores deben cumplir requisitos para obtener su permiso de funcionamiento. El trabajo de estas entidades fue cuestionado tras la muerte de una joven en Santa Cruz de la Sierra, el fin de semana, a manos de un vigilante privado.

El jefe del Departamento Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Denacev), Tcnl. Edwin Iturri, informó en una anterior entrevista que hasta mayo recibió 203 solicitudes de licencias de empresas de seguridad privada en todo el país. Agregó que, de ellas, ocho fueron enviadas al Ministerio de Gobierno para que la unidad respectiva homologue el permiso, como último paso del trámite fijado en la norma. Ayer no pudo ser ubicado en su oficina.

No obstante, una fuente ligada a estos trámites informó que hasta ayer sumaban 26 las empresas que tenían sus carpetas en el Ministerio de Gobierno. Este diario intentó entrevistar a autoridades de este despacho, pero tampoco fueron localizadas.

Preocupación. Algunos gerentes de empresas de seguridad privada expresaron su preocupación por la tardanza en el dictamen del permiso, entre ellos Pablo Camacho, de Protel; Peter Chavarría, de CIT Seguridad; Jorge Badani, de Servigel; Mario Montaño, de SIAR, y Carlos Medina, de Armus.

Estos gerentes consideran que, con la vigencia de la normativa, quedaron en el mismo nivel que las empresas ilegales, debido a que hasta ahora no cuentan con su permiso, pese a los papeleos realizados y habiendo sido notificados de que sus trámites fueron concluidos satisfactoriamente. Por ese motivo, en meses pasados, incluso enviaron una carta a autoridades del Ministerio de Gobierno para solicitarles una reunión en la que les expliquen el motivo de la demora en la extensión de sus respectivas licencias. Agregaron que, en el campo empresarial, están en desventaja por los costos menores que ofrecen porque no dan garantía.

El jefe del Denacev adelantó que a partir de la emisión de la primera licencia de funcionamiento para alguna empresa de seguridad privada, empezará la fiscalización a las compañías que prestan este tipo de servicio. Aclaró que en el proceso de fiscalización, lo que se exigirá a las empresas es, por lo menos, la certificación de que inició su trámite para legalizar su labor, documento que lo expide el Denacev.

Detalló que cuando las empresas empiezan a gestionar sus licencias, deben presentar su carpeta empresarial, para después adjuntar la segunda carpeta, que consiste en la de recursos humanos y materiales. Para el caso del personal que prestará su servicio, el Denacev tiene previsto extender un documento de identificación o credencial.

El servicio en otros países

Perú

Carlos Medina, gerente de Armus, contó que en Lima se redujo de 1.000 a 400 empresas de seguridad y se los uniformó.

Colombia

Pablo Camacho, gerente de Protel, dijo que en Colombia los guardias privados tienen identificaciones y portan armas.

Contrato a ilegales tendrá sanción

Según el reglamento complementario al reglamento operativo para las empresas privadas de vigilancia modificado, el contratante que adquiera servicios de una entidad de seguridad ilegal será pasible a una sanción.

“Sanción al contratante es la sanción pecuniaria equivalente a la mitad del monto de la boleta de garantía de la empresa privada de vigilancia ilegal que debe ser erogada por las empresas, organizaciones, instituciones, reparticiones, personas naturales o jurídicas, sean públicas o privadas, en cuenta fiscal de la Policía Boliviana, como consecuencia de contratar los servicios de una empresa privada de vigilancia ilegal que no cuente con la debida resolución de autorización y licencia de funcionamiento”, ordena el artículo 1 de la citada norma.

El jefe del Departamento Nacional de Administración y Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Denacev), Tcnl. Edwin Iturri, indicó que esta normativa se hará cumplir después de que se emita la primera autorización o licencia a cualquier empresa de seguridad privada.

Agregó que personas o empresas que no sepan si la empresa que contrataron es legal o ilegal, pueden consultar en la red internet, en la página del Denacev, en el portal de la Policía Boliviana.

Jorge Badani Lenz: Necesitamos trámites rápidos

El mundo actual está en permanente cambio, cada día nos enfrentamos con nuevos retos, y se incrementan los problemas de la sociedad; no es desconocido que el nivel de inseguridad se acrecienta en todos los países, Bolivia no es una excepción. La institución encargada por ley para brindar seguridad interna es la Policía Boliviana, tiene personal formado trabajando en las ciudades, sin embargo día a día la delincuencia avanza y presenta nuevos métodos para delinquir

¿Cómo resolver este problema?, algunos piensan que enviando más policías a la calle, otros opinan que con leyes más severas; desde otra óptica deberíamos visualizar cómo enfrentan este problema otros países, dentro esos procesos y modelos, estudios demuestran que los mejores aliados de la Policía en el combate a la delincuencia son las Empresas de Seguridad Privada (Vigilancia Electrónica y Protección Física), aspecto reconocido por el Gobierno mediante la Ley 0264 y decretos que regulan su funcionamiento.

Podemos afirmar que las Empresas Privadas de Vigilancia Electrónica son además las que invierten en tecnología y servicios de vigilancia contra la delincuencia, en beneficio de la sociedad.

Basta mirar en nuestro entorno, para verificar: Sistemas de: Alarma Electrónica, CCTV (Cámaras), Control de Incendio y Control de Acceso, entre otros, que encontramos en las calles, colegios, bancos, edificios, vehículos de transporte público, estadios, etc.  Los empresarios que nos dedicamos a este rubro de servicios precisamos de trámites ágiles de reconocimiento de nuestra actividad, mejor apoyo de la sociedad, Gobierno y Policía, para un desempeño óptimo.

Jorge Badani Lenz, excomandante de la Armada.

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