Seguridad nacional

Presos pagan gastos de audiencias

La delegada del Defensor de Pueblo en Chuquisaca presentó un diagnóstico

La Razón (Edición Impresa) / Yuvert Donoso / Sucre

03:01 / 20 de febrero de 2015

La representante del Defensor del Pueblo en Chuquisaca, Juana Maturano, reveló que los presos de la carceleta de Monteagudo pagan los costos del traslado e, incluso, alimentación de algunos operadores de justicia para instalar audiencias. Lamentó que el Órgano Judicial no tenga un presupuesto para cubrir esta demanda.

La pasada semana, la Defensoría del Pueblo llevó adelante un trabajo de verificación en la carceleta de Monteagudo, donde verificó la situación extrema de hacinamiento, ausencia de terapias ocupacionales y deficiente infraestructura de ese recinto.

“Lo que llama la atención es que los costos que demanda el traslado, a veces hasta la alimentación de los operadores de justicia, estén a cargo de las personas privadas de  libertad, no así del Órgano Judicial. Esta situación devela una falta de disposición de recursos económicos de la instancia jurisdiccional que va en desmedro de la magra economía de los presos. Tampoco cumple el propósito de la celeridad en los juicios, ni la gratuidad”, expresó Maturano.

La presidenta de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca, Janeth Calvo, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia no tiene recursos para cubrir esas necesidades. Señaló que, en muchos casos, los internos pagan el traslado  de un policía, pero aclaró que no conoce de que un juez reciba recursos de un interno.

“Es una pena, estamos retrocediendo como un cangrejo”, afirmó Calvo e indicó que el Legislativo emite leyes sin pensar en los obstáculos que se presentan al aplicar las nuevas normas.

Además, Maturano anunció que, a través del Defensor del Pueblo, se hará la representación oficial ante autoridades del Órgano Judicial para observar las limitaciones logísticas que tienen los operadores de justicia que afecta a las personas privadas de libertad, en vez de beneficiarlas.

El informe también establece la falta de defensores públicos para los detenidos preventivos. En  Monteagudo, más de diez presos no tienen un abogado, no conocen la situación de sus procesos y tampoco cuentan con recursos económicos para contratar los servicios de otros profesionales, agregó.

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