Seguridad nacional

Procuraduría vigilará juicios de instituciones del Estado

Método. Abrió registro informático para tener una radiografía de los juicios abiertos por jefes estatales

El Alto. El subprocurador de Evaluación, César Romano.

El Alto. El subprocurador de Evaluación, César Romano. Daniel Walker.

La Razón (Edición Impresa) / Juan José Cusicanqui / La Paz

04:56 / 16 de diciembre de 2013

Con el fin de ejercer un seguimiento metodológico a los juicios en los que está en juego el patrimonio estatal, la Procuraduría General del Estado puso en marcha el registro de procesos judiciales, un innovador método informático que permitirá tener una radiografía de los litigios.

Este sistema de seguimiento fue creado por los mismos empleados de la Procuraduría y cuenta con un software libre, informó César Romano, subprocurador de Evaluación, Seguimiento y Formación de Unidades Jurídicas de la Administración Pública de esa institución. Con este sistema se busca consolidar la vigencia del gobierno electrónico, en la vía de modernización del Estado, agregó la autoridad.

“Este es un instrumento de cualificación de los procesos judiciales”, refirió Romano, quien añadió que ahora, por primera vez en la historia del país, el Estado podrá hacer un seguimiento ordenado de los juicios instaurados por sus instituciones para velar por los intereses estatales. Actualmente no hay información sobre esta temática, no hay un diagnóstico, prácticamente se empieza a obtener datos, aseveró.

Con este registro lo primero que se hizo es registrar a todas las instituciones del Estado, en sus cinco niveles (gobierno central, departamental, municipal, autónomo y originario campesino). Hasta fines de noviembre la Procuraduría General contabilizó 1.285 reparticiones estatales que deben estar sujetas al monitoreo de esta repartición fiscalizadora.

Con este plan de control se busca hacer un seguimiento a los procesos judiciales penales, civiles, coactivos y administrativos sancionadores, detalló el Subprocurador de Evaluación.

Labor. En el marco de la aplicación de este plan, el miércoles, el jefe departamental de la Procuraduría de Oruro, Waldo Soto, dijo que tras una evaluación a 15 juicios de seis instituciones estatales iniciados a exservidores públicos, se observó que hay dejadez e incumplimiento de plazos procesales, aspecto que podría derivar en procesos en contra de los abogados.

Romano especificó que con el registro se contabilizará los juicios instaurados, identificará a sus actores, verificará la situación de cada uno de los litigios, comprobará si se cumplen los plazos procesales o hay mora, y computará cuánto de patrimonio está en juego y cuánto se recuperó. A partir de esos datos, se podrá influir en la toma de decisiones, acotó. A través de este mapeo de procesos judiciales, la Procuraduría, según Romano, podrá también recomendar a los gobiernos estatales las acciones judiciales a seguir.

Por medio de esta labor, la Procuraduría busca fiscalizar los juicios, en el marco de su facultad y del mandato establecido en la Constitución Política del Estado. En caso de que identifique una actuación irregular de los representantes estatales en un litigio, tiene la potestad de emitir recordatorios y recomendaciones. Además puede sugerir el enjuiciamiento del o los responsables del proceso.

Romano advirtió que la Procuraduría busca intervenir en casos emblemáticos en los que está en juego el patrimonio estatal, pero para cumplir con ese objetivo debe recopilar toda la información jurídica del litigio.

Romano destacó que los gobiernos estatales que hayan entregado su información jurídica, podrán disponer de información de sus procesos a través de la red internet, en el sitio web que tiene la Procuraduría, a través de un usuario y una clave.

La CPE y lo que fija

Norma

En el artículo 229 de la Constitución Política del Estado (CPE) se establece que “La Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Su organización y estructura serán determinadas por la ley”.

Se crea  una base de datos de abogados

Con el sistema de registro de procesos judiciales de gobiernos autónomos, la Procuraduría General del Estado también tendrá una base de datos de los abogados que atienden los litigios en los que está en juego el patrimonio estatal.

“Tenemos además el registro del perfil de todos los abogados que prestan servicio en la administración pública. Aparte de los datos personales, tenemos su perfil académico para requerimiento de la Procuraduría ante cualquier caso en particular”, advirtió César Romano, subprocurador de Evaluación, Seguimiento y Formación de Unidades Jurídicas.

En ese perfil se conocerá en qué instituciones trabajaron estos juristas y cuántos procesos tuvieron a su cargo. Con este registro cada jurista tendrá a disposición su récord en defensa del Estado.

Romano agregó que en la página de la Procuraduría también se establecerá las directrices que deben seguir los abogados en su rol de defensa del Estado. Es una doctrina legal aplicable, agregó. A través del registro se darán sugerencias y recomendaciones a los abogados o a la Máxima Autoridad de Ejecución (MAE) de las instituciones para los litigios.

La Procuraduría tiene previsto implementar un sistema automatizado de semáforo dentro de los juicios, con el fin de emitir la alerta temprana ante cualquier proceso judicial. Se pondrá en rojo cuando haya mora o esté por vencer algún plazo procesal y en verde cuando se cumplan los términos. Romano destacó que la información estará centralizada y no interesará si es que se cambia de abogados. Antes, si un jurista dejaba el caso, su sucesor debía empezar a recolectar la información.

Ya se registraron 14.984 procesos jurídicos

Hasta fines de noviembre, la Procuraduría General del Estado registró a 637 instituciones estatales, de las 1.285 que identificó, y 14.984 procesos judiciales instaurados por las mismas, informó César Augusto Romano, subprocurador de Evaluación, Seguimiento y Formación de Unidades Jurídicas.

La autoridad explicó que la recopilación de datos es lenta, debido a que hay litigios que no están en un soporte digital. Para estos casos se hace necesario registrarlos a través de fotos digitales en sistema PDF. Indicó que otra limitante es la lejanía de algunos municipios, especialmente los rurales, y la falta de acceso a la tecnología.

Señaló que entre los procesos que fiscaliza la Procuraduría no solamente están los casos de corrupción, sino todos los que impliquen que esté en juego el patrimonio estatal. Adelantó que el propósito ambicioso que tiene la Procuraduría es recopilar la información jurídica del 90 al 95% de todas las instituciones hasta diciembre de 2014.Romano apuntó que en el país trabajan 11 abogados dentro de la Procuraduría. Manifestó que se cuenta con una estructura funcional limitada.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1
2 3 4 5 6 7 8
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia