Seguridad nacional

Proponen penas más duras para mejorar la seguridad

El Ministerio de Gobierno presentó ayer el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que plantea modificaciones urgentes para el Código Penal, con sanciones más duras para quienes atenten contra los valores humanos, como el caso de violadores.

Infografía castigos penales.

Infografía castigos penales.

La Razón / Ernesto Calizaya / La Paz

04:08 / 05 de abril de 2012

El tenor del anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para vivir seguros” fue detallado ayer por el ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, luego de haberlo sometido a varias revisiones. El texto final fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que este órgano priorice su tratamiento.

Se plantean sanciones penales más drásticas para tres categorías de atentados contra los valores humanos, explicó el ministro, y detalló “los que se refieren a la integridad física, a la dignidad de las personas y los que se refieren de alguna manera a debilitar las condiciones de vida de las personas, provocándoles traumas y daños físicos irreversibles”.

Las modificaciones al Código Penal y a la Ley N° 2494, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, propuestas en el citado anteproyecto, establecen el incremento de penas para los casos de evasión (fuga de reos de las cárceles), homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, y para casos de violación.

En los últimos días, en La Paz, El Alto y Santa Cruz se registraron atracos, asesinatos y accidentes de tránsito. Los alteños incluso marcharon para exigir seguridad. En el caso de la evasión, por ejemplo, ahora se sanciona con una pena de uno a seis meses, y de mediar violencia con hasta dos años de cárcel, podría ser sancionado con 3 a 5 años o entre 5 a 8 años de presidio, respectivamente, dependiendo de la tipificación.

Sanciones. En el caso de evasión se plantea cuadruplicar la sanción máxima, mientras que para aquellos ligados a accidentes de tránsito se las incrementa en 60%, de 5 a 8 años, además que se prevé la inhabilitación de forma definitiva para conducir a aquellos que hayan protagonizado un hecho.

Para los casos de violación, se plantea incrementar las penas máximas en cinco años. Si ahora se estipula normalmente entre 4 y 10 años de cárcel para este delito, y entre 10 y 20 si la víctima aún no llegó a la pubertad, el proyecto pide entre 5 y 15 años en el primer caso y entre 15 y 25 años si se abusa a un infante.

“Tal vez valdría la pena, además, que cuando se estudie las reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal se contemple también la acumulación de penas que lo habíamos planteado antes y que modificaría todo el sistema procesal penal”, dijo Romero, tras indicar que lo propuesto en el proyecto sería un “anticipo transitorio de reformas urgentes”.

Dejó abierta la posibilidad de incrementar las penas en delitos que atentan contra la propiedad, en casos de robo, hurto y estafa, a fin de salvaguardar la vida, libertad, dignidad, integridad física y propiedad de las personas. Además, el anteproyecto estipula cambios en la labor de la Policía, su modernización y especialización. También se refiere a los operadores de justicia, su fiscalización y a medidas referentes a régimen penitenciario.

Las sugerencias

Órgano Judicial

El Órgano Judicial y la Policía deben implementar un sistema informático de antecedentes judiciales (imputaciones, sobreseimientos, acusaciones, etc.) y desconcentrar en las estaciones policiales integrales, los juzgados contravencionales, para que la justicia llegue a todos los barrios de las ciudades.

Ministerio Público

El Ministerio de Justicia, en 30 días, debe presentar el anteproyecto de ley que norme el “Régimen Disciplinario del Ministerio Público”.

Fortalecimiento

En las medidas transitorias se propone crear el Servicio Aeropolicial que, además, apoyaría la lucha antidroga. También se prevé dotar de tecnología a la Policía y jerarquizar progresivamente los salarios de los funcionarios, hasta garantizar un nivel de vida digno, de acuerdo con su formación y antigüedad.

Rég. Penitenciario

Se prevé especializar a policías en el Sistema de Régimen Penitenciario, para la prevención y lucha contra el delito. Se plantea crear centros de rehabilitación y reinserción en capitales de departamento, así como centros de reinserción laboral o de producción en las cárceles, en las que se implementaría enlaces y puntos de bloqueo de celulares.

Vigilancia privada

Las empresas privadas de vigilancia serán autorizadas para su funcionamiento por el Comando General de la Policía Boliviana. En el lapso de tres meses deben regularizar su funcionamiento, en función a las exigencias y bajo el mando policial.

Transporte

Prevé aprobar el reglamento para la implementación de la Tarjeta de Identificación del Conductor y el Registro de Minibuses, Taxis y Radiotaxis. También contempla la instalación de cámaras de seguridad, incluso en centros de esparcimiento.

Recursos

El Gobierno del Estado Plurinacional declara como prioridad nacional el financiamiento y la ejecución de los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana.

Apuntan a jueces y fiscales

El anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para vivir seguros” también contempla procesos legales contra policías, fiscales y jueces que actúen en contravención a la ley y favorezcan a la delincuencia.

En ese marco, dispone la creación, dentro del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de una división especializada en la investigación y persecución de delitos contra la actividad judicial, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, prevaricato, cohecho pasivo de jueces o fiscales, consorcios de jueces, fiscales, policías y abogados y negativa o retardo de justicia.

Se busca “perseguir, literalmente, por mandato de la ley y aplicando procedimientos legales, a fiscales y jueces que actúen en contravención a la ley y  favoreciendo a la delincuencia”, indicó el ministro Romero. Además, refirió que se contempla medidas adicionales como que los fiscales tendrán la obligatoriedad de mantener la dirección funcional de una investigación penal.

Se establece también que “los jueces, sean unipersonales o entidades colegiadas de administración de justicia, así como el Ministerio Público, cuando incurra en irregularidades en la aplicación de medidas cautelares, serán objeto de investigación y de procesos”. Romero dijo que en casos en los que autoridades judiciales den medidas sustitutivas a acusados que tienen pruebas en contra, se aplicarán las medidas drásticas.

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