Seguridad nacional

Defensor plantea crear más oficinas en el país y el exterior

Norma. En un proyecto de ley, Villena busca un sucesor apolítico

Presentación. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, entrega su proyecto de ley en la Cámara Baja.

Presentación. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, entrega su proyecto de ley en la Cámara Baja. José Lavayén.

La Razón (Edición Impresa) / Juan José Cusicanqui / La Paz

02:44 / 27 de enero de 2016

A cuatro meses de cumplir su gestión, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó ayer el Proyecto de Ley de la Defensoría del Pueblo que, entre sus propuestas, sugiere otorgar a su titular la facultad de abrir oficinas en municipios, pueblos indígenas y campesinos, y el exterior.

Villena entregó su propuesta en las ventanillas de las cámaras de Senadores y Diputados. Con esta normativa busca adecuar la actual Ley 1818 del Defensor del Pueblo a la nueva Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de 2009, y además garantizar “su independencia, autonomía y sostenibilidad”. La Ley 1818 que aún está vigente rige desde 1997 y fue promulgada por el expresidente Hugo Banzer.

“La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia establecerá una Oficina Nacional en la sede de gobierno y Oficinas Departamentales en todas las Capitales de Departamento; asimismo podrá implementar oficinas en cualquier ciudad, municipio o territorio indígena originario campesino del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo con lo establecido en su planificación y normativa interna”, se lee en el artículo 7, parágrafo I, del borrador de norma que fue difundido por Villena.

Justificación. “(Este proyecto) responde a la urgencia de definir las competencias, organización, atribuciones y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo frente a los nuevos desafíos y necesidades que deberá enfrentar la institución en el plazo inmediato”, sostuvo Villena en una nota que fue enviada a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados.

Actualmente el Defensor del Pueblo tiene nueve representaciones departamentales, dos representaciones especiales (El Alto y Chapare) y seis mesas defensoriales (Riberalta, Llallagua, Yacuiba, Monteagudo, Puerto Suárez y Caranavi).

En el parágrafo II del mismo artículo 7 del proyecto complementa: “La Defensoría del Pueblo podrá establecer oficinas en países con presencia de bolivianas y bolivianos migrantes, siempre y cuando las mismas estén garantizadas presupuestariamente por el Estado boliviano”.

Para garantizar la sostenibilidad de estas delegaciones, Villena sugiere en el parágrafo III que “El gobierno central y los gobiernos de las Entidades Territoriales Autónomas facilitarán, en el marco de sus competencias, la asignación de bienes inmuebles para el funcionamiento de oficinas defensoriales”.

A diferencia de la actual Ley 1818, Villena propone que entre los requisitos de su sucesor esté el no tener ningún grado de parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad con miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con las autoridades jerárquicas de los órganos del Estado o con el Presidente; hablar al menos dos idiomas oficiales; y no estar inscrito en ningún partido o agrupación política.

Agrega que entre los requerimientos del Defensor del Pueblo debe estar la probada integridad personal y ética, determinada a través de la observancia pública; tener reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos; y haber residido en el país durante los últimos cuatro años previos a la convocatoria para la designación.

Delitos que inhabilitan

Requisitos

Entre los requisitos para ser designado Defensor del Pueblo, Rolando Villena plantea no haber sido sancionado por delitos o faltas referidas a la violencia contra la mujer, niñas, niños, trata y tráfico o delitos de corrupción.

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