Seguridad nacional

Quintana acusa a EEUU y se revelará a involucrados

Señaló que lo ocurrido en Porvenir se sabrá de lo escrito por esa embajada

Conferencia. El ministro Quintana habla de la investigación, ayer.

Conferencia. El ministro Quintana habla de la investigación, ayer. Foto: ABI

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar / La Paz

00:00 / 04 de octubre de 2015

Estados Unidos estaba tras un plan de desestabilización de la administración de Evo Morales en 2008, lo que incluía un intento de magnicidio, y el Gobierno traducirá los cables diplomáticos revelados por WikiLeaks para identificar a los involucrados, advirtió ayer el ministro de la Presidencia, Juan Ramón  Quintana, tomando como base una investigación sobre el contenido de esa correspondencia. 

“Tácitamente es una descripción respaldada de la estrategia de desestabilización de Estados Unidos que oscilaba entre el golpe de Estado o el asesinato del presidente Morales”, aseguró la autoridad, mostrando y leyendo una nota publicada en el portal RT (Russia Today) sobre la investigación de Alexander Main y Dan Beeton, del Centro para la Investigación Económica y Política, quienes revisaron cables filtrados por WikiLeaks.

Lo revelado demuestra que la legación estadounidense estaba en “comunicación regular”con los líderes autonomistas. “Para todos aquellos ciudadanos que todavía son incrédulos respecto a las políticas de desestabilización de Estados Unidos, les pedimos que lean estos documentos acerca del complot de Estados Unidos contra el Gobierno de Bolivia y el plan de asesinato del presidente Evo Morales, estos documentos están escritos por miembros registrados de la Embajada de Estados Unidos”.

Diálogo. Una traducción no oficial de un reporte diplomático del 9 de septiembre da cuenta que un representante estadounidense mantuvo conversaciones con opositores, quienes hablaron de “hacer explotar gasoductos” y de utilizar la “violencia como una probabilidad para forzar al Gobierno a tomar en serio cualquier diálogo”. Se mencionó a los prefectos de entonces Mario Cossío (Tarija) y Leopoldo Fernández (Pando).

Cossío huyó de Bolivia y Fernández tiene un proceso por la violencia de septiembre de 2008 en Porvenir, donde perdieron la vida 13 personas. Ambos formaron parte de la “media luna” opositora, integrada también por los prefectos de Beni, Ernesto Suárez, y de Santa Cruz, Rubén Costas, quien ahora es gobernador.

Quintana advirtió que el Gobierno traducirá los documentos y revelará los nombres de quienes participaron de las acciones desestabilizadoras. “Estamos terminando de traducir los WikiLeaks respecto a Bolivia. Les aseguro que habrá muchas sorpresas, especialmente de quienes creyeron que sus acciones desestabilizadoras nunca se sabrían. Ojalá tengan el coraje, luego, de explicarle al país su compromiso letal con Estados Unidos para tratar de destruir nuestra democracia”.

Evitó dar nombres, sin embargo, señaló a los prefectos de oposición de entonces. Llamó a la Asamblea Legislativa a tomar la iniciativa y empezar una investigación sobre las revelaciones. “Necesitamos hacer una investigación para tomar luego determinaciones respecto al Gobierno de Estados Unidos”, advirtió.

El 10 de septiembre de 2008, el Gobierno declaró persona no grata al embajador estadounidense Philip Goldberg. En ese mes fueron enviados desde la legación diplomática los reportes en los que se habla del magnicidio y de un golpe de Estado. Quintana aseguró que lo ocurrido en Porvenir se sabrá de lo escrito en reportes de la Embajada de Estados Unidos.

Un comité evaluaba  las acciones a seguir

Estados Unidos creó una instancia denominada Comité de Acción de Emergencia (EAC, por sus siglas en inglés) para reaccionar ante cualquier eventualidad frente a la situación de conflicto político y social que vivía Bolivia en 2008.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, consideró que esa instancia estaba encargada de “llevar adelante el golpe cívico prefectural” que organizaron, recordó, los entonces prefectos de oposición, en referencia a Mario Cossío, Ernesto Suárez, Rubén Costas y Leopoldo Fernández.

El Comité de Acción de Emergencia tenía como fin “aplicar el plan A que era el golpe y el plan B que era el asesinato del presidente Evo”, afirmó la autoridad en una conferencia de prensa y a partir de la investigación de los cables diplomáticos estadounidenses filtrados por WikiLeaks.

Esa instancia, según la investigación de Alexander Main y Dan Beeton, estaba integrada por miembros de agencias del Gobierno estadounidense, entre ellas la NAS (Sección Antinarcóticos de EEUU), Usaid (Agencia para el Desarrollo Internacional) y la DEA (Agencia para el Control de las Drogas).

El EAC tenía tareas como la evaluación de los posibles escenarios en caso de la muerte o golpe contra el presidente Evo Morales, y el diseño de un plan de contingencia para la evacuación de su personal

Denuncian planes contra otros gobiernos

Autores de investigación señalan a Venezuela, Ecuador, Brasil, entre otros

Cables diplomáticos de funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicados por WikiLeaks, revelan un “ataque coordinado” en la región contra gobiernos progresistas, según la investigación de Alexander Main y Dan Beeton, del Centro para la Investigación Económica y Política, con sede en Washington.

En el libro Los Archivos WikiLeaks: el mundo según el Imperio estadounidense se revisan miles de documentos diplomáticos estadounidenses filtrados y que evidencian que, de 1999 a 2008, los gobiernos progresistas de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Honduras, Ecuador, Nicaragua y Paraguay fueron objeto de planes de esa nación destinados a subvertir el orden democrático y volver a imponer el neoliberalismo, de acuerdo con datos de los autores.

El artículo de Main y Beeton, originalmente publicado en Jacobin, una revista de la izquierda estadounidense, y replicado por RT, refiere que su libro “revela el día a día de los mecanismos de intervención política de Washington sobre Latinoamérica (y hace una comedia del mantra del Departamento de Estado de que ‘Los Estados Unidos no interfiere en la política interna de otros países’)”.

Los métodos desplegados en Bolivia, escriben los autores, fueron implementados en otros gobiernos antineoliberales. Por ejemplo, tras el retorno del sandinismo en Nicaragua (2007), la embajada apoyó con todos los medios disponibles a la extrema derecha representada por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), mediante ONG financiadas por la ayuda del país del norte.

Esto también sucedió en Venezuela, según documentos de la agencia estadounidense Fundación Nacional para la Democracia revisados por Main y Beeton. El golpe de Estado de 2002 fue financiado con fondos provenientes del programa de “promoción democrática” de la NED para entrenar a los grupos que realizaron la intentona de remover a Hugo Chávez del poder a través de un golpe de Estado que paralice a la industria petrolera y que derive en una recesión económica.

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