Seguridad nacional

En el proceso por terrorismo ya recusaron a 19 jueces

Juicio. El pedido de alejamiento de los magistrados fue promovido por abogados de la parte acusadora

Proceso. Una audiencia del caso Terrorismo en la ciudad de Santa Cruz, a principios de año.

Proceso. Una audiencia del caso Terrorismo en la ciudad de Santa Cruz, a principios de año. Iván Condori.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Condori / Santa Cruz

02:58 / 05 de mayo de 2014

En cinco años de juicio del caso Terrorismo se recusaron del proceso judicial a 19 jueces, 14 de ellos cautelares, dos de sentencia y tres ciudadanos. La totalidad de estos recursos fueron interpuestos por los abogados del Ministerio de Gobierno, dentro de la parte acusadora.

La defensa de los 39 acusados de este caso, procesados por separatismo, interpuso al menos seis recusaciones contra jueces cautelares y de sentencia, cinco de ellas fueron rechazadas de manera in limine (sin someter a control de nadie), por lo que el mismo juez recusado continuaba con la audiencia. La última semana se rechazó la recusación del juez 1° de Sentencia, Sixto Fernández, propuesta por Ignacio Villa Vargas (El Viejo).  

Este diario intentó entrevistar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para consultarle sobre las recusas, pero en su despacho se informó que estaba ocupado. No obstante, se reiteró que la posición que tiene el Ejecutivo es que los acusados en este proceso retrasaron el juicio a través del planteamiento de 96 incidentes.

El caso estalló la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando la Policía desarticuló un grupo —acusado por el Gobierno de separatista— en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz. Allí murió Eduardo Rózsa Flores, supuesto líder de la agrupación, Martin Dwyer y Arpad Magyarosi. Mario Tadic y Elöd Tóásó fueron arrestados y ahora son dos de los 39 procesados. 

El juicio por este caso se llevó adelante en juzgados de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro y Tarija. Actualmente está en Santa Cruz, bajo la administración de un tribunal paceño. El abogado de Elöd Tóásó, Alberto Morales, dijo que las acusaciones que presentaba el Ejecutivo se tramitaban y se declaraban probadas sin que se adjunte una sola prueba o testigo.

Periplo. El abogado Gary Prado Arauz, defensor de su padre, el general (r) Gary Prado Salmón, recordó que solo en la etapa preparatoria del proceso penal se recusaron a ocho jueces cautelares de La Paz, cuatro de El Alto, dos de Oruro y luego retornó a la sede de gobierno, para quedar en manos de la exjueza Betty Yañíquez.

También corrió la misma suerte el pleno del Tribunal 7º de Sentencia de La Paz, integrado por dos jueces técnicos y tres ciudadanos. Los abogados Fernando Rivera y Denis Rodas, apoderados del Ministerio de Gobierno, presentaron la recusación bajo el argumento de una supuesta amistad con los abogados de la defensa de los acusados, hecho que no demostraron.

Morales explicó que la única recusación presentada por El Viejo pasó a un tribunal de grado superior para su resolución, el mismo que declaró improcedente la medida y devolvió la administración a los jueces paceños Sixto Fernández y Elena Gemio.

Villa Vargas demandó la recusa tras publicarse en marzo una carta atribuida al exfiscal Marcelo Soza, que indagó este caso y que ahora pide refugio en Brasil. En la misiva se indica que en el proceso por terrorismo hubo irregularidades y que se compró testigos.

El juicio oral, la parte conclusiva de este proceso, se instaló en Santa Cruz el 18 de febrero de 2013, después de que el coimputado Ronald Castedo sufriera una descompensación en la ciudad de Tarija, donde se sorteó a los jueces ciudadanos y se conformó el Tribunal 1º de Sentencia de La Paz.

Hasta ahora declararon ante el tribunal cinco de los 21 acusados que asisten al juicio oral. El ministro Romero culpó a la defensa por la lentitud del proceso que superó los cinco años. “Durante este lapso los abogados de los acusados interpusieron alrededor de 96 incidentes, con el solo objetivo de dilatar el proceso”.

Denuncias de dilación del proceso

Percepción

Tras cinco años del juicio, los acusados del caso Terrorismo aún denuncian que hay vicios de nulidad en el proceso y el Ministerio Público asegura que éstos dilatan el litigio. Para el Gobierno, la célula separatista está vigente y coordina desde el exterior.

Fiscalía

El fiscal Marco Antonio Rodríguez reconoció que hay retardación en el proceso, pero aseguró que la dilación es promovida por los acusados.

Juez y fiscal cuestionan el accionar de los acusados

Williams Farfán

El juez Sixto Fernández, que preside el Tribunal 1° de Sentencia de La Paz, y el fiscal Marco Antonio Rodríguez, ambos encargados del juicio del caso Terrorismo, cuestionaron la acción de la defensa de los acusados en este proceso porque, tras más de un mes de estar estancado el litigio, presentaron otro recurso que dilatará más la causa.

“Luego de que el Tribunal 2° nos ratificara como jueces del juicio por terrorismo, el abogado de uno de los acusados presentó una medida de complementación a la resolución que ratifica a este tribunal, mismo que debe ser resuelto en los próximos días”, informó Fernández a este diario.

Al respecto, Rodríguez afirmó que la demora y la paralización del juicio oral no es atribuible al Ministerio Público ni al Órgano Judicial, sino que es culpa de los abogados de los acusados que presentan recusaciones y apelaciones con el fin de dilatar el juicio.

Incertidumbre para seguir el juicio

I. C.

La restitución de los dos jueces técnicos del Tribunal 1° de Sentencia y la aceptación de las dos juezas ciudadanas a la recusación planteada por Ignacio Villa Vargas, deja en la incertidumbre la reanudación del juicio oral del caso Terrorismo.

El abogado Gary Prado Arauz, defensor de su padre Gary Prado Salmón, explicó que para instalar la audiencia del caso Terrorismo se requiere un quórum de tres jueces y actualmente el tribunal se encuentra fracturado, es decir que solo cuenta con dos, después de que similar número de juezas ciudadanas aceptaron la recusación.

A decir de Prado, el tribunal está desintegrado porque no existe la forma en que los dos técnicos puedan alcanzar el quórum para instalar la audiencia. “En los tribunales integrados, como el caso del 1º, se requiere de tres presentes para abrir la audiencia”.

“Al no poder convocar a audiencia, el control jurisdiccional tendría que pasar al grado superior, que en este caso vendría a ser el Tribunal 2º de Sentencia, el mismo que rechazó la recusación de los técnicos”, explicó Prado.

El abogado Alberto Morales, defensa de Elöd Tóásó, no descarta que los jueces técnicos instalen la audiencia y rechacen la recusación de las juezas técnicas. “Si en apego a las normas declaran legal la excusa, el proceso tendrá que derivarse al grado inmediato”.

La abogada Verónica Suárez adelantó que en caso de que se acepte la recusación de las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Calizaya, se tendrá que hacer un nuevo sorteo para reemplazar dichas acefalías. “Pero como van las cosas, creemos que ellas se quedarán y los actos procesales se reanudarán”, dijo.

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