Seguridad nacional

Rivera fue incomunicado en Warnes, denuncia abogado

Extorsión. Freddy Fernández dice que intentan acallar al acusado

Acusado. Fernando Rivera (der.), exabogado del Ministerio de Gobierno.

Acusado. Fernando Rivera (der.), exabogado del Ministerio de Gobierno. AFKA.

La Razón / Iván Condori / Santa Cruz

03:01 / 04 de julio de 2013

El exdirector de asuntos jurídicos del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, procesado por la comisión del delito de extorsión, fue incomunicado en el segundo día de su reclusión en la carceleta de Warnes, distante a 30 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz.

Freddy Fernández, abogado del otro acusado en el proceso del caso Extorsión, denunció que Rivera está incomunicado por disposiciones de la Dirección de Régimen Penitenciario, es decir que no puede recibir visitas. “Primero ordenan el traslado a otros recintos penitenciarios que no reúnen  las mínimas condiciones de seguridad y ahora lo mantienen aislado; el fin es silenciarlo para que no siga hablando”, señaló.

El martes, Rivera y Rodas fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad desde el penal de Palmasola hasta las carceletas de Warnes y Montero, respectivamente. La orden fue emitida por la Dirección General de Régimen Penitenciario con el argumento de preservar su seguridad.

Ayer corrió el rumor de que Boris Villegas, otro acusado en este caso y exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, iba a ser llevado de Palmasola al penal de Cantumarca, en Potosí.

Rivera, Rodas y Villegas trabajaron en el Ministerio de Gobierno. A fines de 2012, el titular de esa cartera, Carlos Romero, denunció que ellos formaban parte de una red de extorsión que cobraba dinero a acusados en diferentes casos.

Revancha. Para la defensa, el traslado y el aislamiento de dos de los 12 procesados por el caso Extorsión es una revancha por la declaración vertida por Villegas el sábado ante el fiscal del Beni, Gróver Montero, en la que reveló que desde el Ejecutivo se diseñó un plan para derrocar al entonces gobernador beniano, Ernesto Suárez, para favorecer políticamente a la candidata del partido de Gobierno.

Fernández sostuvo que detrás de estas acciones estaría el Ejecutivo. “No podemos entender que una orden judicial (para el envío a un penal) sea rebasada por una resolución administrativa de Régimen Penitenciario, esto demuestra que el proceso está politizado y el objetivo es taparle la boca a las exautoridades”, indicó.

El jurista adelantó que el amedrentamiento que viene ejerciendo el Ejecutivo con la separación no los callará. “(Los acusados) vienen preparando nuevas revelaciones en otros casos en que actuó el Gobierno de manera ilegal”, acotó.

La Resolución Administrativa 149/2013, que ordena el traslado de Rivera y Rodas, se sustenta en el informe emitido por el coronel Rubén Sánchez, director del Establecimiento Penitenciario de Palmasola, el 7 de diciembre de 2012, hace siete meses.

Sánchez alertó que fue informado de que los privados de libertad se encontraban en emergencia por la presencia de Rivera y Rodas, y que recibió una llamada telefónica en su oficina en la que una voz masculina le advirtió que tenga cuidado del Pabellón 6 y que iban a eliminar a los dos detenidos. Agregó que se tenía datos sobre el ingreso de $us 40.000 para llevar a efecto esa amenaza.

Villegas, a través de una misiva, señaló que las declaraciones vertidas ante el Fiscal del Beni corresponden a la absoluta y única verdad que puede ser contrastada con la posterior destitución de Suárez de la Gobernación.

“Las decisiones políticas tomadas eran respaldadas por el gabinete jurídico conformado por ministros y viceministros, donde se controlaba y manipulaba al Poder Judicial y Ministerio Público para lograr los objetivos de sostenibilidad del Ejecutivo”, escribió Villegas.

Plantean acción de libertad

La defensa de Fernando Rivera y Denis Rodas, recluidos en las carceletas de Warnes y Montero, presentó un recurso de acción de libertad para pedir el cese de la detención preventiva de ambos acusados para que se defiendan en libertad.

Freddy Fernández, abogado defensor, también anunció el pedido de una acción de amparo constitucional, con el fin de revocar la Resolución Administrativa 149/2013 de la Dirección de Régimen Penitenciario por la que se trasladó a Rivera y Rodas. Explicó que la norma constitucional prevé que cuando está en peligro la vida de un procesado, se puede plantear la acción de libertad. “Estamos recurriendo a ese recurso”, dijo.

Según el jurista, la vida de sus defendidos corre un grave peligro en las dos carceletas. “No cuentan con la seguridad respectiva y se encuentran vulnerables a cualquier ataque”, acotó. Régimen Penitenciario, al emitir esa resolución administrativa, incurrió en delitos de violación a las leyes, desacato, injerencia e intromisión. 

Rivera, antes de ingresar a la carceleta de Warnes, señaló que en ningún momento se pensó en extorsionar o presionar al estadounidense Jacob Ostreicher, acusado de legitimación de ganancias ilícitas. Por este caso, él, Rodas y Boris Villegas fueron denunciados en este proceso en 2012. 

El director de la carceleta de Warnes, Aquiles Zabala, confirmó que el traslado responde a una disposición de Régimen Penitenciario. Rivera está encerrado en una celda de 20 metros cuadrados y comparte el espacio con otras 50 personas que guardan reclusión. Zabala manifestó que el lugar es pequeño y no hay lugar para descansar.

Ante la falta de espacio, durante la noche el 50%  (25) de los internos se ponen de pie para que el resto pueda dormir y posteriormente ellos se acuestan, mientras los otros permanecen parados, indicó. Los familiares de Rivera y Rodas se sorprendieron por el traslado.

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