Seguridad nacional

Evo anuncia referéndum para otro intento de reforma judicial

Cuestionamiento. El Presidente califica al sistema de justicia de ‘centro de extorsión’

Himno. Morales, secundado por el fiscal general, Ramiro Guerrero (izq.), y el titular del TSJ, Jorge von Borries (der.)

Himno. Morales, secundado por el fiscal general, Ramiro Guerrero (izq.), y el titular del TSJ, Jorge von Borries (der.) Yuvert Donoso.

La Razón (Edición Impresa) / R. Atahuichi, Y. Donoso / La Paz

03:54 / 06 de enero de 2015

Al cuestionar la eficiencia y la honestidad de la administración de justicia, el presidente Evo Morales anunció un nuevo intento de reforma judicial, esta vez mediante un referéndum que incluso defina la eventual modificación de la Constitución Política del Estado (CPE).

“Me voy a quejar al pueblo y (que) el pueblo defina mediante un referéndum una profunda revolución dentro de la Justicia boliviana. Si hay que hacer una reforma a la Constitución, hay que hacerlo mediante el referéndum”, dijo el Mandatario en la inauguración de las actividades anuales del Ministerio Público, en Sucre.

En su discurso, Morales lamentó que la elección por voto ciudadano de autoridades judiciales —que su gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional propiciaron en 2011—   no haya resuelto los problemas en la administración de justicia y luego consideró que es “extemporáneo” y “muy tarde reaccionar” en cambios y mejoras desde las propias estructuras e iniciativas judiciales del país.

Reflexión. “Yo tenía mucha confianza en que autoridades electas con el voto del pueblo presten servicio al pueblo; yo decía ‘el inicio de esta nueva gestión con autoridades electas, con la voluntad popular, con la voluntad del pueblo boliviano, será modelo de justicia en Bolivia’. Estuvimos en la mira de la comunidad internacional, todos (estuvimos) contentos de cómo cambiará (la Justicia); sin embargo, hasta ahora no se ha cambiado nada y, más bien, de acuerdo a los datos que tenemos, se ha empeorado la Justicia en Bolivia”, afirmó Morales.

En presencia de las principales autoridades judiciales, entre ellas el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries; el fiscal general, Ramiro Guerrero, y el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efrén Choque, el Jefe del Estado consideró que el sistema judicial del país “es el centro de extorsión y corrupción”, y además planteó la necesidad de establecer sanciones a juristas que no cumplen las normas. Anunció que el camino que ha decidido tomar una vez que asuma un nuevo mandato el 22 de enero será consultar al pueblo boliviano de qué forma se puede cambiar la Justicia.

Esbozó algunas ideas que podrían ser incluidas en un formulario que será elaborado con el asesoramiento de expertos. Entre ellas mencionó que los operadores de justicia sean investigados a través de la declaración jurada, para saber con cuánto ingresan a la función pública y con cuánto salen; también señaló que si algún abogado comete errores o delitos, debe perder su condición profesional.

En los comicios del 16 de noviembre de 2011, cuestionados por  la oposición, fueron elegidos magistrados del TSJ, del TCP, del Consejo de la Magistratura (CM) y del Tribunal Agroambiental, (TA) además de las autoridades departamentales.

Estructura del órgano judicial

Elección

Los artículos 182, 187, 194  y 198 dictan la elección por voto popular de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.

Vigencia

Desde el 3 de enero de 2012 rigen las funciones de 56 autoridades del TSJ, TCP, CM y TA, además de vocales departamentales.

Críticas

El presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y la ministra Sandra Gutiérrez cuestionaron y desahuciaron a su turno la administración de justicia en el país.

Autoridades, dispuestas a la decisión

Yuvert Donoso

Consultadas por La Razón, autoridades judiciales electas por voto popular dijeron que están dispuestas a someterse al referéndum propuesto por el mandatario Evo Morales y dejaron en manos del pueblo boliviano su futuro en el Órgano Judicial. El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efrén Choque, dijo que respeta la decisión política y administrativa asumida por el gobernante boliviano y luego adelantó que, en lo personal, se someterá a un referéndum.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, consideró que el Jefe del Estado expresa la voz del pueblo y que está escuchando el clamor para  cambiar la Justicia. Aseguró que, pese a los esfuerzos realizados al interior del sistema judicial boliviano, no se lograron cambios importantes.

El magistrado del Tribunal Agroambiental Bernardo Huarachi calificó como una medida acertada del Mandatario el convocar a un referéndum y añadió que Morales está muy bien informado sobre lo que está pasando en el Órgano Judicial. “Yo he sido elegido por más de medio millar de bolivianos y a ellos me someto”, indicó Huarachi.

El consejero de la Magistratura Wilbert Choque reconoció que existe razón en las críticas expuestas por Morales y manifestó su predisposición ante la consulta. El decano del Tribunal Supremo de Justicia Rómulo Calle declaró que el referéndum es un derecho del pueblo que está reconocido en la Constitución Política del Estado. “Si venimos del voto, ellos deciden”, sostuvo la autoridad judicial.

La justicia ante el escrutinio nacional

Sandra Gutiérrez: Ministra de Justicia

Hemos tratado por varios medios de mejorar la Justicia sacando nuevas leyes, implementando nuevos reglamentos, pero esto no funciona y la única forma es de irnos al referéndum.

Jorge Von Borries: Presidente del Tribunal Supremo de Justicia

Mientras no haya nada oficial sobre la propuesta del presidente Evo Morales, las autoridades judiciales deben seguir trabajando en mejorar la administración de la Justicia.

Marcelo Antezana: Senador de Convergencia Nacional

Con seguridad, la sociedad  boliviana no está preparada para que en el próximo año y medio se pueda afrontar una situación de esta naturaleza  (el referéndum).

Rodolfo Calle: Titular de la Comisión de Justicia Plural de Diputados

Éste es el momento para que los malos operadores de justicia se vayan a su casa y dejen a personas que quieren trabajar en beneficio de la sociedad, que es la que sufre las consecuencias de una mala administración de justicia. Ahora lo que nos corresponde es mejorarla.

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