Seguridad nacional

Cusi y Choque deben remitir alegatos a Diputados en 10 días

Proceso. Los magistrados fueron denunciados por el alcalde Revilla

Febrero. Magistrados del TCP reunidos en Sucre.

Febrero. Magistrados del TCP reunidos en Sucre. Yuvert Donoso.

La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán / La Paz

04:18 / 25 de octubre de 2014

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efren Choque, y el magistrado Gualberto Cusi tienen diez días para presentar pruebas de descargo por una denuncia en su contra, ante el Comité de Ministerio Público de Diputados.

El plazo se debe a que ambas autoridades ya comparecieron ante esa instancia legislativa y se acogieron al derecho al silencio. Ambas autoridades fueron denunciadas por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, de emitir una resolución inconstitucional y fuera de los plazos establecidos.

“Estas autoridades (Choque y Cusi) tienen diez días para presentar ante el Comité de Ministerio Público las pruebas de descargo, para que luego los miembros (de la instancia legislativa) analicen el caso para después emitir un criterio”, comunicó a este diario el titular del Comité, Wilfredo Calani. Explicó que se evaluará si procede o no el proceso en contra de los magistrados. Si prospera, se lo remitirá a la justicia ordinaria.

Calani indicó que la denuncia también alcanza a los magistrados del TCP Ruddy Flores y Mirtha Camacho, quienes aún no se dejaron notificar, pese a que estaban en un acto en la ciudad de La Paz. Por ese motivo, funcionarios de la Asamblea Legislativa viajarán hasta la fuente laboral de ambos, en Sucre, para llevar adelante la notificación respectiva junto a sus testigos.

El jueves, el diputado Calani informó que se convocó a declarar a cinco magistrados titulares del TCP, entre ellos las autoridades citadas, debido a que son investigados por diferentes denuncias que fueron interpuestas en su contra.

Las demandas contra las autoridades se dan al margen del proceso contra las dos magistradas suspendidas, Ligia Velásquez y Rosario Chánez, quienes son acusadas de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes por haber paralizado con un recurso la vigencia de la Ley del Notariado. Por ello, el Senado prevé iniciarles un juicio de responsabilidades el 4 de noviembre.

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