Seguridad nacional

TCP admite la consulta sobre legalidad de Ley de Extinción

Justicia. Liberan a choferes detenidos cuando rechazaban la ley

La Paz. Neldy Andrade, presidenta del TCP, en la conferencia de ayer.

La Paz. Neldy Andrade, presidenta del TCP, en la conferencia de ayer.

La Razón / Juan José Cusicanqui / La Paz

02:53 / 16 de noviembre de 2012

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió el recurso de consulta sobre la constitucionalidad del cuestionado proyecto de Ley de Extinción de Dominio a Favor del Estado, que fue interpuesto por el presidente Evo Morales el 8 de noviembre.

Neldy Andrade, presidenta interina del TCP, informó ayer que la Comisión de Admisión de ese organismo estatal dio curso a la solicitud del Jefe del Estado, por lo que ahora resta notificar esta decisión a los órganos Ejecutivo (proyectista de la ley) y Legislativo, que debe paralizar el tratamiento y aprobación de la norma, y sortear al magistrado relator.

Una vez que se tenga al relator, éste, tras un análisis, debe presentar un proyecto de sentencia del caso que declare constitucional o inconstitucional, para que el mismo sea sometido a votación. Para este proceso se tiene un plazo de 30 días, explicó Andrade.

Norma. El proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado dicta confiscar y monetizar aquellos bienes provenientes del narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, contrabando y corrupción. Fija como patrimonios por embargar aquellos que lleguen a tener un valor de Bs 70 mil o más. La Cámara de Diputados aprobó esta propuesta en su estación en grande.

Sin embargo, el tratamiento de este borrador de ley fue paralizado en la Asamblea por cuestionamientos de los sectores de los transportistas y gremiales, quienes sostienen que la norma puede llegar a afectar a su patrimonio y que no respetaba la presunción de la inocencia y el debido proceso.

Las autoridades de Gobierno explicaron que hay salvaguardas para evitar el decomiso de bienes a ambos sectores. No obstante, los dos sectores promovieron paros y bloqueos. Por ese motivo, el Presidente decidió enviar a consulta el proyecto de ley ante el TCP, para que dirima los cuestionamientos que hay.

Tras el último paro de los choferes y gremialistas de Santa Cruz, el martes —movilización destinada a rechazar esta norma y en la que hubo 29 detenidos—, para hoy está prevista una reunión entre el Ministro de Gobierno y dirigentes de ambos sectores, con el objetivo de analizar el tema.

Este encuentro se allanó porque los 29 detenidos el martes fueron liberados ayer por la jueza 7° de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz de la Sierra, Valeria Salas, según un reporte de la corresponsalía de este diario. Tras conocer el dictamen de la jueza Salas, los transportistas y gremialistas, declarados en estado de emergencia, garantizaron su participación en la reunión programada para esta jornada.

El Ministerio Público presentó la imputación contra las 29 personas por los delitos de atentado contra el libre tránsito, lesiones leves y graves, sedición y atentado al trabajo. Los imputados fueron aprehendidos en los bloqueos en las zonas Viru Viru, Doble Vía a la Guardia y Santos Dumont.

Luego de evaluar la imputación presentada por la Fiscalía y el alegato de la defensa de los aprehendidos, Salas dictó medidas sustitutivas a la detención preventiva. Los liberados deberán presentar dos garantes económicamente solventes, la presentación ante el Fiscal cada 15 días y quedaron prohibidos de participar en futuras protestas y manifestaciones. 

En La Paz, la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, indicó que recibió pedidos de explicación de la norma. “Hay muchos sectores que, especialmente a las presidentas, nos están pidiendo la socialización, entonces lo que estamos haciendo es dar la información, no podemos dejar de dar la información, es nuestra responsabilidad”, sostuvo la autoridad.

Respecto a las movilizaciones que todavía son anunciadas por algunos sectores sociales en rechazo a esa norma, Delgado manifestó que ese tipo de medidas son prematuras debido a que se debe esperar el fallo que emita el TCP sobre el proyecto de ley.

Recursos confiscados irán a fondo antidrogas

Bolivia, Brasil y Perú proyectan la constitución de un fondo común para luchar contra el narcotráfico con parte de los recursos económicos generados en las tres naciones a partir de la vigencia de leyes de Extinción de Dominio de Bienes. La idea es que el dinero sea destinado a fortalecer la tecnología y a pagar a informantes para enfrentar ese flagelo, informó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Este es el resultado de una reunión de autoridades de Gobierno de los tres países en Lima, donde analizaron la situación de la lucha contra el narcotráfico y perfilaron acciones para afianzar los esfuerzos destinados a combatir de forma coordinada este ilícito, particularmente en las zonas de frontera compartida.

A diferencia de Bolivia, Brasil y Perú ya cuentan con leyes de Extinción de Dominio de Bienes que permiten principalmente el decomiso y rápida monetización de aquellos bienes producto de actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando.

“Se planteó establecer un fondo para que ese fondo trinacional fortalezca la tecnología, pero también pueda definir el pago de recompensas a quienes brinde información”, explicó. Romero a la red Unitel, quien también destacó que en el encuentro se habló del fortalecimiento de operativos coordinados, la definición de agentes de enlace y la solución de deficiencias en el control de fronteras.

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