Seguridad nacional

‘En unos 10 a 15 años tendremos un sistema judicial nuevo’

Cecilia Ayllón Después de más de una década de la reforma judicial, que planteó el Código de Procedimiento Penal, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, critica su aplicación. Aduce que a la fecha no se logró implementar esta norma a la realidad boliviana y que más bien generó retardación. Ahora se plantea plazos para darle otro enfoque a la aplicación de las normas y se elaboran otras que permitan avanzar en la construcción de una nueva administración de Justicia en el país.

Autoridad. La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, durante la entrevista concedida a La Razón en su despacho de la ciudad de La Paz. Foto: Pedro Laguna

Autoridad. La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, durante la entrevista concedida a La Razón en su despacho de la ciudad de La Paz. Foto: Pedro Laguna

La Razón / Ernesto Calizaya

00:07 / 27 de agosto de 2012

— En enero se dio paso a una nueva administración de Justicia, se gesta un cambio en las universidades para la formación de profesionales en Derecho y está próxima la elección de un nuevo Fiscal General del Estado. ¿Con estos elementos se podrá solucionar la situación de la Justicia y el tema de la retardación, por ejemplo?

— No podemos hacer que 187 años de construcción de una Justicia republicana, colonial, puedan resolverse en escasos meses o años; es todo un proceso. Por ejemplo, si logramos que las universidades cambien su pensum, gente joven entrará a la universidad y dentro de cinco años tendremos nuevos abogados, formados con un nuevo enfoque.

— ¿Qué se hará entretanto?

— Tenemos que emprender un programa de capacitación, de formación, mucho más agresivo, que va en función de las escuelas de jueces, de fiscales y de abogados que van a permitir que se cambie esa formación colonial. Estamos hablando de una descolonización que está en nuestras mentes. Por otro lado, estamos hablando de la nueva normativa que en este momento se está elaborando en el Ministerio de Justicia, que va a permitir tener nuevas reglas que nos van a mostrar la nueva Justicia que está diseñada en la Constitución Política del Estado (CPE).

— ¿Se avanza en ese proceso?

— Para ingresar de lleno, necesariamente tenemos que liquidar este sistema, esa herencia de 187 años. En poco tiempo habrá un cambio de Fiscal General, que podrá cambiar a los fiscales de Distrito y se hará evaluaciones de los fiscales que están en este momento. Por otro lado, en el Ministerio de Justicia se está trabajando en un conjunto de leyes. Esto se va a implementar de manera paulatina, estimo que en unos 10 a 15 años ya tendremos un sistema judicial nuevo que esté marchando a cabalidad, conforme señala nuestra Constitución.

— ¿Qué implica liquidar el sistema vigente; resolver las causas pendientes producto de la retardación, empezar de cero?

— Entendamos que la solución es cambiar completamente de sistema, como establece la CPE, y entrar al nuevo sistema. Para ello debemos resolver las causas que están en este momento pendientes, para que no tengamos que convivir dos sistemas judiciales —el inquisitivo y el acusatorio—. Hace 12 años que se hizo una reforma judicial, se planteó un nuevo Código de Procedimiento Penal (CPP) y hasta ahora hay jueces inquisitivos (...), se está trabajando con el sistema inquisitivo. Si pasamos al nuevo sistema, estaríamos con tres sistemas, el inquisitivo, el acusatorio y el reformulado nuevo; los tres pretenden dar solución a los problemas de la Justicia.

— La reforma judicial de finales de los 90 permitió implementar los juicios orales, usted critica los resultados de la aplicación del CPP actual...

— En esa reforma judicial se planteó el CPP basándose en la retardación de Justicia y el hacinamiento de detenidos preventivos (70%) frente a quienes tenían sentencia (30%). Ese sistema inquisitivo era poco garantista (...), había demasiada retardación porque era escriturado y ritualista. Viene este nuevo CPP como solución, cuesta Bs 11 millones y a los tres años de su implementación se establece que el sistema no se acomodaba a la realidad nacional (...), luego de 12 años no se ha logrado implementar este CPP.

— ¿Qué falló?, ¿cuáles son las causas?

— Primero, la formación de los abogados, que contempla el Derecho Romano como el pilar y la filosofía del Derecho en Bolivia; otro de los factores es la aplicación que le han dado jueces, fiscales y abogados a este procedimiento penal. A los 10 años se hizo el corte y hemos visto un CPP súper retardador, del 100% de las causas ingresadas en diez años, se ha resuelto el 20%, lo que equivale a decir que en este momento tenemos 80% de detenidos preventivos y 20% de personas que están condenadas.

— Si no mejoró la situación con la reforma, ¿no sería mejor volver al anterior sistema?

— De ninguna manera, se tiene que mantener el sistema actual, pero con un nuevo enfoque. El anterior era una defensa irrestricta a los derechos del imputado y nuestra CPE ahora dice que se debe defender al imputado y también a la víctima; debe tener un abogado que el Estado le provea (...). Se debe priorizar la verdad material, ir al fondo del problema y no a la periferia como pasa ahora, que para llegar al juicio oral tenemos que pasar por —excusas, recusaciones, excepciones, incidentes— lo que se llama chicana jurídica.

— ¿Cuál el trabajo que propone su ministerio para paliar esta retardación de Justicia?

— Todos los actores que hacen al sistema judicial penal debemos reunirnos para elaborar un plan nacional de contingencia liquidadora de este sistema (...) El Ministerio de Justicia estuvo en reuniones de coordinación con operadores y administradores de Justicia. Esto permitió que ya se esté realizando la liquidación de causas que no están en movimiento. Cochabamba, en tres meses, logró liquidar alrededor de 600 causas.

— ¿Dónde se concentra la mayor retardación de Justicia?

— No tengo el dato exacto de número de causas pendientes, pero están concentradas, en su mayoría, en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, incluso en Tarija y Chuquisaca, donde el número de jueces no es suficiente para que puedan resolver las causas.

— ¿Será necesario, entonces, reforzar la cantidad de jueces?

— En Potosí y en Oruro, que están más o menos al día, tienen un número significativo de tribunales y de jueces (...); la demanda no es tan grande como en otros departamentos, y ese análisis debió haberlo hecho el Consejo de la Judicatura. Ahora, el actual Consejo de la Magistratura está trabajando en esos puntos álgidos, para darnos estadísticas y soluciones, y que se pueda crear o trasladar mayor número de jueces a este eje central, para que podamos tener una liquidación adecuada.

— También se habla de las chicanas como factor de retardación, ¿en qué medida se puede atribuir este problema a jueces o al Ministerio Público?

— No me atrevería a decir que es culpable el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, los jueces, policías o abogados defensores, lo que sí puedo afirmar es que el sistema no ha funcionado y el sistema lo componen todos esos actores. En su momento, se creía que eran los jueces corruptos los que retrasaban la Justicia (...) Se crea un Consejo de la Judicatura, se cambia jueces, y resulta que los corruptos que salieron fueron reemplazados por otros más corruptos. Entonces, seguir reemplazando jueces no es la solución.

— ¿A quién culpar, entonces?

— Creo que hay problemas estructurales: la formación que tenemos los abogados en las facultades y la práctica que hace que este sistema ya no pueda funcionar, y a eso se puede añadir una normativa que se presta a esto.

— Además de la retardación de Justicia, se planteó la gratuidad de la misma. ¿Cuánto se avanzó en este terreno?

— Hay un avance muy grande. El Estado está soportando ese costo y a partir de 2013, como señala la Ley del Órgano Judicial, se concluirá con la eliminación de papeletas y otros valorados para finalmente tener una Justicia gratuita.

Se prevé aprobar diez leyes hasta fin de año

El Ministerio de Justicia trabaja en la elaboración de un conjunto de al menos diez leyes que tienen prioridad y merecerían ser promulgadas en lo que va de este año.

Entre ellas está la Ley del Notariado, que permitirá el descongestionamiento judicial, toda vez que a la fecha los juzgados de Instrucción tienen el 70% de su carga jurisdiccional con procesos voluntarios, procesos que no son contenciosos o conflictivos, sino voluntarios, como una declaratoria de herederos.

Esos trámites que duran unos cuatro meses en juzgados y cuestan Bs 4.000, con esa ley, pasarían a tuición de los notarios, que los resolvería en media hora, por no más de Bs 500.

También se trabaja en la nueva Ley de la Abogacía, la de Defensa del Litigante, Defensa del Imputando y Defensa de la Víctima.Entre las prioridades para esta gestión se menciona también la elaboración de la Ley del Niño, Niña y Adolescente, el Código de Familia, el Código de Justicia Penal Juvenil, la Ley de Violencia en las Escuelas y la Ley de juventudes, que van a permitir proteger de mejor manera a ese grupo poblacional vulnerable.

Al final de este tratamiento de leyes para esta gestión, está el Código de Procedimiento Penal, que se trabaja desde 2011, junto al Código Procesal Civil, el Laboral y el Agroambiental, que se constituyen en herramientas de trabajo para los administradores de justicia. Se prevé que ese paquete de leyes marque el cambio total de la justicia en el país.

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