Seguridad nacional

Consorcios de jueces y juristas operan en al menos 5 urbes

En medio de denuncias sobre hechos de corrupción que implican a operadores de justicia, autoridades y un jurista advierten que unos 17 consorcios de jueces y abogados, además de fiscales y policías, operan en cinco ciudades para extorsionar y negociar fallos para litigantes.

Audiencia. El vocal del TDJ de La Paz Fernando Ganam es llevado a celdas judiciales el jueves 31.

Audiencia. El vocal del TDJ de La Paz Fernando Ganam es llevado a celdas judiciales el jueves 31. APG-ARCHIVO

La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán / La Paz

02:19 / 11 de abril de 2016

En medio de denuncias sobre hechos de corrupción que implican a operadores de justicia, autoridades y un jurista advierten que unos 17 consorcios de jueces y abogados, además de fiscales y policías, operan en cinco ciudades para extorsionar y negociar fallos para litigantes.

Esta información fue proporcionada a La Razón por autoridades del Consejo de la Magistratura y del Gobierno, además del presidente del Colegio de Abogados de La Paz. Reiteran que la Justicia boliviana está en crisis y sumergida en actos ilícitos.

Ariel Marañón, jefe de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura de La Paz, informó que su despacho indaga tres casos de consorcio (asociación ilegal de jueces y abogados para negociar sentencias), dos en la sede de gobierno y uno en El Alto.

Proceso. “Nos hemos alertado por las denuncias de que existen consorcios de jueces y abogados. Una muestra son los casos, por ejemplo, de los vocales de la Sala 1ª del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el caso de Martín Belaunde, en el que se asociaron con un jurista para favorecer en un fallo; el otro, por el mismo delito, y es reciente, del vocal Fernando Ganam, que negociaba un fallo”, declaró Marañón a La Razón.

Explicó que al margen de esos dos procesos de la ciudad de La Paz, hay otra denuncia que se investiga en El Alto e implica a un juez, dos abogados y efectivos de la Policía. “Pedimos a la gente que denuncie este tipo de delitos que cometen algunas autoridades judiciales, fiscales, abogados e incluso policías. Ya viendo estos casos es que se programó el control y fiscalización de los procesos y el estado de los juzgados”, declaró.

Los casos a los que se refiere son el de junio de 2015, cuando los vocales Ricardo Chumacero y Ramiro López fueron encarcelados por favorecer una sentencia de amparo constitucional al peruano Martín Belaunde, en complicidad de un abogado. El otro es del 29 de marzo, cuando Ganam también fue sindicado de negociar el fallo de un amparo del abogado Jhonny Castelú en contra de Cotel (Cooperativa de Teléfonos La Paz).  

El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, corroboró esta información e incluso detalló que los consorcios operan en La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Reiteró que la denuncia de conformación de estos grupos jurídicos, “que trafican con la justicia”, fue emitida desde esta cartera gubernamental. Agregó que se instalaron mecanismos para que la población denuncie estos ilícitos.

“Hay una dependencia del factor económico que sometió al Órgano Judicial y esto hace que la justicia esté supeditada a estos consorcios que operan con policías, jueces, fiscales y abogados. Ahora se intensificó el hecho de que el problema de la justicia es la corrupción, a la que los operadores someten a la gente”, sostuvo Jiménez.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, coincidió con el Viceministro de Justicia en que en el país los “consorcios más grandes” operan en La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. “Creo que hay consorcios en todo el país, pero los más preponderantes están en esas regiones, donde prácticamente la gente conoce y se calla por temor”.

Detalló que, según las denuncias que recibieron en el ente colegiado, incluso se hizo una clasificación de conformación de consorcios en función a su materia, por ejemplo en el campo ‘penal’ hay unos 10 de estos grupos, en materia ‘civil’ cuatro y en ‘laboral’ al menos tres.

También precisó que los consorcios captan a los fiscales recién posesionados en reuniones y les ofrecen “grandes cenas” y otras atenciones. En esos encuentros, acotó, se les entrega “sobres llenos de dinero” con el fin de comprometerlos. Aseguró que pocos profesionales lo rechazan.

Al respecto, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, pidió a Jiménez entregar pruebas si las tiene. También solicitó a las autoridades remitir las denuncias para iniciar un proceso de investigación, ya que hasta el momento solo conoce de un caso de consorcio que es investigado por el Ministerio Público, al hacer referencia al vocal Ganam.

Trabajo de consorcio

Estrategia

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, dijo que en Derecho se da el consorcio con estudios jurídicos, que tienen contactos con policías, fiscales, jueces, vocales y autoridades superiores, con el fin de manipular la justicia.

Los dos casos que son investigados

 Desde 2015, se descubrieron dos casos de consorcio de jueces y abogados, además de fiscales, en La Paz. Ambos son investigados por autoridades del Ministerio Público.

En junio de 2015, los vocales de la Sala Penal 1ª del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Ricardo Chumacero y Ramiro López, eran investigados por la fuga del peruano Martín Belaunde. Luego fueron aprehendidos porque el presidente de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), César Siles, los denunció por recibir dádivas de Belaunde a cambio de favorecerlo con un amparo constitucional presentado por su abogado Jorge Valda en La Paz. Ese recurso fue aceptado y el pedido de asilo político del extranjero ante la Conare volvió a fojas cero. El Ministerio Público indicó que el delito era por consorcio de jueces y abogados, además de fiscales y policías.

Otro caso se dio el 29 de marzo, cuando el vocal de la Sala Penal 2ª del TDJ de La Paz, Fernando Ganam, fue encarcelado por negociar el fallo de un amparo con el abogado de la parte denunciada en el proceso Castelú contra Cotel (Cooperativa de Teléfonos La Paz). Por ese hecho, la autoridad judicial es acusada de cometer los delitos de consorcio de jueces y abogados, y cohecho pasivo y activo. El vocal fue capturado por la Policía en el despacho del abogado Milton Mendoza, ahí se encontraron otros expedientes judiciales, lo que es ilegal. Se presume que allí se negociaban fallos.

El caso Ganam hizo que se descubra otra irregularidad ligada al consorcio, que implica a la jueza Lía Cardozo, autoridad judicial que tiene orden de detención preventiva en el penal de San Sebastián de Cochabamba.

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