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La transición retrasa la labor del TCP, según la ONU

Las Naciones Unidas cree que el factor que retarda la labor del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para la resolución de los casos, es la transición que atraviesa, debido a que tiene más competencias que su órgano antecesor y porque todavía modifica su estructura organizativa.

Informe. Dennis Racicot (der.), alto comisionado de la ONU sobre DDHH en Bolivia, ayer en La Paz.

Informe. Dennis Racicot (der.), alto comisionado de la ONU sobre DDHH en Bolivia, ayer en La Paz.

La Razón / Luis Mealla / La Paz

02:50 / 22 de marzo de 2012

“El Tribunal Constitucional tiene un incremento de competencias que no son las mismas del anterior tribunal. (Ahora) debe conocer la jurisdicción constitucional, la revisión de los estatutos autonómicos y todo el nuevo campo de la jurisdicción indígena originario campesina; es posible que esa situación sea, en parte, lo que explicaría la tardanza del tribunal en asumir su decisión y empezar a juzgar”, dijo el alto comisionado de las Naciones Unidas en Bolivia, Dennis Racicot.

El martes se conoció el informe anual de la alta comisionada en Derechos Humanos, Navi Pillay, que  advirtió sobre la profundización de la crisis en la administración judicial, aunque destacó las medidas asumidas que tomó el Estado boliviano para luchar contra el racismo.

En febrero, el magistrado suplente del TCP Milton Mendoza denunció que esa institución, desde su posesión, no resolvió ni un solo caso y que además devolvió más de 300 causas a los litigantes.

Este hecho fue criticado por organizaciones sociales y políticas. Incluso el abogado Víctor Miranda planteó un juicio de responsabilidades en contra de los tribunos, acusándolos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y negativa y retardo de justicia. Este proceso ya está en conocimiento de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.

Rol. Al respecto, Racicot agregó que la anterior semana se reunió con el presidente del TCP, Ruddy Flores, quien le explicó que el nuevo tribunal tiene un “papel más amplio”, como lo demanda la nueva Constitución Política del Estado, por lo que se ha modificado su estructura organizativa. Acotó que el TCP cuenta con un nuevo edificio para realizar su trabajo y que aún está en la etapa de contratación de personal para ampliar sus competencias.

“Esa podría ser una explicación, en estos momentos, de la tardanza de entregar algunas decisiones y, en su momento, deberán dar frutos y eso es lo que espera la población”, manifestó el representante de la ONU.

De acuerdo con la organización internacional, el rezago o retardación judicial en el país llegaba, en 2011, a unos 500 mil casos en todos los niveles. “A pesar de un excelente trabajo del equipo anterior en el Tribunal Constitucional, que terminó su mandato el 3 de enero, quedan muchos casos acumulados desde 2009 y hay que asumir esas nuevas competencias”, agregó Racicot.

Respecto a la elección de las autoridades judiciales, la ONU calificó de “ejemplar” para la región y el mundo este proceso registrado en 2011. Sin embargo, recomendó revisar el procedimiento de preselección de los postulantes y el proceso de información sobre los méritos de los candidatos.

El informe anual del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos estableció que el 80% de la población carcelaria en Bolivia no tiene sentencia ejecutoriada. Por ello recomienda acabar con la retardación de justicia.

Pillay, al emitir su informe en Ginebra, Suiza, recomendó a las nuevas autoridades del Órgano Judicial garantizar la independencia de poderes para superar la “crisis estructural del sistema de administración de justicia”, además de implementar de manera efectiva la carrera judicial, la cual incide sobre la alta tasa de población carcelaria.

En el informe también se señala que hubo progreso en la lucha contra la discriminación y en indicadores relacionados a derechos económicos, sociales y culturales. Empero, a la ONU aún le preocupa los altos niveles de violencia registrados contra las mujeres y niñas.

La actividad contra la corrupción

Denuncias

El informe de la ONU señala que, en el marco de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, el Ministerio de Transparencia, tramitó entre 2006 y 2011, 290 denuncias  contra actuales o exfuncionarios públicos.

Procesos

Del total de procesos penales, 59 desembocaron en acusaciones, 12 llegaron a etapa de juicio oral y ocho a sentencia, mientras la mayoría de los casos continúa en fase preliminar o preparatoria.

Es prematuro hablar de la imparcialidad, dice Hurtado

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, considera prematuro calificar de parcializada la nueva administración judicial en el país. Al contrario, dijo que se trabaja para resolver las causas con la aplicación de la ley de manera transparente y oportuna.

Así, Hurtado se refirió a la recomendación hecha por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en sentido de que deben contribuir en forma efectiva a la consolidación de la independencia judicial.

“Es muy pronto señalar que el Tribunal Supremo de Justicia estaría actuando de manera parcializada, no nos olvidemos que nuestra Constitución  Política del Estado establece que la forma de elección de nuestros magistrados no se le debe a un senador a un diputado, es decir que se debe al pueblo boliviano el que va a juzgar a nuestras autoridades judiciales”, manifestó Hurtado.

Romero destaca el informe del organismo

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, destacó el informe de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, ya que —en su criterio— los datos referidos a la “crisis” en la administración de justicia no “oscurecen” los logros del Estado alcanzados en esta materia.

“El informe identifica problemas estructurales en la justicia y en el régimen penitenciario; de todas maneras (el informe) no oscurece los logros alcanzados. Lo que no significa que el Estado no ponga énfasis y especial cuidado en sus recomendaciones, porque van a ser altamente orientadoras”, señaló el Ministro de Gobierno.

Romero agregó que la situación de los derechos humanos en Bolivia, según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, tiene un matiz “altamente favorable” para Bolivia. “El informe también destaca que el procedimiento de preselección de postulantes al Órgano Judicial debería ser mejorado y ésa es una tarea que deberá reflexionar la Asamblea Legislativa”, expresó.

El titular de Gobierno manifestó su complacencia sobre la evaluación que las Naciones Unidas hizo sobre la lucha antirracismo. “Esto nos alegra porque hoy (ayer) se recuerda la Declaratoria del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, establecido por Naciones Unidas, mediante una resolución que se remonta al año 1966”, indicó.

La autoridad recordó que Bolivia es uno de los pocos países que cuenta con un marco jurídico referido a este tema. “La norma es destacada por las Naciones Unidas, no sólo por el hecho de que Bolivia cuente con los instrumentos jurídicos, sino por haberlos implementado”, dijo, reportó ANF.

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