Nacional

El traslado de la CIDH tropezará con al menos cuatro obstáculos

Región. El cambio de sede no afectará el funcionamiento de la comisión de DDHH

Tiquipaya. 20 países que ratificaron el Pacto de San José coinciden en hacer reformas a la CIDH.

Tiquipaya. 20 países que ratificaron el Pacto de San José coinciden en hacer reformas a la CIDH. Fernando Cartagena.

La Razón / Iván Paredes / La Paz

00:59 / 19 de mayo de 2013

Si bien existen 18 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que respaldan el traslado de la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta mudanza enfrentará al menos cuatro obstáculos. La iniciativa no afectará el funcionamiento del sistema. 

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, en entrevista con La Razón, enumeró cuatro aspectos que demorarán el traslado de la sede de la CIDH a un país signatario al Pacto de San José. Costa Rica y Perú se ofrecieron a albergar al instrumento regional.

Primero, habrá que modificar el estatuto de la instancia que defiende los derechos humanos; segundo, se tendrá que lograr el mayor consenso sobre el tema entre los estados miembros; tercero, se deberá resolver lo presupuestario; y, cuarto, ver la infraestructura de una nueva sede.

“Ahora veremos qué hay que hacer. ¿Hay que reformar el estatuto? ¿Cómo lo hacemos? Ver el traslado del personal, eso puede costar mucho, algunas personas que no quieren ser trasladadas, tienen que ser liquidadas, ¿cuánto costará la sede? ¿La sede la pagará el país que reciba a la CIDH o habrá una contribución de todos?”, identificó las trabas el diplomático ecuatoriano.

La CIDH tiene su sede en Washington, Estados Unidos, país que no suscribió los tratados de defensa de los derechos humanos. Esta es la razón por la que 18 naciones pidieron la mudanza del instrumento a cualquiera de los países que se adhirieron a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, el cual tiene a 22 estados signatarios, entre los que se encuentra Bolivia.

Patiño reconoció que el traslado de la sede no será efectivo este año, ya que aún falta lograr consensos con el resto de las naciones (16 países). Además, el diplomático insistió en que el cambio de asiento de la CIDH requiere un análisis jurídico y presupuestario.   

La Segunda Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se desarrolló en Tiquipaya el 14 de mayo,  concluyó con la “Declaración de Cochabamba”, documento que, entre otros aspectos, instruye a Ecuador y Uruguay a organizar un grupo de trabajo que estudie el traslado de la CIDH.

Improbable. El Canciller de Ecuador insistió en que la iniciativa no será aprobada de inmediato, desmintiendo a quienes decían que esta decisión podía ser adoptada en la Asamblea General del organismo, que tendrá lugar en Guatemala en junio. “Yo creo que es difícil llegar con este consenso a Guatemala; hay que trabajar más y lo que se decide en la OEA conlleva muchos aspectos”, reconoció.

El experto en temas internacionales Gustavo Aliaga destacó que es necesario un cambio de sede, ya que esto absolvería temas administrativos que perjudican. Pero ve que tras el pedido de mudanza del instrumento más bien habría un “mensaje político” contra Estados Unidos.    

“¿Por qué trasladar la sede? Específicamente es muy complicado para los latinos llegar a Estados Unidos (...). Lo que pasa es que Bolivia, Venezuela y Ecuador confunden el tema y quieren hacer del cambio de sede un mensaje político”, explicó el experto.

Recordó que México hizo un plan de traslado hace dos años. Coincidió en que esta iniciativa demorará, ya que se deben asumir varios trámites administrativos y financieros. El embajador boliviano ante la OEA, Diego Pary, dijo que este tipo de decisiones pueden ser aprobadas por mayoría simple en una asamblea general. Se tendrá que entregar al pleno un proyecto de resolución para que sea debatido y luego aprobado. 18 países hacen una mayoría simple.

Naciones miembro aportan sólo el 5%

Aparte de Estados Unidos y Canadá, los otros 32 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aportan sólo el 5% del presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las naciones del norte y Europa son las mayores fuentes de financiamiento del mecanismo.

El último informe de la OEA sobre el financiamiento de la CIDH, que data de 2010, revela que el mecanismo recibió contribuciones por un valor de $us 3 millones. La mayoría de estos recursos proviene de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y organizaciones no gubernamentales (ONG).

Según el documento, en 2010, Estados Unidos donó $us 400.000 a la CIDH; Canadá, $us 748.600; España, que figura como observador de la OEA, $us 700.400; y la Unión Europea entregó $us 739.100.

El 5% del presupuesto de la CIDH se financia con aportes de los demás países miembros de la OEA, mientras que el 35% se hace con recursos propios del organismo. El 60% restante lo financia con fondos específicos y donaciones, cuyo monto, el año anterior, fue de $us 3.350.700.

Entre 2001 y 2009, la CIDH admitió al menos 12 demandas contra el Estado boliviano, entre las que se encuentra una presentada por el actual vicepresidente Álvaro García y otras 11 personas por violación de los derechos humanos. El organismo tiene en carpeta otras 77 peticiones. La CIDH solicitó a la OEA por lo menos $us 40 millones para su funcionamiento.

Ratificación de tratados

En Cochabamba se conformó otra comisión que realizará visitas a los países que no forman parte de la CIDH. La intención es lograr que estas naciones, entre ellas Estados Unidos y Canadá y otros ocho países de la OEA, ratifiquen los tratados en derechos humanos.

El reclamo surgió hace  dos años en México

México originó el debate del traslado de la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo hizo en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se llevó a cabo en 2011 en San Salvador y un año después, en Cochabamba, hizo la propuesta oficial a los países miembros del organismo.

Hay críticas a relatorías especiales de la CIDH

Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua acusan a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de contar con demasiados privilegios con relación a otras relatorías. Argumentan su posición al denunciar que no existen derechos humanos más importantes que otros. Piden que las siete relatorías tengan la misma categoría.

El financiamiento del mecanismo es externo

La resolución de Washington promueve, entre otros aspectos, que sean los estados miembro de la OEA los que financien a la CIDH y las relatorías. Hasta que eso ocurra, se permite que estados observadores y otras instituciones fuera de la OEA continúen financiando los organismos, pero sin tener fines específicos. 

Se exige un informe de   los gastos en el sistema

La Declaración de Cochabamba (14 de mayo) incluye un parágrafo en el que se solicita al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que presente al Consejo Permanente del organismo un análisis en detalle de los costos de funcionamiento de los diferentes órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

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