Columnistas

Agilizar la inversión en obras públicas

Para realmente agilizar la inversión pública, debemos revertir el sentido de las normas

La Razón / Miguel Roca

00:00 / 13 de febrero de 2012

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el promedio de ejecución presupuestaria en la gestión 2011 en las gobernaciones del país fue del 66%; y en los 327 municipios, del 61%. En contraste, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social llegó a un respetable 86%, por lo que no sorprende y es motivo de optimismo que a su anterior titular, don Vladimir Sánchez, se la haya encomendado liderar la inversión estatal desde su nuevo cargo de Ministro de Obras Públicas.

En una reciente reunión en Cochabamba con el presidente Evo Morales, más de 300 alcaldes de todo el país atribuyeron los deficientes niveles de inversión pública a la Ley Safco y a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ante lo cual el Jefe de Estado anunció cambios en dichas leyes. El obstáculo ocurre cuando los funcionarios estatales necesitan tomar una decisión que —por más que esté plenamente justificada en función del interés público e institucional— contraviene alguna norma pre-existente.

Con relación a las obras públicas, toda persona que haya construido su propia casa recordará haber tomado muchas decisiones que lo apartaron del diseño, presupuesto y plazo original para asegurar su conclusión; acciones que no pueden ser tomadas por los responsables de las obras públicas, lo cual resulta en su retraso o estancamiento. Adicionalmente, la norma de contrataciones estatales no permite propuestas por encima del presupuesto máximo calculado por la entidad licitante y prohíbe cualquier incremento de precios, además de no tener mecanismos efectivos de solución de controversias entre contratante y contratista. Por estos factores, sumados a que los precios de los materiales de construcción sufren incrementos constantes, son cada vez más las licitaciones que se declaran desiertas.

Si bien los contratos de obra con el Estado pueden ser garantizados con boletas bancarias o pólizas de seguro “a primer requerimiento”, se ha convertido en una norma no escrita el que las entidades licitantes exijan exclusivamente la presentación de boletas bancarias, lo cual obliga a los contratistas a utilizar la mayor parte de su capacidad financiera para garantizar los contratos, dejando muy poco para la inversión en equipos y capital de operaciones, en detrimento del ritmo de las obras. Otro problema es que tanto los bancos como las compañías de seguro están cada vez más reticentes a otorgar garantías “a primer requerimiento”, ante la falta de mecanismos efectivos de solución de controversias, lo cual ha ocasionado que en los últimos años se haya incrementado drásticamente la ejecución de dichas fianzas. A esto hay que añadir la desproporción que existe entre el enorme monto de inversión pública que requiere ser garantizado y la poca capacidad patrimonial que tienen las entidades financieras nacionales para emitir las garantías.

Para realmente agilizar la inversión pública, debemos revertir el sentido de las normas, las cuales deben estar en función del trabajo eficiente y honesto, con drásticas sanciones para los infractores. Para ello es necesario reconocer que todo proyecto requiere de ajustes durante le ejecución de la obra, incluir en los contratos una fórmula de ajuste de precios en función al costo real de los insumos, adoptar mecanismos ágiles y eficientes de solución de controversias y exigir en los contratos de obra garantías acordes con la realidad del sistema financiero. La mejor forma de hacerlo es trabajando los diferentes temas entre todos los actores, tanto públicos como privados.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia