Columnistas

Agua, un derecho hipotecado

El Estado debería extinguir sus ‘deudas’  reprogramadas y garantizar el acceso de la población al agua.

La Razón (Edición Impresa) / Franz Rafael Barrios González / La Paz

00:57 / 30 de marzo de 2015

El 13 de marzo, el presidente del Estado, Evo Morales, anunció la “bolivianización de los créditos externos contraídos por las entidades públicas del sector de agua potable”. En tal sentido, Morales prometió dejar sin efecto el Decreto Supremo 27028 de 2003, que “convierte los flujos de pagos de las obligaciones del sector público por concepto de deuda pública externa (condonadas por los acreedores externos multilaterales dentro del Programa de Alivio del HIPC II y en el alivio otorgado más allá del HIPC II), a Unidades de Fomento de Vivienda (UFV)”.

Para contextualizar, cabe señalar que en el marco de la iniciativa internacional de alivio a la deuda para los países pobres altamente endeudados (HIPIC), en la década pasada, muchas entidades públicas que habían accedido a créditos externos (entre ellas prestadoras de servicios básicos en diferentes regiones) pudieron acogerse a la condonación de sus obligaciones financieras. No obstante, pese a haberse suscrito los respectivos contratos de condonación (modo de extinguir una obligación), por disposición de la Ley 2235 del Diálogo Nacional de 2001, el dinero que las entidades públicas condonadas iban a dejar de pagar por efecto del alivio de la deuda externa a la que accedió el país se constituyeron inmediatamente en “recursos para la reducción de la pobreza”, debitados en cuentas especiales.

Es decir que las entidades de servicios básicos que en un principio se habían “liberado de pagar” sus créditos como efecto de la condonación de sus acreedores fueron obligadas a destinar esos recursos “perdonados” para financiar programas estatales de supuesta “mitigación de la pobreza”. En otras palabras, fueron “re-endeudadas”, pero esta vez con el Estado como “acreedor”; y con la agravante de que, en virtud al Decreto Supremo 27028 de 2003 (que Morales prometió abrogar), esas “nuevas deudas” fueron indexadas a Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV).

Ahora bien, la oferta de Morales de “bolivianizar las deudas” de estas empresas públicas del sector de agua potable no implica su “eliminación”, como erróneamente se está divulgando. Lo único que logrará tal medida es (des)indexar dichas deudas de la UFV, pero no se extinguirán sus capitales, sus intereses ni sus plazos. Por lo que entidades prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Oruro (por citar algunos casos), seguirán pagando millones de bolivianos, comprometiendo sus patrimonios y, sobre todo, el acceso al agua y alcantarillado sanitario de sus poblaciones.

Por ejemplo, en el caso de la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (Elapas), de llegar a efectivizarse la “bolivianización”, esta entidad seguirá pagando los Bs 304.667.533,45 reprogramados que adeuda, a un interés del 0,75% y hasta el 2074. Comprometiendo su inversión en nuevos proyectos (cobertura en zonas alejadas), privando a un tercio de la población sucrense el acceso al agua potable, y encareciendo las tarifas de dicho servicio.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, “el acceso al agua y al alcantarillado constituyen derechos humanos”. Sin embargo, el Estado Plurinacional mantiene una política “neoliberal” de irresponsable endeudamiento de empresas prestadoras de estos servicios básicos, vulnerando derechos humanos e hipotecando en los hechos el acceso al agua y al alcantarillado en diferentes poblaciones del país.

Finalmente, por imperio constitucional en el caso de las entidades públicas prestadoras del servicio de agua potable (al tratarse de un derecho humano fundamental), ¡el Estado debería extinguir sus “deudas reprogramadas” y garantizar el acceso de la población al agua!

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