Columnistas

Amenazas bélicas exageradas

Si se respeta el derecho internacional, entonces podríamos plantear una queja  ante la OEA o la ONU

La Razón / Ramiro Prudencio Lizón

02:23 / 21 de diciembre de 2011

El ministro de Defensa de Chile, Andrés Allamand, ha manifestado que las fuerzas armadas chilenas están listas para actuar, refiriéndose a la relación de su país con Perú y Bolivia que él considera que será preocupante en el próximo año.

Dichas declaraciones han sido comentadas por el primer ministro del Perú, Óscar Valdés, quien señaló que “tenemos razones para preocuparnos de la reacción chilena tras La Haya.” Agregó, además, que Chile no tiene fama de ser cumplidor de los tratados.  Recordó que jamás se ejecutó el plebiscito estipulado en el Tratado de Ancón. A este argumento habría que añadir que el Tratado de Paz de 1904 con Bolivia fue una nueva transgresión del mencionado Tratado de Ancón. Porque en el primero se determinó la construcción del ferrocarril de Arica a La Paz, lo cual contravenía al segundo, pues el territorio ariqueño no podía ser tomado en cuenta para ello, ya que no se había definido todavía su posesión definitiva.

Cabe la pregunta, ¿por qué el ministro peruano teme que la sentencia de la Corte de  La Haya pueda crear nuevos contratiempos entre Perú y Chile? Al respecto, varios políticos peruanos han comentado privadamente que sospechan que si la sentencia es favorable al Perú, el gobierno del presidente Piñera no la cumpliría. Eso podría provocar que los pescadores peruanos, considerando zanjado el asunto, pudiesen cruzar la actual frontera marítima chileno–peruana, y serían recibidos violentamente por la armada chilena. Como se comprenderá, esta situación bien podría devengar en un conflicto armado.

Es menester recordar que el lamentable Tratado de Lima de 1929, con su Protocolo Complementario, creó una falsa situación en los departamentos de Tacna y Arica, al extremo que durante muchos años Perú creyó tener derechos expectativos sobre Arica y trató de reconquistar ese puerto. Basta recordar que este deseo complicó grandemente a la negociación boliviano-chilena que se había iniciado en Charaña. Ahora está sucediendo lo contrario, es Chile quien se  ha armado desmesuradamente y podría tener anhelos de “recuperar” Tacna.

Actualmente, una guerra podría definirse en pocas semanas. Chile invadiría Tacna y Moquegua, y sería muy difícil hacerle salir de esos territorios.

Y lo importante es que se apoderaría de las mejores minas de cobre del Perú, con lo cual podría llegar a tener el monopolio de la exportación de cobre de todo el continente americano. Algo semejante a lo sucedido en la Guerra del Pacífico, cuando ocupó Antofagasta y Tarapacá con el fin de controlar la producción de salitre del mundo.

Si el Perú se está preocupando por el armamentismo chileno, sería muy conveniente que nuestro Gobierno también lo hiciera. Es decir, no debería provocar a Chile con actos reñidos con el derecho internacional como sería la denuncia del Tratado de 1904 o cortar las aguas del Silala, como lo ha manifestado el gobernador de Potosí. Respecto al Tratado, muchos miembros del Gobierno consideran que éste va en contra de la nueva Constitución Política del Estado. Pero habrá que recordarles que existe el principio de que hay primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Es decir que ningún país puede eludir compromisos internacionales alegando su régimen interno.

Y en cuanto al Silala, sabemos que éste es un acuífero nacional, pero que sus aguas bajan a Chile.  Por lo tanto,  es un problema internacional y debe ser resuelto por las partes o por un arbitraje de derecho. Pero en ningún caso Bolivia podría cortar las aguas unilateralmente, porque crearía un serio perjuicio a Chile. Además, ese país puede alegar que se empeñó en buscar una solución al problema cuando suscribió con el nuestro un preacuerdo que lamentablemente no prosperó.

En consecuencia, si Perú y Bolivia mantienen su respeto al derecho internacional, entonces bien podrían efectuar una queja internacional ante la OEA o la ONU por las amenazas del ministro de defensa chileno, ya que éstas no condicen con una relación de paz y amistad entre los tres países, como todo el continente lo exige.

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