Columnistas

Apostar a la vida

Tuvieron que pasar más de 30 años para que el dictador ar- gentino Jorge Videla sea sentenciado

La Razón / Lucía Sauma

00:55 / 12 de julio de 2012

Las prisioneras embarazadas con los ojos vendados, atadas de pies y manos a las camas y con suero permanente para acelerar el proceso de parto. Una vez que daban a luz, firmaban una carta dirigida a sus familiares a los que supuestamente les llevarían el niño. A partir de ese momento, desaparecía la madre, y el bebé pasaba a ser adoptado por alguno de los matrimonios de militares que no podían tener hijos. Tuvieron que pasar más de 30 años para que el dictador argentino Jorge Rafael Videla sea sentenciado, a 50 años de cárcel, por el robo sistemático de bebés. Quedó desenmascarado al decir: “todas las parturientas eran militantes activas de las maquinarias del terrorismo y usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos”.

Los testimonios de las sobrevivientes y de testigos del nacimiento de bebés en cautiverio, recogidos en el informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas (1984), dan cuenta del plan con el que la dictadura argentina organizó el robo de bebés. Las mujeres embarazadas fueron secuestradas, dieron a luz en salas de tortura en medio de insultos y amenazas, de enfermeras, parteras y médicos, fueron obligadas a entregar sus bebés a los torturadores, quienes los despojaron de su identidad y dispusieron de los niños “con la misma frialdad de quien dispone de un botín de guerra” (informe de la Comisión).

La organización Abuelas de Plaza de Mayo recuperó a 105 de esos bebés, aún quedan 400 por encontrar. Victoria Montenegro, de 36 años, adoptada en forma ilegal por el coronel Herman Tetzlaff, se enteró a los 25 años que no era hija suya: “me llevó a cenar y me repetía que había abatido a subversivos, los enemigos, que eran mis padres. Me decía que lo había hecho por mí”. Los hermanos Ramírez tenían dos, cuatro y cinco años cuando su madre fue secuestrada. Los llevaron a un hogar de menores regentado por un militar, les cambiaron el apellido, y a pesar de que su padre y sus tíos los buscaron, allí se quedaron los siete años que duró la dictadura argentina. En la institución fueron abusados, humillados y pasaron hambre. “Era un infierno y yo me sentía enterrada viva”, contó María Ramírez, una de aquellas niñas que todavía sigue intentando salir del pozo oscuro en el que transformaron su infancia y la de sus hermanos

Este juicio y su sentencia es una forma de reparar la impunidad en la que quedaron los crímenes cometidos en América Latina; y particularmente en los países que fueron sometidos al Plan Cóndor (coordinación de operaciones de las dictaduras en Argentina, con Videla; Bolivia, con Banzer; Chile, con Pinochet; y Paraguay, con Stroessner). Y es una amorosa forma de mantener vivos en la memoria a los jóvenes que antes de ser detenidos y desaparecidos apostaron a la vida y no a la muerte.

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