Columnistas

¿Argentina y Uruguay en La Haya?

Si Argentina vuelve a llevar el caso a La Haya, la CIJ sumará un nuevo litigio a su ya fuerte actividad

La Razón / Walker San Miguel Rodríguez

01:59 / 04 de octubre de 2013

Cuando la República Oriental del Uruguay autorizó en 2006 a dos empresas transnacionales la construcción de dos plantas de celulosa cerca a su frontera con Argentina (en la misma vera del Río Uruguay), no imaginó los problemas que se suscitarían al otro lado del río. Cientos de ciudadanos argentinos, entre ellos líderes y activistas de organizaciones ambientalistas, bloquearon por tres años y medio el puente internacional de Gualeguaychú que une a los dos países en protesta por lo que consideraban un daño ambiental irreparable.

El gobierno de Néstor Kirchner asumió entonces la decisión de demandar a su vecino ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, acusándolo de incumplimiento del Tratado del Río Uruguay de 1975, que obligaba a ambos Estados consultarse sobre la construcción de cualquier obra que pudiese ocasionar un fuerte impacto ambiental en esa cuenca. En abril de 2010, la CIJ emitió un fallo “salomónico”, declarando que Uruguay no respetó el Art. 7 del tratado de 1975 y que no tenía derecho de autorizar la construcción de la planta o el puerto adyacente sin previa consulta con su vecina Argentina; por otra parte, desestimó las denuncias argentinas de que las industrias papeleras contaminaban el medio ambiente. Asimismo, la sentencia estableció que el Gobierno de Uruguay no informó al Estado argentino sobre los trabajos proyectados antes de otorgar los permisos a cada una de las fábricas de celulosa, al tiempo que se declaró sin competencia para analizar las alegaciones argentinas respecto a la contaminación sonora y visual y el impacto turístico que provocarían las plantas.

El fallo de la CIJ de 2010 resolvió sólo en parte el conflicto entre los dos países del Río de La Plata. En otro acápite de la sentencia, la Corte ordenó que ambos países debían controlar en conjunto los niveles de contaminación que se produjeran en el futuro. Los activistas argentinos levantaron el bloqueo con cierta resignación. De las dos plantas proyectadas sólo se construyó una, a cargo de la empresa finlandesa Botnia, que ahora se denomina UPM.

El hecho es que tres años después, el conflicto está a punto de reanudarse, pues el presidente Mujica anunció que su gobierno autorizó a la empresa UPM el incremento de la producción anual de un millón de toneladas de celulosa a 1,1 millones. Ante ese anuncio, el gobierno de Cristina Fernández, por intermedio de su Canciller (Héctor Timerman), señaló que Argentina acudiría nuevamente a La Haya. La posición argentina es que el tratado bilateral del Río Uruguay de 1975 determina que cualquier decisión de una parte que impactase en las aguas comunes debe ser consultada a la otra. Además, considera que la decisión del presidente Mujica “afecta la soberanía ambiental de Argentina y viola los tratados entre ambas naciones”, en palabras de Timerman.

La ciudad fronteriza de Gualeguaychú atrae miles de turistas, y su población, con el apoyo de ONG, se ha organizado en colectivos ciudadanos en defensa del medio ambiente, y han advertido que volverán a cerrar la frontera como lo hicieron en 2006 en protesta por la declaración de Mujica. En 2007, el entonces presidente uruguayo Tabaré Vázquez denunció que su país estaba “bloqueado” por Argentina, y que el piquete perjudicaba sus exportaciones no sólo hacia el país vecino sino también las que estaban destinadas a Chile y sus puertos que comunican con los países del Asia.

Si Argentina vuelve a llevar el caso a La Haya, la CIJ sumará un nuevo litigio a su ya fuerte actividad procesal, y tendrá el desafío de pronunciarse sobre la base del fallo de 2010, con el componente adicional de una aparente conducta recurrente de Uruguay de no consultar a su vecino en obras industriales susceptibles de provocar externalidades ambientales

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