Columnistas

Atentado contra la salud

La Razón (Edición Impresa) / Columna sindical - Aleja Cuevas

00:00 / 07 de enero de 2018

Podría decirse que los bolivianos en general y los paceños en particular ya estamos acostumbrados a las marchas y paros, por lo que no debería sorprendernos ni preocuparnos ninguno. Pero no siempre es así y el conflicto de los médicos es una muestra de ello.

No se trata de cualquier sector, sino de aquel que se dedica a cuidar la salud de la población, un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE) y al que nadie debería renunciar, y que el Estado debería garantizar. Más de mes y medio que la población boliviana está sin atención médica, y los datos difundidos por el Gobierno de cerca de 1 millón de consultas suspendidas y más de 10.000 cirugías programadas sin realizar son un reflejo de esta crítica situación y de lo insensible de la medida, más allá de las justificaciones que esgrimen los médicos, por un lado, y el Gobierno, por otro.

¿Era necesario atentar contra la salud de las personas para ser escuchados? No, no debieron hacerlo ni haberlo permitido. Si se contabiliza la cantidad de paros que hicieron los trabajadores y profesionales del sector de salud desde enero de 2017 hasta el 5 de enero de 2018, hablamos de al menos 50 días sin atención médica regular. Empezaron con una huelga de 24 horas, luego fueron 48, después 72 horas y posteriormente, un paro indefinido.

Entre los tantos paros están el del 15 de febrero de 2017, para destituir al gerente de la Caja Nacional de Salud; el del 20 de abril en rechazo a los decretos supremos 3091 y 3092, que autorizan la libre afiliación a las cajas y la creación de la Autoridad de Control del Sistema Nacional de Salud; y las del 17 y 18 de mayo.

Ciertamente tienen derecho a defender sus intereses corporativos, porque no es otra cosa el pretender evitar sancionar a aquellos malos médicos que incurren en negligencia dejando muertos o secuelas irreparables en pacientes; pero no a costa de la salud de miles de personas, sin contar aquellas que no pueden acceder a la atención médica.

Las demandas de los trabajadores y profesionales en salud pueden, insisto, tener legitimidad, pero el medio utilizado, como el interrumpir cirugías, consultas externas, tratamientos (sobre todo en los pacientes terminales), no fue el más acertado, más cuando ya existían intervenciones reprogramadas de uno, dos a tres meses, debido a la falta de infraestructura, personal, insumos y equipos.

Una vez más se muestra la insensibilidad de los médicos por un lado, y la de un Gobierno que incumple su obligación de garantizar el derecho a la salud, por otro. Para sus protestas utilizaron como consigna el deficiente sistema de salud, y ahora ojalá que esta realidad que evidenciaron contribuya a mejorar la calidad y la calidez de la atención médica, por lo menos en homenaje a esos miles de pacientes que dejaron sufrir.

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