Columnistas

Cambiando la conducta de Washington

Resulta más prudente cambiar la conducta del gigante capitalista desde adentro que desde afuera

La Razón (Edición Impresa) / Humberto Caspa

00:00 / 13 de noviembre de 2015

El uso de la jurisprudencia internacional es un camino que, por lo menos, ofrece una “chispa de esperanza” a las pretensiones bolivianas de volver a las costas del Pacífico con soberanía.  Sin embargo, la estrategia del gobierno de Evo Morales no debería concentrarse enteramente en una posible decisión jurídica a favor de Bolivia en La Haya, sino también debería considerar una variable política en Washington.

Históricamente, desde la Guerra del Pacífico hasta el presente, el Gobierno chileno siempre ha entendido el conflicto boliviano-chileno desde una perspectiva Realista.  Esta postura desconoce la resolución de conflictos a partir del liderazgo de organizaciones internacionales y niega las atribuciones del derecho internacional como remedio para resolver iniquidades mundiales.

Por el contrario, el Realismo propone que el Estado es el único actor “racional” capaz de resolver problemas internacionales a través de acuerdos mutuos entre dos o más Estados.  En este sentido, un acuerdo internacional no es nada más que la firma de un país débil que baja la cabeza ante el asedio de otro que le retuerce el brazo.

No en balde Abraham Koning, enviado especial del Gobierno chileno en Bolivia antes de la firma del pérfido Tratado de Paz y Amistad de 1904, manifestó con alevosía el supuesto derecho de su país sobre el nuestro:

“Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título con que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena, con el mismo título con que Estados Unidos ha tomado Puerto Rico (…).  Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones”.

Así, por más de 135 años, Chile se ha cobijado bajo el manto del Realismo.  Incluso, recientemente, después que el presidente Morales hizo entrega de la Memoria Boliviana a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, su homóloga chilena, Michelle Bachelet, sostuvo categóricamente que su país tomaba la decisión de objetar la competencia de esta Corte.  Como todos sabemos, el tiro le salió por la culata.

En este sentido, el Gobierno boliviano siempre debe tener en cuenta que, llegado el momento, Chile puede optar por hacer caso omiso del fallo de los magistrados de la CIJ, alegando cuestiones de soberanía, especialmente si la decisión es a favor de Bolivia.

Entonces, Bolivia tendrá que acudir al Consejo de Seguridad para que esta agencia de la ONU busque el cumplimiento de una decisión de su órgano jurídico.  A diferencia de la CIJ, el Consejo de Seguridad, particularmente sus cinco miembros permanentes –Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China—,  no operan con las leyes en las manos, sino con las manos en el mazo.

Estos cinco países tienen el poder del veto y cualquiera de ellos puede convertirse en un nuevo impedimento para las intenciones bolivianas de tener un puerto soberano en las costas del Pacífico.

Por lo tanto, el gobierno de Morales tiene que empezar a reparar fisuras políticas con estos países, especialmente con Estados Unidos.  Existen actores políticos, dentro de la sociedad estadounidense, que pueden facilitar una alianza política.

Como cualquier país, Estados Unidos está compuesto por una multiplicidad de grupos de interés, quienes a menudo condicionan las políticas de gobierno. Muchas de estas organizaciones civiles y sociales comparten la aflicción de la mediterraneidad boliviana y pueden convertirse en un recurso idóneo para distender las relaciones entre los dos países. Hay veces que resulta más prudente cambiar la conducta del gigante capitalista desde adentro que desde afuera. Ésta es una política más efectiva que el enfrentamiento.

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