Columnistas

Cárceles, seguridad e indulto

Hasta el día de hoy, el sistema penitenciario nacional adolece de gravísimos estigmas

La Razón / Tomás Molina Céspedes

01:27 / 13 de agosto de 2012

Acaba de promulgarse la Ley 264 del Sistema Nacional De Seguridad Ciudadana, que contiene importantes aportes para la mejor administración de las cárceles. En primer lugar, resalta que al fin el país contará con una Policía penitenciaria, especializada en la vigilancia de las cárceles, que era una sentida necesidad institucional. Al respecto, el artículo 31 de la referida ley destaca la formación, profesionalización y especialización que deben tener todos los policías que presten servicios en las cárceles “de manera exclusiva durante toda su carrera profesional”. Para tal efecto, la Universidad Policial formará cuadros en esta rama especializada de la Policía.

Hasta hoy, el sistema penitenciario nacional adolece de gravísimos estigmas,  por la improvisación, temporalidad y corrupción a que dan lugar la carencia de una Policía que cumpla de manera permanente, exclusiva y profesional la vigilancia en los penales del país. Lo óptimo sería que esta unidad dependa del Ministerio de Justicia, como manda el artículo 46 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión.

Por otra parte, la mencionada ley establece, por primera vez, de manera clara el inicio de la descentralización económica carcelaria, conforme a los principios de autonomía establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE), disponiendo que el pago de los servicios básicos de las cárceles es obligación de los gobiernos  departamentales y municipales. Al respecto, el artículo 55 dice: “Las entidades territoriales autónomas departamentales son las responsables del pago de los servicios básicos de toda la infraestructura carcelaria ubicada en el departamento”, obligación que se amplía a la construcción, refacción y ampliación de la infraestructura carcelaria, conforme al artículo 42. Lo óptimo sería que la propia administración de los penales también dependa de los gobiernos departamentales.

Otra novedad es que, de acuerdo con el principio constitucional de que no sólo es obligación del Estado sino de todos los ciudadanos la prevención de los delitos y la rehabilitación de los delincuentes, esta ley involucra a la sociedad civil en la rehabilitación de los presos, por medio de la creación de fuentes de trabajo al interior de las cárceles, tal cual ya estableció la Ley 2926 de Oportunidades en 2004. Al respecto, la ley comentada en su artículo 68 dice: “Las instituciones públicas o privadas, a través de convenios celebrados con el Ministerio de Gobierno, podrán coadyuvar al funcionamiento de los Centros de Reinserción Laboral o de Producción y auspiciar el desarrollo de planes, programas y proyectos de estos centros”.   

Por otro lado, esta norma se refiere por primera vez en la legislación penal a la tecnología preventiva pública en la lucha contra el delito, lo que abre la posibilidad de que en su reglamento se introduzca de manera precisa y clara la supervisión penal electrónica, para imputados y condenados, que es una sentida necesidad para la prevención del delito y el estricto cumplimiento de las condiciones y reglas de conducta establecidas en el Art. 24 del CPP.  Al respecto, el Art. 47 señala: “El Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas dotarán a la Policía Boliviana de sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica para el control y prevención de los delitos, faltas y contravenciones…”

Estas son las principales disposiciones penitenciarias contenidas en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que de cumplirse pueden contribuir de manera efectiva a la prevención del delito y al mejoramiento de la administración carcelaria del país.

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