Columnistas

Censo 2012, un balance necesario

El INE debe ser una institución sólida del Estado, y no un apéndice del gobierno de turno

La Razón / René Pereira Morató

01:05 / 22 de noviembre de 2012

El Instituto Nacional de Estadística (INE) no encontró un aliado y un socio estratégico en el colectivo “La Ruta del Censo 2012”, iniciativa que surgió por iniciativa de la Dra. Teresa Rescala, rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en la que participaron activamente un conjunto significativo de investigadores e instituciones de la sociedad civil, y desde donde se creó un espacio de reflexión sistemático, cuyos acuerdos fueron transmitidos al INE, con el propósito de apoyar y fortalecer el operativo censal que se desarrolló ayer.

En las siguientes líneas me permito poner en consideración una reflexión para revertir estos flancos débiles que no pudimos subsanar durante el proceso previo al censo 2012, habida cuenta de que todavía queda un largo camino por recorrer.

En primer lugar, cabe señalar que la institucionalidad del INE pasa actualmente por momentos muy críticos, que deterioran su estabilidad y solidez, con la consecuente pérdida de credibilidad entre la población. El INE es un instituto técnico cuya principal función es la emisión de datos estadísticos oficiales; y si bien está bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo, debe mantener una autonomía e independencia técnica. Debe ser una institución sólida y confiable del Estado Plurinacional, y no un apéndice del gobierno de turno.

Por ejemplo, las contradicciones públicas entre la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, y el actual director del INE, Ricardo Laruta, sobre la inclusión o no del trajinado tema del mestizaje, representa una verdadera vergüenza. El director de ese instituto debe ser una persona rigurosamente técnica, con probados años de experiencia, una autoridad con amplio reconocimiento y respaldo de la sociedad.

Por otro lado, la dimisión del anterior director, Ramiro Guerra Beltrán, cuatro meses antes del operativo censal, despertó mucha inquietud. El personal, del mismo modo, no puede ser removido por razones políticas. Deben ser las y los mejores ciudadanos técnicos, con amplia experiencia en sus competencias específicas, quienes estén al frente del manejo de esa importante institución.

Considero que parte de esta crisis institucional se debe a que la normativa vigente del Sistema Nacional de Información Estadística se basa en el decreto ley 14100 de 1976, diseñado y aprobado durante la presidencia del gobierno antidemocrático y dictatorial de Hugo Banzer Suárez. La pregunta es ¿cómo un Gobierno que se dice promotor del cambio y la democracia coexista con un instrumento normativo estadístico de una de las épocas más oscuras de nuestro país?

El poco apoyo y la falta de credibilidad del INE se han puesto de manifiesto en la carencia de agentes censales para el empadronamiento. La meta  inicial de 217 mil empadronadores  tuvo que ser disminuida ante la débil respuesta de la población.  Síntoma de que la prioridad nacional declarada en el papel mediante el Decreto Supremo 1305 no hizo carne en las y los bolivianos. Por este motivo se tuvo que recurrir a convenios tardíos con el Ministerio de Educación, para que participen los estudiantes y profesores bajo ciertos estímulos; por otro lado, se tuvo que recurrir a la coerción hacia los empleados públicos para que cubran esta actividad, así como al personal militar.

El INE debe ser una institución con una gestión pública transparente, y toda la ciudadanía debería acceder irrestrictamente no sólo a los resultados/indicadores estadísticos que emite, sino también a la metodología empleada para su obtención. El operativo censal ha mostrado un comportamiento alejado a este deber ser. Por ejemplo, la boleta debió ser publicada varias semanas antes del operativo en la página web del INE, para consideración y juicio de toda la población boliviana. Sin embargo,  fue entregada recientemente, cuando prácticamente ya estaba cerrada, con las 49 preguntas que fueron formuladas.

Así, la boleta censal ha sido vertical, autoritaria e insuficientemente discutida. Tratándose del primer censo plurinacional, este instrumento no recogió las preocupaciones de las poblaciones indígenas- originarias. Por ejemplo, en la ubicación de la vivienda, al principio de la boleta no se visibilizan los ayllus, suyus y marcas. Tampoco se hizo el esfuerzo de su  traducción en los idiomas nativos principales. Finalmente, tampoco captará la doble residencia en poblaciones milenariamente nómadas por el control vertical de los pisos ecológicos, en procura de las subsistencias alimentarias.

De igual manera, para este proceso censal, el INE debería haber propiciado profundos debates entre todas las regiones y grupos poblacionales del país, con el propósito de escuchar sus necesidades y perspectivas, sabiendo que no todo puede contemplarse en una boleta (que además no puede inventarse cada diez años); pero al menos un proceso inclusivo de esta naturaleza hubiera tenido un efecto movilizador alrededor del país que deseamos.

Asimismo, el INE debería haber asumido un rol protagónico  en el debate censal sobre los temas estratégicos de una agenda nacional, y debería haber disminuido la intensidad del debate de nunca acabar alrededor de la pregunta (29) sobre la identidad de los bolivianos. Ha sido una oportunidad estratégica desaprovechada para juntar a todos los bolivianos alrededor de los temas censo y desarrollo, censo y planificación territorial, lucha contra la desigualdad, etcétera.

Por último cabe señalar que el censo de población y vivienda de este 2012 será todo un récord, ya que en los hechos, su realización le ha tomado al país alrededor de tres meses y 21 días. En efecto, el DS 1305 del 1 agosto fue inexplicablemente tardío. Con esta normativa se puso como fecha de realización del gran operativo censal este miércoles 21 de noviembre. La ministra corresponsable de esta determinación debiera haber advertido del escaso tiempo para emprender una operación tan compleja, y más aún con los desafíos territoriales e interculturales que impone nuestro país. A mi juicio, la anterior es una de las razones que explican por qué las actividades censales fueron innecesariamente intensas, apresuradas e improvisadas. Los problemas graves de la cartografía son una muestra de ello, porque sabemos que no se hizo un inventario a la totalidad de las unidades habitacionales del país, diferenciando viviendas y hogares.

Es de esperar que este censo 2012 permita un fortalecimiento técnico de nuestro Instituto Nacional de Estadística; y no represente el inicio de una campaña presidencial.

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