Columnistas

Chile violó la paz y las fronteras

Los alegatos chilenos son más bien la confesión de que ellos violaron, beligerantemente, la paz mundial

La Razón (Edición Impresa) / Franz Rafael Barrios González

00:01 / 08 de mayo de 2015

El lunes, en su primera intervención para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declare incompetente sobre la demanda marítima boliviana, el equipo jurídico de Chile esgrimió sus alegatos con base en la vigencia y eficacia jurídica del Tratado de Paz de 1904. En su exposición sostuvo que la demanda boliviana “pone en riesgo la estabilidad de las fronteras a nivel global”. Asimismo, según su patrocinante (abogado defensor) inglés, Daniel Bethlehem, “el Tratado de 1904 estableció una resolución de las fronteras territoriales de tal manera que Bolivia quedó sin derecho alguno del lado litoral de la frontera convenida”.

Los chilenos no se dan cuenta de que precisamente el Tratado de 1904 no solo puso en riesgo la estabilidad de las fronteras mundiales, sino que terminó alterando las mismas. Porque a través de ese tratado, Chile se apropió de territorio ajeno (recorriendo límites fronterizos) y arruinó al vecino (Bolivia) para enriquecerse a costa de ello. En ese entendido, los alegatos chilenos son más bien la confesión de que ellos violaron, beligerantemente, la paz mundial y las fronteras territoriales bolivianas en 1904, indisponiendo el Derecho Internacional, que hoy, de forma hipócrita, reivindican a conveniencia.

Ahora bien, conociendo que el lus gentium (derecho de gentes) establecía como norma de obligatorio cumplimiento para todas las repúblicas civilizadas que “pecan mortalmente los que violan los derechos de gentes, sea de paz, sea de guerra (...)” (F. de Vitoria), entonces, cuando Chile se apoderó de territorios ajenos pertenecientes a la República soberana de Bolivia por medio de las armas, con la única finalidad de “ensanchar su territorio”, realizó un ilícito de Derecho Internacional Público. En consecuencia, cualquier tratado que se hubiere suscrito teniendo como objeto inmediato un hecho vulneratorio de normas preexistentes del Derecho Internacional Público es simplemente nulo.

Sin embargo, cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿conocía la diplomacia chilena en aquel entonces de los actos ilícitos en los que incurría con su República?, ¿conoce de la ilicitud ahora?, ¿o prefiere decir “borrón y cuenta nueva”, pero con territorio ajeno figurando en el activo fijo del Estado chileno?

Por otra parte, otro jurista del equipo chileno, Samuel Wordsworth, sostuvo que en realidad Bolivia estaría buscando “la modificación del Tratado de 1904”. Por otra parte, el patrocinante inglés señaló que “esta intención estaba contenida en el artículo 267 de la Constitución de Bolivia y la disposición novena transitoria del mismo cuerpo legal, que señala que los tratados contrarios a la Carta Magna debían ser renegociados en cuatro años desde 2009”, añadiendo que “esta disposición se cumplió con una ley de 2013 que valida la demanda ante la CIJ”.

Al contrario de lo que erráticamente afirma Wordsworth, si uno interpreta a contrario sensu la primera parte de la Disposición Transitoria Novena de la CPE de 2009, por principio e ipso iure, el Tratado de 1904 estaría abrogado. Y por la naturaleza inconstitucional (ilícita) del contenido de sus obligaciones, de la intención y motivo (ilícitos) de una de las partes intervinientes y de la falta de capacidad absoluta del Estado boliviano para “ceder territorio”, dicho tratado no podría, bajo ningún concepto, ser “renegociado”; incluso, una vez declarada su inconstitucionalidad internamente, ya ni siquiera debería ser “denunciado”. Luego, si Chile exigiera su cumplimiento, recién se debería discutir su “vigencia” (nulidad e inexistencia) ante alguna instancia internacional. Pero, con sustento en su “nulidad o inexistencia”, ya se habría declarado su inconstitucionalidad internamente. Con tal sustento, los bolivianos podríamos ingresar, soberanamente, a nuestro territorio (secuestrado) ¡cuando nos diere la gana!

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