Columnistas

Colquiri, segundo quiebre ideológico

Detrás de este conflicto minero se juegan los intereses de un sector frente a los de toda la nación.

La Razón / Carlos Barragán

03:16 / 24 de septiembre de 2012

Colquiri es el segundo gran conflicto que protagonizan asalariados y cooperativistas. En Huanuni (2006), que fue el primero, el Gobierno encontró una solución apegado a uno de sus principios: la recuperación de las empresas estatales. Aunque la medida fue muy valiente, no dejó de ser un enorme sacrificio para la empresa estatal Comibol, que tuvo que trabajar la mina con un contingente que alcanzó las 5.000 personas.

Por el otro lado, el reconocimiento de la importancia del sector cooperativo como generador de empleo y de divisas condujo al actual Gobierno a proporcionarles espacios importantes en la Asamblea Plurinacional, espacios en el directorio de Comibol, a crear instituciones de fomento, para  finalmente rematar en el reconocimiento de sus derechos en la Constitución Política del Estado. En esta línea se pensaba que, con intermediación gubernamental y una reglamentación adecuada, podría devolvérseles una buena parte de sus contribuciones impositivas, para que sean utilizadas en las mejoras organizativas tan necesarias para el sector. Pero la ley minera y sus reglamentos quedaron en el limbo por oposición de los propios cooperativistas.

 Posteriormente, las urgencias y emergencias de la política diaria hicieron que se perdiera el rumbo; y la medida heroica adoptada (al no ir acompañada de otras posteriores, que descongestionaran paulatinamente el hacinamiento laboral en Huanuni) se convirtió en la determinación de mayor irracionalidad administrativa y técnica asumida por el Gobierno; y estampó la imagen de que la empresa estatal es  fuente de empleo para unos cuantos, y no la empresa que genere excedentes para todos los bolivianos.   

Transcurrido el tiempo, el Gobierno comenzó a actuar con políticas dadivosas y populistas hacia las cooperativas, sin fijarles obligaciones para su propia superación, por lo que sus demandas se encaminan permanentemente a exigir nuevas áreas de trabajo con condiciones cada vez más favorables, como son las  áreas que pertenecen a la Comibol, con reservas reconocidas y preparadas.

Por todo lo indicado, aquí no se trata de un conflicto simple entre los cooperativistas y asalariados al que se le pueda aplicar una solución “salomónica” (Decreto Supremo 1337); está en juego toda una concepción sobre la economía plural. En otras palabras, es un conflicto entre un sector de la sociedad y los intereses de toda la nación.

Toda decisión política tiene que ver con una determinada correlación de fuerzas, por lo que, en el caso de las cooperativas mineras, el Gobierno se siente impotente para enfrentar sus exigencias, amén de los intereses electorales que están a la vuelta de la esquina.

En todo caso, este es un país que históricamente ha defendido a la empresa estatal, por lo que la ciudadanía está manifestando su apoyo a las posiciones de la COB  y la FSTMB. Si el Gobierno no escucha este clamor ciudadano que va in crescendo y opta por “su decisión salomónica”, ello le significará el segundo quiebre ideológico (el primero fue el TIPNIS), que terminará llevándolo por el despeñadero del mercantilismo a ultranza y del afán de enriquecimiento de algunos dirigentes de los actuales grupos corporativos que le sirven de sustento.

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