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Comisión de la Verdad contra la impunidad II

En contraposición a la democracia, la dictadura es un régimen de facto impuesto por la fuerza que desconoce las libertades y atropella los derechos humanos, proscribe los partidos políticos, los sindicatos y toda forma de organización social opuesta a los intereses oligárquicos.

La Razón (Edición Impresa) / Rafael Archondo Pabón / La Paz

21:17 / 11 de mayo de 2016

En un aporte anterior recordábamos que entre 1964 y 1982 Bolivia vivió 18 años de cruentas dictaduras, periodo en el que un gran número de personas fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas y perseguidas por razones políticas. En contraposición a la democracia, la dictadura es un régimen de facto impuesto por la fuerza que desconoce las libertades y atropella los derechos humanos, proscribe los partidos políticos, los sindicatos y toda forma de organización social opuesta a los intereses oligárquicos.

Han pasado 34 años del retorno a la democracia en Bolivia y a la fecha la mayoría de los que perpetraron estos actos repudiables está en la más completa impunidad. ¿Qué nos ha pasado para ser el único país del Plan Cóndor que no ha constituido una Comisión de la Verdad?

Esos largos y tenebrosos 18 años de dictaduras los inició el general Barrientos Ortuño (1964–1969). A su muerte, constitucionalmente fue sucedido por Luis Adolfo Siles Salinas, sin embargo, al poco tiempo fue derrocado por el general Alfredo Ovando Candia. Este gobierno fugaz (1969-1970) fue ambivalente.

Por un lado, apoyado por Marcelo Quiroga Santa Cruz, nacionalizó la petrolera Gulf Oil; y por otro, mandó a fusilar a los guerrilleros de Teoponte sentenciando “ni presos ni heridos, solo cadáveres”. No es posible saber exactamente el número de víctimas del asalto de Ovando al poder, pero en los registros de la Asociación de Familiares, Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) se documentan varios casos de desaparecidos y asesinados.

La mayoría son combatientes de la guerrilla guevarista de Teoponte. De los 67 que conformaron este contingente 58 murieron, la mayoría ejecutados, y ocho de ellos eran civiles indefensos; 53 combatientes eran bolivianos, en su mayoría estudiantes o recién egresados vinculados a las dirigencias universitarias. Entre ellos destacan por sus cargos Adolfo Quiroga Bonadona, presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB); Mario Suárez Moreno, vicepresidente de la CUB; Hugo Rodríguez Román, secretario de vinculación; Horacio Rueda Peña, secretario de prensa; Norberto Rodríguez Silva, presidente de la Federación Universitaria Local (FUL) de Trinidad;  Carlos Suárez Coímbra, miembro de la FUL de Trinidad; Antonio Figueroa Guzmán, miembro de la FUL de Sucre; Raúl Ibargüen Coronel miembro de la FUL de La Paz, y Juan José Saavedra, miembro del Comité Central Revolucionario de la UMSA. Catorce combatientes eran extranjeros, ocho chilenos y el resto de Argentina, Perú, Brasil, Colombia, Estados Unidos y España.

Fue una verdadera matanza, que no respetó el derecho a la vida ni las convenciones internacionales. Así ocurrió con Benjo Cruz, herido en Chocopani y que fue atendido en una cueva por los médicos José Arce y Raúl Ibargüen; los militares los fusilaron a los tres.

En los registros de Asofamd de Teoponte figuran Hugo Bohórquez, militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), caído en 1970 en Teoponte (quebrada Quevedo), y cuyos restos se identificaron muchos años después por pruebas de ADN. En un documento clasificado se señala que Bohórquez fue enterrado en la loma El Porvenir el 20 de septiembre de 1970 junto a otros dos compañeros, entre ellos Emilio René Quiroga Bonadona, piloto civil.

Con similares características figuran Luis Barriga Luna; Mario Carvajal Ruiz, electricista de Potosí; Benigno Mamani Benito, técnico en radio y electricidad; Indalecio Nogales Cáceres, dirigente orureño de la ex fábrica Said; Ricardo Óscar Puente Gonzales, estudiante argentino, y Édgar Freddy Soria Galvarro Camacho, estudiante de arquitectura en Cochabamba.

Entre los desaparecidos en Argentina se señala a Juan Carlos Sandoval Alcalá, oficial de la Policía argentina de Santa Cruz, hijo de madre boliviana (Delia Alcalá) y padre argentino. No se le documentan vinculaciones políticas y deja de comunicarse con su familia en 1969. Hasta la fecha no se ha esclarecido la verdad de los hechos ni juzgado a los responsables. Por ellos y por muchos más ¡Comisión de la Verdad ya!

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