Columnistas

Comisión de la Verdad contra la impunidad VI

Las más de 200 personas asesinadas y los 150 desaparecidos todavía esperan que se haga justicia.

La Razón (Edición Impresa) / Rafael Archondo Pabón

00:09 / 29 de julio de 2016

Cuando terminó el periodo de las dictaduras, naturalmente la prioridad era restablecer las libertades y el respeto a los derechos humanos. Antes que hacer justicia y establecer la verdad sobre los atropellos perpetrados durante las dictaduras, había que dar plena vigencia a las organizaciones sociales, los sindicatos y los partidos políticos. Pero hoy no se justifica que en 34 años no se haya podido constituir una Comisión de la Verdad. Sin duda, faltó voluntad política en los gobiernos neoliberales y en la administración del cambio, pero también hubo temor a levantar tempestades en las Fuerzas Armadas.

Restablecida la democracia en 1982, con el reconocimiento de la victoria electoral reiterada de Hernán Siles Zuazo —encabezando la Unidad Democrática y Popular (UDP)—, empezaron las dificultades ante un Congreso adverso. La gestión económica fue desastrosa y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) abandonó al presidente. Sin embargo, en 1984 Siles Zuazo instruyó la creación de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados (CNIDF). Pero la falta de recursos y el acortamiento de su mandato frustraron la buena intención.

Ya en 1986 gobernaba el neoliberalismo conducido por el Movimiento Nacionalista Revolucionario Histórico (MNRH) de Víctor Paz Estenssoro. En aquel periodo, el Congreso aprobó una Ley de Responsabilidades que establece la base para juzgar delitos en funciones de Estado. Es entonces que se inicia el juicio contra Luis García Meza y sus colaboradores, dejando injustificadamente indemne a Hugo Banzer Suárez.

En 1993, el presidente era Jaime Paz Zamora apoyado por Banzer, para entonces sale la condena a García Meza y sus colaboradores. También se extradita a Estados Unidos a su ministro de Gobierno, Luis Arce Gómez. Parecía que el país iba a completar la tarea de investigar los restantes crímenes de las dictaduras, pero nada importante se hizo después.

Tuvo que llegar 2004, para que ante las incesantes demandas de los afectados se elabore la Ley 2640 de resarcimiento a las víctimas, irónicamente impulsada por el banzerista Fernando Kieffer Guzmán. La norma no fue sostenida y en 2006 se emitió la Ley 3449 constituyendo una nueva comisión. Luego en 2007, por decreto supremo, se extendió el plazo y se incrementaron los requisitos.

En 2012, el gobierno del cambio aprobó la Ley 238 y el Decreto Supremo 1211 para regular la ley  de resarcimiento a las víctimas. Con esta legislación se calificaron a 1.714 de los 8.000 aplicantes para recibir este beneficio. Sin embargo, para la Asociación de Familiares, Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) la prioridad era la verdad y la justicia, aspectos que siguieron relegados ante distractores de compensación económica.

En 2013, el Senado aprobó un proyecto de ley que no prospera, porque el Gobierno figuraba como juez y parte en la Comisión de la Verdad. En 2015, la administración del cambio se compromete ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a apoyar una investigación y dar paso a una Comisión de la Verdad. A la fecha se cuenta con un proyecto de ley de creación de esta comisión consensuado por todas las organizaciones demandantes, que fue entregado vía ventanilla y también directamente a la presidenta de la Cámara de Diputados. Lamentablemente, por aspectos burocráticos y la ausencia de voluntad política este proyecto sigue pendiente.

Las más de 200 personas asesinadas, los 150 detenidos-desaparecidos, los 5.000 detenidos arbitrariamente y los 20.000 exiliados durante el periodo de las dictaduras siguen pidiendo verdad y justicia. ¿Hasta cuándo? Por ellos y por muchos más, ¡Comisión de la Verdad ya! 

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