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Comisión de la Verdad

Al fin se oyeron las voces de los familiares de quienes desaparecieron en esos años de plomo. Faltan las piezas clave, que proceden de archivos oficiales y testimonios de los involucrados.

La Razón (Edición Impresa) / Gustavo Rodríguez Ostria

00:00 / 22 de diciembre de 2013

Reza un refrán que “más vale tarde que nunca”. El Senado tardó años en aprobar un proyecto de ley que permita investigar los delitos contra los derechos humanos cometidos entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982. Al fin se oyeron las voces de las víctimas y los familiares de quienes desaparecieron en esos años de plomo, que exigían reparación, memoria y justicia. En Bolivia en 1984, a poco de restaurada la democracia, se formó una comisión investigadora que se limitó al periodo presidencial de los generales Hugo Banzer Suárez y Luis García Meza. Como resultado se hallaron varios restos sepultados en el Cementerio General de La Paz en 1972, pero poco se supo de la suerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores, asesinados el 17 de julio de 1980. Hace unos tres años un equipo del Ministerio de Justicia realizó también una amplia indagación, recuperó fuentes orales y documentales.

De tal suerte que la Comisión de la Verdad no avanzará en un campo desprovisto de antecedentes, pues las investigaciones realizadas se han traducido en un buen bagaje de informes y documentos, aunque faltan las piezas clave, que son aquellas que proceden de archivos oficiales y castrenses y también de los testimonios de los involucrados.

Ahora la propuesta va rumbo a la Cámara de Diputados, y es de confiar que no sufra un tropezón en el recorrido o en el propio hemiciclo. Incluso —la experiencia lo muestra— es sabido que su sanción no es garantía de que la Comisión pueda hallar todas la puertas abiertas y los archivos con los documentos disponibles. Otras investigaciones en el pasado han encontrado múltiples cortapisas y no han podido desmontar secretos bien guardados.

Bolivia no es la excepción. En Chile, Brasil y Uruguay, donde las dictaduras militares también cometieron graves atropellos, la investigación y la sanción no han avanzado a buen ritmo, pues, como señala la socióloga Lorena Balardini —integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)—, persiste en esos países un espacio de “disputas, debates, promisorios avances y graves retrocesos”. Solo en Argentina, sede del CELS, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se realizó sin pausa múltiples juicios, que concluyeron en sendas condenas a varios militares y civiles implicados en la tortura, muerte y desaparición de miles de detenidos y detenidas.

Un Comisión como la propuesta por el Senado, dado lo delicado y controvertido de su encargo, no puede reducirse, como marca la propuesta de ley, a una simple gestión burocrática de representantes de ministerios y asociaciones de víctimas y de derechos humanos. En cambio requiere de las más sólida legitimidad, confianza y sobre todo independencia de sus integrantes. De lo contrario servirá para poco o sus resultados serán cuestionados por unos y otros. En Argentina una comisión similar la presidió Ernesto Sábato, y en Chile, Sergio Valech, obispo católico responsable de la Vicaria de Solidaridad, que protegió los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. En ambos casos cada comisión se completó con reconocidos juristas, académicos y profesoras universitarias.

No es fácil confrontarse con un pasado lleno de víctimas, heridas y dolores, pero un Estado que realmente quiera refundarse debe cerrar todas las heridas (así, subrayado).

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