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Conflicto

Bajo ‘guardatojos’ se esconden empresarios disfrazados de trabajadores.

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Soria Galvarro

00:38 / 07 de abril de 2014

Independientemente de cuál sea el desenlace final del conflicto con los cooperativistas mineros, al momento de escribir estas líneas se puede ya plantear tres observaciones básicas.

La primera. Se ha hecho más que evidente que el sector minero cooperativizado está bajo la férula de un grupo dirigente irresponsable, abusivo y egoísta.

La estructura organizativa de decenas de miles de trabajadores mineros, que en su gran mayoría operan en condiciones muy precarias, se ha convertido en un poderoso mecanismo corporativo de presión que algunos usan y abusan. Debajo de relucientes “guardatojos” se esconden empresarios informales disfrazados de trabajadores, dispuestos a vender su alma al diablo en pro de sus mezquinos intereses. Es sabido que el auge de la minería cooperativizada es el resultado directo de las políticas neoliberales de privatización y cierre de empresas públicas. Esto de momento no tiene vuelta y debe reconocerse el importante rol de las cooperativas en la generación de empleo y su aporte esencial a las exportaciones mineras. Pero aceptar que aquellas que evolucionaron a la categoría de empresas sigan gozando de los privilegios establecidos a la producción social de las cooperativas, sería un grave error.

Menos podemos admitir que este grupo paralice al país ocasionando enormes sufrimientos a miles de viajeros y ocasionando ingentes e irreparables daños a la sociedad en su conjunto.

La segunda. A estas alturas salta a la vista que los operadores del Órgano Ejecutivo en esta materia se aplazaron estrepitosamente, sin atenuantes. El primer taller para identificar los ejes temáticos del anteproyecto se realizó en junio de 2010. Tardaron casi cuatro años para elaborar una propuesta de ley que al final no solamente que no estaba concertada, sino que en tren de conceder privilegios al sector privado viola preceptos constitucionales. Es más, no socializaron su contenido con otros sectores, como si el manejo de los recursos minerales no fuera un asunto estratégico para todos los bolivianos y bolivianas. Ignoraron a las regiones productoras y sus regalías. A los pueblos indígenas y su derecho a la consulta. A los usuarios y regantes que sufren la contaminación de las aguas. Y todavía una agravante más: comprometieron al Gobierno, y en particular al Presidente, con tal proyecto de ley a todas luces deficiente e incompleto. Me resulta inevitable recordar que hay errores que se pagan con el cargo. Y permítanme mi pequeño homenaje al ingeniero Freddy Beltrán, viceministro fallecido en el puesto del deber hace más de un año, ¡cuánta falta hacen sus conocimientos, su experiencia visionaria y su firmeza en el equipo gubernamental!

Y la tercera observación puedo formularla con una serie de interrogantes: ¿Por qué esperar que haya víctimas fatales para sentarse a dialogar en serio?

¿Cuándo vamos a aprender a manejar los conflictos y transformarlos en una fuente de solución a los problemas? ¿Por qué aparecen muertos a bala cuando las autoridades aseguran que no se autorizó a la Policía el uso de armas letales? ¿La Policía se autodetermina en estas situaciones? ¿Hay una mano negra que acciona los gatillos al margen de las decisiones de las autoridades o las autoridades mienten? ¿Por qué las investigaciones en casos similares se eternizan y nunca llegan a ninguna parte?

 “La minería ha destruido más que la guerra. De hecho es una guerra que viene durando siglos”, decía Sergio Almaraz. Y parece que no le faltaba razón.

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