Columnistas

El Congreso nacional a Sucre

Hay un deber de toda la nación de impulsar el desarrollo de nuestra capital

La Razón / Ramiro Prudencio Lizón

01:04 / 06 de noviembre de 2013

Ciertas declaraciones últimas de Juan del Granado han puesto nuevamente en el tapete de la discusión política la cuestión de Sucre como capital de la nación. Evidentemente nadie discute dicha capitalidad, consagrada por una ley nunca derogada, del 12 de julio de 1839, la cual declara a la ciudad de Chuquisaca como capital efectiva de la República, con la denominación de Ciudad Sucre. En ella se dispone además que “el Gobierno mande construir los edificios que necesiten para su despacho los altos Poderes de la Nación”, principalmente el Legislativo, para el cual se destinaba el templo suprimido de San Agustín.

La nueva Ciudad Sucre era una de las más antiguas del Alto Perú. Por orden del gobernador Francisco Pizarro, fue fundada por el capitán Pedro Anzúrez Enríquez de Camporredondo, con el nombre de Ciudad de La Plata, el 30 de noviembre de 1538, como localidad baluarte del imperio español en el Perú. Poco después, en 1553, fue erigida en obispado. La Real Audiencia se estableció en ella, en 1561, con jurisdicción sobre Tucumán, Paraguay y la provincia de Puno. Más tarde, en 1609, se erigió el Arzobispado de La Plata. Y, por último, se creó la célebre Universidad de San Francisco Xavier en 1624.

Es indudable que Sucre merecía ser la capital de Bolivia porque fue la cabeza del Alto Perú durante toda la época colonial y en los comienzos de su vida republicana. Pero su situación geográfica no la ayudó para consolidar su poder dentro del nuevo Estado. Cuando se la designó capital de la República ya era una ciudad pequeña y situada a trasmano. Por este motivo, la gran mayoría de los gobernantes del siglo XIX prefirieron residir en La Paz.

Sabemos que a fines de dicho siglo, los representantes chuquisaqueños habían pedido una ley que instaurara definitivamente la residencia del Poder Ejecutivo en Sucre. Cuando fue aprobada la ley por el Congreso, la diputación de La Paz protestó enérgicamente y concluyó por retirarse del mismo. Con esa protesta se inició en el país una cruenta guerra civil, que se conoce como la Revolución Federal, que determinó la instalación permanente de las sedes tanto del Ejecutivo como del Legislativo en La Paz.

La capital del norte aglutinó con ello casi todo el poder político y económico del país. Sólo se dejó en Sucre, como una especie de símbolo, el Poder Judicial. De este modo, La Paz se constituyó en cabeza de la nación durante todo el siglo XX, en desmedro de Chuquisaca, ya que existían grandes dificultades de vinculación física y económica con ella.

A causa de ello es muy importante estudiar la situación de Chuquisaca para levantar nuevamente a ese abandonado departamento, el de menos recursos económicos de todo el país. Y una de las mejores soluciones sería el traslado del Poder Legislativo a Sucre. No sólo para establecer un mejor equilibrio geopolítico, sino para revitalizar nuestra alicaída capital de la República.

Cabe destacar que inicialmente el afincamiento del gobierno en La Paz no afectó grandemente a la ciudad charquina. Ella tenía sustentos que mantenían su señorío y tradición, como la producción agrícola de sus valles, la minería potosina y la célebre Universidad de San Francisco Xavier. Pero a partir de la segunda mitad del siglo pasado, con la quiebra de la minería, y el empobrecimiento de la agricultura con la reforma agraria y el surgimiento de los minifundios, comenzó una acelerada decadencia en todo el departamento chuquisaqueño, que provocó que la mayor parte de su población citadina emigrase al exterior o a otras regiones del país.

En consecuencia, hay un deber de toda la nación de impulsar el desarrollo de nuestra capital. Y la mejor forma sería mediante el establecimiento permanente del Congreso nacional en Sucre. Con ello no sólo se dotaría de más vida a esta hermosa ciudad, cuna de nuestra nacionalidad, la cual podría resurgir como la verdadera capital histórica del país, sino que daría lugar a una mayor descentralización administrativa, lo que redundaría en un desarrollo más armónico de la nación.

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