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Consulta y deber

El interés de construir la carretera persiste, tratando de hacer una consulta  anacrónica y dolosa

La Razón / Silvia Ovando

02:29 / 28 de febrero de 2012

Quién tiene que cuidar el patrimonio natural en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)? ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado? Cuando la nueva Constitución Política del Estado establece que “El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país” y “su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado” (Artículo 346), queda absolutamente claro que el Estado, representado por el Gobierno Nacional, tiene la obligación de proteger el patrimonio natural de Bolivia para interés y beneficio de todos los bolivianos.

Esta responsabilidad del Estado frente al conjunto de los bolivianos no es nueva. Hace más de 20 años, la Ley 1333 del Medio Ambiente ya estableció que “todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría de evaluación de impacto ambiental…”

Como se presentan los hechos y los argumentos, se ha perdido la fortaleza de lo realmente necesario, así como lo teórico-normativo, junto con la responsabilidad del Estado de proteger el patrimonio natural de los bolivianos, concentrándose el aparato estatal en estrategias gubernamentales para manejar y apaciguar el rechazo social por la amenaza de destrucción del TIPNIS, tanto de los pueblos indígenas (dueños del territorio), como de la ciudadanía en general, que ya ha manifestado de todas las maneras posibles su desacuerdo con esta obra.

Más allá del resultado del proceso de consulta, hay que preguntarse qué hacer si el estudio de impacto ambiental sale con más impactos negativos que positivos. El Estado deberá responsabilizarse entonces de cargar con un pasivo ambiental que causará mucho más destrucción del parque que su progreso. También puede suceder que si hasta ahora no se ha cumplido con la norma ambiental, se quiera soslayar esta falta, amparándose en una consulta que por más buena fe que se le quiera otorgar, en la práctica se está realizando a ciegas; cuando la lógica nos dice que para consultar algo a alguien, primero se debe tener toda la información y elementos técnicos claros, para mostrar de manera transparente a los consultados, lo bueno, lo malo y lo feo de lo que se está proponiendo.

Finalmente entre consultas y normas, deseos u oposiciones, vemos que el interés de construir la carretera persiste, tratando de hacer una consulta totalmente anacrónica y dolosa, cuando lo indiscutible es realizar el estudio de impacto ambiental y sobre la base de sus resultados autorizar o prohibir la obra.

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