Columnistas

Cooperativa minera S.A.

Por ahora, el diálogo se inicia a los golpes, pero llega. Lo que no llega es la idea de ciudadanización

La Razón / Pablo Rossell Arce

01:01 / 14 de junio de 2012

En una anterior ocasión me ocupé de las empresas de transporte urbano que llevan el curioso nombre de “sindicatos” de choferes. Hete aquí que la coyuntura nos pone, como en muy pocas ocasiones, cara a cara con otro pujante sector del empresariado nacional que se agrupa bajo el manto genérico de las organizaciones de base: los cooperativistas mineros.

Caso 1: Colquiri. A raíz de los problemas ocurridos en esta mina, explotada por Sinchi Wayra, el Gobierno decidió nacionalizar el yacimiento. Acto seguido, la cooperativa 26 de Febrero se moviliza... En contra (¡!) de la nacionalización, porque afecta sus intereses. ¿Cuáles son sus “intereses”? Que se preserve la veta Rosario, que fue tomada (leyó usted bien, tomada) por los propios cooperativistas el 30 de mayo pasado. Cabe recordar que el acuerdo de nacionalización incluye la propuesta de absorber paulatinamente, como asalariados, a los miembros de la cooperativa. Pero, ¿quién quiere un sueldo fijo de una empresa estatal cuando se puede quedar con la ganancia de una cooperativa minera?

A continuación, las otras cooperativas mineras de Colquiri se movilizan pidiendo la nacionalización de la totalidad de la mina, incluyendo la veta Rosario, en un lógico intento por hundir a la competencia.

Caso 2: Mallku Kota. Después de haber retenido a un policía que intentó averiguar qué pasaba con la toma de una mina en Mallku Kota, los comunarios de aquella localidad iniciaron una marcha para reclamar en la misma sede de gobierno la reversión de la concesión minera, actualmente otorgada a la transnacional canadiense Glencore.

En medio del zafarrancho, nos enteramos de que algunos de los comunarios (que quieren que se vaya la empresa minera) ya iniciaron trabajos ilegales de explotación en el yacimiento, con la intención —supongo— de fundar un nuevo emprendimiento privado bajo el rótulo de cooperativa minera.

Llegando a La Paz, los comunarios de Mallku Kota —incapaces, imagino yo, de frenar el impulso de la marcha a lo largo de tantos kilómetros— arremetieron, con un entusiasmo digno de mejor causa, en contra de los policías que custodiaban la plaza Murillo. Finalmente, la movilización se acabó y ahora existe el riesgo de que los comunarios que desean expulsar a la transnacional (¿para quedarse explotando la mina en lugar de ella?) ataquen a los comunarios que quieren que la compañía canadiense se quede.

Estos dos casos son apenas botones de muestra de cómo la bonanza de precios de minerales a nivel internacional ha generado un boom de emprendedurismo privado en nuestro país, pero también es una muestra de que las enmarañadas combinaciones de empresarios y organizaciones sociales de base aún no encuentran un cauce de interacción institucional con el Estado; lo cual es natural, puesto que históricamente acabamos de despertar de un sueño poscolonial que nos ha durado siglos.

Por el momento, como hemos visto, el diálogo se inicia a los golpes, pero llega. Lo que no llega es la idea de ciudadanización; o dicho de otra forma, no llega a consolidarse una contrapartida de obligaciones con las que los grupos que obtienen ventajas estatales le retribuyan al Estado, por poner a su alcance recursos y medios para dar marcha sus emprendimientos privados. ¿Será porque estamos en un período de aprendizaje como país? Así quisiera creerlo, por ahora.

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