Columnistas

Corruptos por metro cuadrado

Los ‘empleados’ de los puestos loteados venden en la vía pública para estar más a mano de los compradores.

La Razón (Edición Impresa) / Gabriela Ichaso Elcuaz

11:08 / 08 de septiembre de 2017

En la rotonda del Plan 3000 y sus alrededores, un incendio arrasó 284 casetas instaladas en un área pública sin autorización el pasado 30 de agosto. Tuvo que imponerse la fuerza mayor del fuego para que Santa Cruz de la Sierra intente recuperar uno de los al menos 200 focos de inseguridad, contaminación e insalubridad que existen en la ciudad. Me refiero a los mercados ambulantes y espacios similares que se encuentran inmersos en la basura, que cuentan con conexiones eléctricas y de gas improvisadas, y que constituyen un caldo de cultivo de abusos y atropellos contra los derechos de los niños y adolescentes. Hasta el momento, al menos 2.481 comerciantes aseguran haber sido afectados por este incendio, y reclaman un puesto en alguno de los mercados municipales existentes en ese distrito de más de 200.000 habitantes.

Se sabe que la precariedad de las instalaciones, sostenidas con palos y maderas, no obedece a una situación de miseria de los propietarios, sino al modo de operar instalado entre los mercaderes de la calle, y no solamente en Santa Cruz de la Sierra, sino también en El Alto, en La Paz y en otras ciudades. Los “empleados” de los puestos loteados venden en la vía pública para estar más a mano de los compradores. De esta manera desplazan a los comerciantes “capitalistas” que operan dentro de un mercado o en alguna casa alquilada.

En 2004, durante la gestión del alcalde Roberto Fernández y del concejal Jesús Cahuana, por intermedio de la Comisión de Mercados, la Alcaldía de Santa Cruz concedió un terreno municipal para la construcción de un mercado, cuyo proyecto, presentado por los dirigentes de estos comerciantes, cumplía con todas las exigencias de habitabilidad y áreas comunes que demandó especialmente el Concejo. Han pasado 13 años desde entonces, y hasta ahora no han terminado de construir aquel mercado, y lo poco que se avanzó se lo hizo mal.

Además, el costo por metro cuadrado les resultó mucho más caro que el presupuestado originalmente. Según su propia información, 2.444 gremiales contribuyeron con montos entre $us 850 y $us 1.550 por persona, con la finalidad de edificar un lugar de ventas, que finalmente terminó siendo un galpón inconcluso en mal estado.

De realizarse las mejoras recomendadas por los peritos en ingeniería, el Mercado del Plan 3000 debería ser suficientemente grande como para albergar a los 2.444 comerciantes que hace 13 años tendrían que haber abandonado el espacio público. Sin embargo, en las dos décadas perdidas, los loteadores de la calle, la rotonda, el área verde, el canal y de la avenida aledaña se duplicaron a título de que viven al día (como la mayoría de las personas que desempeñan un oficio o cuentan con un empleo). Y es que ha resultado un gran negocio tomar un espacio público, asociarse para intimidar y extorsionar, e ir a pedir un mercado, cuyo valor se va incrementando a medida que demora su construcción; un negocio redondo que crece mientras uno se sienta a esperar.

Recuerdo al apreciado doctor Cástulo Chávez, concejal emenerrista de la primera gestión de Percy Fernández, quien, cuando los ambulantes de Los Pozos exigieron un mercado municipal para salir de la calle, sacó un escritorio y una silla del plenario del Concejo Municipal, las instaló en la plaza principal, y dijo: “Aquí me quedo hasta que el Alcalde me dé un consultorio”.

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