Columnistas

Cultura de inclusión

Las instituciones públicas deben contar con un 4% de personal con discapacidad.

La Razón (Edición Impresa) / Ángel Guarachi

00:00 / 22 de noviembre de 2015

El centro de la ciudad de La Paz estrenó esta semana 66 rampas que servirán para el desplazamiento de las personas con discapacidad motriz. Un hecho destacable y que era necesario para una urbe que precisa de una sociedad más inclusiva.

Pero la inclusión no se trata solo de generar más oportunidades de acceso y movilidad para este sector, sino más bien que la sociedad pueda tener una cultura de inclusión y no de discriminación hacia las personas que por diferentes motivos de la vida tienen alguna discapacidad.

Lamentablemente, en Bolivia muy poco se cumple lo que establece la Ley General para Personas con Discapacidad, promulgada en marzo de 2012, cuyo objetivo principal es el garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones.

Han pasado más de tres años desde la promulgación de aquella norma y hay una escasa información —por no decir ninguna— para que la sociedad pueda saber cómo tratar a un ciego, por ejemplo, para abordar un vehículo o cómo orientar a un sordomudo en la calle.

Otra norma en favor de este sector es el Decreto Supremo 29608, el cual establece —entre los aspectos más importantes— que las instituciones públicas deban contar con un 4% de personal con discapacidad, del total de los empleados. Tal vez las personas “normales” y con todas las facultades físicas no entiendan lo que tiene que lidiar un ciego para movilizarse de noche en una ciudad en la que casi todo el mundo anda apurado y le resta muy poca atención a estas personas que solo buscan un poco de interés en ellas y su inclusión en la sociedad.  

Quizás solo se pueda entender a estas personas cuando nos pongamos en sus zapatos, para que así logremos entender lo que es vivir toda una vida postrado en una silla de ruedas y movilizarse en edificios con bastantes gradas, sin poder ver o quizás sin poder comunicarse con un sordo. Es lamentable de verdad.

Tanto el Gobierno, las gobernaciones, como las alcaldías deberían poner más énfasis en la implementación de políticas que establecen las normas vigentes, para socializar, de la mano de instituciones vinculadas a estos sectores, la manera cómo se debe tratar a un discapacitado en algún caso y no solo recordarlos en su día.  

Es necesario fomentar una cultura de inclusión en la que el hecho de ser diferente no se entienda como objeto de exclusión entre individuos, sino como un elemento para enriquecer a la sociedad, para que la haga más sensible y consciente de las capacidades y limitaciones que todos tenemos.

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