Columnistas

Sobre DDHH y fundamentalismos religiosos

La reflexión y el debate sobre temas de género deberían darse de manera más profunda y rigurosa.

La Razón (Edición Impresa) / Eliot Frank Zeballos Cadena

00:00 / 12 de julio de 2018

El 28 de junio, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en conmemoración del Día Internacional del Orgullo de las Diversidades Sexuales y de Género, promulgó la Ley Municipal 311 de Promoción y Respeto a los Derechos Humanos de las Personas con Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género. Esta norma pretende garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales), sin discriminación dentro del municipio paceño.

Pese a que esta ley no es la primera en materia de defensa de los derechos de la población LGBTI en Bolivia (de hecho, existen más de 30 normas en esta materia), resulta curioso que un pastor evangélico haya interrumpido al alcalde Luis Revilla justo cuando estaba por aprobar con su firma la Ley Municipal 311, manifestándole su desacuerdo en nombre de las iglesias cristianas, a tiempo de expresar su interés en promover un proceso de revocatorio. Poco después, la denominada plataforma “Con mis hijos no te metas”, conformada por representantes de las iglesias cristianas y movimientos fundamentalistas y antiderechos, anunciaba una marcha en rechazo a la norma municipal.

Con altos niveles de desinformación, estos grupos han comenzado una arremetida mediática, arguyendo que la Ley 311 pretende que las personas del mismo sexo puedan casarse y adoptar niños dentro de la jurisdicción del municipio paceño, y que supuestamente faculta a la población LGBTI a ingresar a colegios para “adoctrinar” a las y los estudiantes en la mal denominada “ideología de género”. Cabe aclarar que esta ideología es un recurso discursivo utilizado por estas plataformas y movimientos fundamentalistas para oponerse a cualquier política que promueva la igualdad de género no solamente en Bolivia, sino también en otros países de la región.

Llama la atención que a esta convocatoria se hayan sumado rápidamente distintas iglesias, movimientos e incluso actores pseudopolíticos, como el cuestionado dirigente vecinal Jesús Vera, quien falló recientemente en su intento de revocar al alcalde Revilla. Sorprendente porque, como antes se dijo, no es la primera norma en esta materia que se promulga en el país; y más aún cuando en pasados días se hicieran públicas cifras alarmantes sobre feminicidios, violaciones y violencia intrafamiliar registrados en el país durante el primer semestre de 2018. Sin embargo, dichos movimientos fundamentalistas y plataformas antiderechos nunca se pronuncian sobre estos temas.

Basta dar una simple lectura a la Ley Municipal 311 para entender que nada de lo que estos grupos señalan es cierto. Pues asuntos como la educación, el matrimonio o la adopción no son competencias municipales. La reflexión y el debate sobre estos temas deberían darse de manera más profunda y rigurosa, sobre todo considerando que además de vivir en un Estado laico, la educación es uno de los principales pilares de la sociedad, y la educación sexual integral debería estar presente en las aulas.

Lo cierto es que en un país donde se expresan constantemente mensajes de odio y amenazas contra las minorías, con consignas como “Haga patria, mate un LGBTI” como las vistas durante estos días en las RRSS, y en el que los crímenes de odio hacia la población LGBTI aún quedan impunes, urgen políticas públicas que respalden sus derechos, así como un serio compromiso del Estado de proteger a quienes aún somos considerados ciudadanos de segunda categoría. 

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