Columnistas

Defender a quienes defienden los DDHH

Los abusos contra quienes defienden los derechos humanos en la región siguen en aumento

La Razón (Edición Impresa) / Nancy Tapias Torrado

02:58 / 14 de diciembre de 2013

Kouraj es una organización haitiana que trabaja a favor de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). El 21 de noviembre, cerca de la una de la tarde, tres hombres armados con machetes y pistolas entraron por la fuerza en sus oficinas en Puerto Príncipe. Los asaltantes profirieron insultos homófobos contra las dos personas que se encontraban en la oficina, las golpearon y las ataron, robaron importante información y saquearon el lugar.

El ataque contra las oficinas de Kouraj es sólo una muestra de la oleada de agresiones y ofensas públicas contra las personas LGBTI y quienes defienden sus derechos que se vive desde julio en Haití. Es también sólo un ejemplo de las graves agresiones y amenazas que enfrentan las defensoras y defensores de los derechos humanos en todo el mundo. No hay día en el que en Amnistía Internacional no estemos tomando acción para contribuir a prevenir o detener estas graves situaciones.

Hace un año, Amnistía Internacional publicó el informe “Transformar el dolor en esperanza: Defensoras y defensores de derechos humanos en América”. Es un breve pero escalofriante análisis de cientos de actos de persecución y ataques contra quienes, con sus valientes acciones, intentan romper ciclos de injusticia, discriminación e impunidad en América. Es también un llamado a los Estados del continente a reconocer el inestimable aporte que hacen a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria las defensoras y defensores de los derechos humanos, y a poner en marcha mecanismos efectivos para proteger sus vidas, su integridad y su trabajo.

Un año después, nos vemos obligados a repetir esa llamada. En 2013, los abusos y violaciones contra defensoras y defensores de derechos humanos continuaron y en algunos casos se intensificaron. A lo largo del año, en Amnistía Internacional hemos documentado decenas de casos. Lo que siguen son sólo algunos ejemplos.

El 30 de septiembre, dos desconocidos asesinaron a Adelinda Gómez Gaviria y dejaron herido de gravedad a su hijo de 16 años, en el municipio de Almaguer, departamento de Cauca, Colombia. Adelinda era líder de la organización Proceso de Mujeres Maciceñas, que se opone activamente a una explotación minera en la zona.

Las oficinas de la asociación salvadoreña Pro-Búsqueda, dedicada a la búsqueda de víctimas de desaparición forzada, fueron atacadas el 14 de noviembre. Tres hombres armados sometieron con violencia al conductor, al vigilante y al presidente de la Junta Directiva de la organización. Luego, sustrajeron archivos y quemaron documentos.

Estando en Guatemala en agosto de este año, fue muy preocupante ver cómo han aumentado los comentarios públicos negativos contra defensoras y defensores. Uno de los últimos fue el proferido el 26 de noviembre por el ministro de Gobernación guatemalteco, Mauricio López Bonilla, quien calificó el trabajo de defensoras y defensores de “chantaje y extorsión como la de los pandilleros".

En Honduras, tras haber visitado el país en mayo y a lo largo de los meses posteriores, confirmé que los abusos contra quienes defienden los derechos humanos siguen en aumento. En julio, una defensora y dos defensores (la jueza Mireya Efigenia, el activista LGBTI Herwin Alexis Ramírez Chamorro y el dirigente indígena Tomás García) fueron asesinados en tan sólo diez días. Los miembros del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que lleva más de 30 años buscando justicia para cientos de casos de violaciones de derechos humanos, sufren a menudo intimidaciones y amenazas. El 5 de noviembre, en un debate televisado entre candidatos a diputado, uno de ellos acusó a la organización de intentar “desestabilizar las elecciones”, refiriéndose a sus acciones para tratar de visibilizar la crisis de derechos humanos que vive el país.

La impunidad sigue siendo la regla en estos casos. A veces hablamos de impunidad sobre impunidad. El 21 de noviembre se cumplió el segundo aniversario del asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez en Hermosillo, estado de Sonora, México. Destacado miembro del  Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Nepomuceno pedía justicia para su hijo, desaparecido forzosamente en julio de 2010. Los dos crímenes siguen aún en la impunidad.

No todo es negativo. En algunos casos hubo avances importantes a lo largo del año. En Paraguay, tras tres años de enfrentar un proceso injusto e infundado, el juez decidió extinguir la acción penal contra cuatro miembros de Iniciativa Amotocodie. Sin embargo, el impacto en las vidas y en el trabajo de estos defensores de los derechos del pueblo indígena ayoreo ha sido de enormes proporciones.

En Brasil, el 4 de abril de 2013 fueron condenados los autores materiales del asesinato de la hermana y el cuñado de la defensora Laísa Santos Sampaio. Ellos eran, como ella, activistas medioambientales que se oponían a la tala ilegal de árboles en la selva brasileña.

A nivel global también hubo avances hacia la protección de quienes defienden los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución que exhorta a los Estados a establecer garantías procesales que impidan que se sigan causas penales infundadas contra ellos. La Asamblea General de la ONU aprobó a finales de noviembre otra resolución reconociendo la importante contribución de las mujeres defensoras de derechos humanos a la sociedad y exhortando a los Estados a adoptar medidas para su adecuada protección.

Sin embargo, declaraciones, resoluciones y leyes estableciendo mecanismos de protección no servirán de nada si no se ven respaldadas por la voluntad política de las autoridades de nuestro continente, reflejada en medidas y recursos concretos.

Las defensoras y los defensores han hecho contribuciones cruciales al avance de los derechos humanos en América intentando cerrar la brecha entre la promesa de justicia e igualdad en dignidad y derechos formulada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la realidad. Todos, pero en especial las autoridades, debemos reforzar nuestros esfuerzos para defender a quienes defienden nuestros derechos.

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